5 sept 2017
Universidades contra el proyecto de la ley de bosques nativos
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (05/09/2017)
Rechazo unánime de las universidades a la ley de bosques nativos
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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El debate parlamentario se planchó desde antes de las Paso, y el tema no se trataría durante el resto de 2017
“El tema está planchado”. La frase de una fuente del oficialismo parlamentario es contundente sobre el estado actual del debate en torno a la controvertida ley de bosques.
El parate comenzó semanas antes del inicio de la campaña para las Paso. La decisión del peronismo fue pisar la pelota y esperar que el clima electoral amaine. El alto en la discusión estaba previsto que se mantenga hasta después de los comicios de octubre, pero tras el desfavorable resultado en las primarias la postergación amenaza con extenderse hasta el año próximo.
En juego está el tratamiento de la normativa que incluye el resistido Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) requerido por la Nación.
Esa actualización es necesaria, ya que el actual OTBN venció. Sucede que la ley nacional 26.331 estipula que los ordenamientos provinciales deben renovarse cada cinco años. El cordobés está fuera de regla desde agosto de 2015.
Antes de las Paso, esto decía un legislador peronista con responsabilidad sobre el futuro de la ley: “Nos parece que lo más sensato es esperar que pase el proceso electoral, para evitar que se contamine una discusión que es muy importante y que involucra a diversos sectores de la sociedad”.
El oficialismo evaluó antes de las Paso que sería “contraproducente” avanzar con este tema que cuenta con el rechazo de buena parte de la sociedad y de los partidos políticos de la oposición, a excepción de una parte del radicalismo.
“Sin consenso no habrá ley”, repite el gobernador desde que la polémica derivó en marchas masivas. La última se realizó el 28 de junio en la Capital.
Marcha y contramarcha
El zigzagueo en su tratamiento ha sido una constante desde que la polémica normativa comenzó a ventilarse en la Unicameral.
Incluso hubo fuertes versiones antes del último receso parlamentario de mediados de julio de que la nueva ley podría ser llevada al recinto, algo que finalmente no sucedió.
Antes de las Paso, en el seno de Unión por Córdoba se aseguraba que como la herramienta técnica elaborada por la Provincia y habilitada –con reparos– por la Nación estaba siendo evaluada por las universidades, recién a fin de año podrían configurarse las condiciones para impulsar su tratamiento.
Esa especulación también quedó en pausa. “Desde hace dos meses no hay reuniones de comisión y nadie habla del tema en el oficialismo. El tratamiento está planchado”, aseguró ayer un vocero legislativo.
El debate en comisiones pareció reactivarse en mayo, pero al poco tiempo volvió a naufragar debido a que los bloques que rechazan de plano la normativa en estudio cuestionaron al oficialismo por no respetar las recomendaciones existentes con respecto al proceso participativo, que debe darse antes de llevar una propuesta al recinto.
En abril último, un mes después de que la Provincia requiriera asistencia a la Nación como una manera de reencaminar el conflicto, el Ministerio de Ambiente –la máxima autoridad de aplicación– evaluó positivamente una herramienta técnica desarrollado por la Secretaría de Ambiente provincial, que debería ser la base para la construcción de los mapas, el nudo gordiano del problema.
En rigor, en esa cartografía por confeccionar quedarán establecidas qué áreas serán protegidas y en cuáles se permitirán grados de producción, por ejemplo, de tipo agrícola.
El argumento de la Provincia, compartido por la dirigencia ruralista, es que la actual normativa no protege los bosques y dificulta el desarrollo productivo del norte y el noroeste cordobés.
Precisamente, un grupo de legisladores de esa zona de la provincia es el que impulsa las modificaciones con el respaldo del Gobierno provincial.
En el plano político, la ley de bosques ha sido hasta aquí el principal escollo legislativo para Schiaretti: fue la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en el PJ.
La posición de la Provincia y los ruralistas
Legisladores del norte y el noroeste impulsan la iniciativa.
Uno de los argumentos del Gobierno provincial, y que es compartido por la dirigencia ruralista, es que la actual normativa no protege los bosques y dificulta el desarrollo productivo del norte y el noroeste cordobés.
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La sinuosa hoja de ruta de un proyecto de ley
Tres uniersidades coincidieron en cuestionar el proyecto que debería desembocar en una nueva ley de bosques.
Las universidades nacionales tienen las capacidades instaladas para la realización de determinados trabajos y estudios que no pueden ser llevados a cabo por profesionales u organizaciones de forma aislada.
En general, el Estado se vale de las casas de estudios para apoyarse en sus opiniones técnicas y así validar o desacreditar alguna iniciativa que genera controversia.
En este caso, tres universidades nacionales cordobesas coincidieron en cuestionar el proyecto que debería desembocar en una nueva ley de bosques nativos.
De eso se trata nuestra apuesta informativa de la edición de hoy, desplegada en las páginas de Primer plano.
En una coyuntura electoral, el Gobierno provincial pareciera haber tomado nota, y la discusión parlamentaria se archivaría hasta el año que viene.
La opinión técnica de las universidades no sólo cuestiona el texto del proyecto, sino también la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
En teoría, esto permite la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial. En ese sentido, la advertencia no es menor: los expertos vaticinan que algunas consecuencias derivadas de esta iniciativa serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las "fábricas naturales" de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
La puja es con los sectores rurales, sobre todo del norte y noroeste de Córdoba, que sienten que la norma no sólo no protege al bosque nativo, sino que son los principales perjudicados para la producción ganadera y agrícola, en zonas de alta vulnerabilidad económica.
Hasta aquí, la ley de bosques ha sido una piedra en el zapato del gobernador Juan Schiaretti. Es la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en el mismo seno del PJ.
Y la hoja de ruta de aquí en más luce un tanto sinuosa.
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Rechazo unánime de las universidades a la ley de bosques nativos
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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El debate parlamentario se planchó desde antes de las Paso, y el tema no se trataría durante el resto de 2017
“El tema está planchado”. La frase de una fuente del oficialismo parlamentario es contundente sobre el estado actual del debate en torno a la controvertida ley de bosques.
El parate comenzó semanas antes del inicio de la campaña para las Paso. La decisión del peronismo fue pisar la pelota y esperar que el clima electoral amaine. El alto en la discusión estaba previsto que se mantenga hasta después de los comicios de octubre, pero tras el desfavorable resultado en las primarias la postergación amenaza con extenderse hasta el año próximo.
En juego está el tratamiento de la normativa que incluye el resistido Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) requerido por la Nación.
Esa actualización es necesaria, ya que el actual OTBN venció. Sucede que la ley nacional 26.331 estipula que los ordenamientos provinciales deben renovarse cada cinco años. El cordobés está fuera de regla desde agosto de 2015.
Antes de las Paso, esto decía un legislador peronista con responsabilidad sobre el futuro de la ley: “Nos parece que lo más sensato es esperar que pase el proceso electoral, para evitar que se contamine una discusión que es muy importante y que involucra a diversos sectores de la sociedad”.
El oficialismo evaluó antes de las Paso que sería “contraproducente” avanzar con este tema que cuenta con el rechazo de buena parte de la sociedad y de los partidos políticos de la oposición, a excepción de una parte del radicalismo.
“Sin consenso no habrá ley”, repite el gobernador desde que la polémica derivó en marchas masivas. La última se realizó el 28 de junio en la Capital.
Marcha y contramarcha
El zigzagueo en su tratamiento ha sido una constante desde que la polémica normativa comenzó a ventilarse en la Unicameral.
Incluso hubo fuertes versiones antes del último receso parlamentario de mediados de julio de que la nueva ley podría ser llevada al recinto, algo que finalmente no sucedió.
Antes de las Paso, en el seno de Unión por Córdoba se aseguraba que como la herramienta técnica elaborada por la Provincia y habilitada –con reparos– por la Nación estaba siendo evaluada por las universidades, recién a fin de año podrían configurarse las condiciones para impulsar su tratamiento.
Esa especulación también quedó en pausa. “Desde hace dos meses no hay reuniones de comisión y nadie habla del tema en el oficialismo. El tratamiento está planchado”, aseguró ayer un vocero legislativo.
El debate en comisiones pareció reactivarse en mayo, pero al poco tiempo volvió a naufragar debido a que los bloques que rechazan de plano la normativa en estudio cuestionaron al oficialismo por no respetar las recomendaciones existentes con respecto al proceso participativo, que debe darse antes de llevar una propuesta al recinto.
En abril último, un mes después de que la Provincia requiriera asistencia a la Nación como una manera de reencaminar el conflicto, el Ministerio de Ambiente –la máxima autoridad de aplicación– evaluó positivamente una herramienta técnica desarrollado por la Secretaría de Ambiente provincial, que debería ser la base para la construcción de los mapas, el nudo gordiano del problema.
En rigor, en esa cartografía por confeccionar quedarán establecidas qué áreas serán protegidas y en cuáles se permitirán grados de producción, por ejemplo, de tipo agrícola.
El argumento de la Provincia, compartido por la dirigencia ruralista, es que la actual normativa no protege los bosques y dificulta el desarrollo productivo del norte y el noroeste cordobés.
Precisamente, un grupo de legisladores de esa zona de la provincia es el que impulsa las modificaciones con el respaldo del Gobierno provincial.
En el plano político, la ley de bosques ha sido hasta aquí el principal escollo legislativo para Schiaretti: fue la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en el PJ.
La posición de la Provincia y los ruralistas
Legisladores del norte y el noroeste impulsan la iniciativa.
Uno de los argumentos del Gobierno provincial, y que es compartido por la dirigencia ruralista, es que la actual normativa no protege los bosques y dificulta el desarrollo productivo del norte y el noroeste cordobés.
Ver Noticia On Line
La sinuosa hoja de ruta de un proyecto de ley
Tres uniersidades coincidieron en cuestionar el proyecto que debería desembocar en una nueva ley de bosques.
Las universidades nacionales tienen las capacidades instaladas para la realización de determinados trabajos y estudios que no pueden ser llevados a cabo por profesionales u organizaciones de forma aislada.
En general, el Estado se vale de las casas de estudios para apoyarse en sus opiniones técnicas y así validar o desacreditar alguna iniciativa que genera controversia.
En este caso, tres universidades nacionales cordobesas coincidieron en cuestionar el proyecto que debería desembocar en una nueva ley de bosques nativos.
De eso se trata nuestra apuesta informativa de la edición de hoy, desplegada en las páginas de Primer plano.
En una coyuntura electoral, el Gobierno provincial pareciera haber tomado nota, y la discusión parlamentaria se archivaría hasta el año que viene.
La opinión técnica de las universidades no sólo cuestiona el texto del proyecto, sino también la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
En teoría, esto permite la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial. En ese sentido, la advertencia no es menor: los expertos vaticinan que algunas consecuencias derivadas de esta iniciativa serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las "fábricas naturales" de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
La puja es con los sectores rurales, sobre todo del norte y noroeste de Córdoba, que sienten que la norma no sólo no protege al bosque nativo, sino que son los principales perjudicados para la producción ganadera y agrícola, en zonas de alta vulnerabilidad económica.
Hasta aquí, la ley de bosques ha sido una piedra en el zapato del gobernador Juan Schiaretti. Es la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en el mismo seno del PJ.
Y la hoja de ruta de aquí en más luce un tanto sinuosa.
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