23 ago 2017

A cinco años del juicio de Ituzaingó Anexo



La Nueva Mañana (23/08/2017)
Se cumplen cinco años del juicio por agrotóxicos en barrio Ituzaingó Anexo

El 22 de agosto de 2012, la Cámara I del Crimen Córdoba emitió un fallo inédito por contaminación ambiental debido al uso de pesticidas en zona urbana. Un productor y un piloto agroaplicador fueron condenados. A 15 años de la denuncia original, aún se espera fecha para un nuevo proceso judicial que demuestre los efectos de las fumigaciones en la salud de los vecinos.
El 22 de agosto de 2012, la Cámara I del Crimen de Córdoba emitió un fallo inédito: determinó que fumigar con agrotóxicos es delito. El caso del barrio Ituzaingó Anexo se convirtió en el primero en llegar a juicio penal y en el que un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental. Recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión condicional.
Ya en diciembre de 2008, y luego de una presentación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, la Justicia había prohibido utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros del barrio Ituzaingó Anexo y, si las fumigaciones eran aéreas, la distancia mínima debía ser de 1500 metros. Ese mismo año, el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”.
Medardo Avila Vázquez, que era por entonces subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, fue quien hizo a denuncia por “envenenamiento” al ver cómo se fumigaba sobre las casas en barrio Ituzaingó. El fiscal Matheu ordenó entonces estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato.
La denuncia de 2008 sumó otra presentación que databa de 2004 del grupo de Madres de barrio Ituzaingó Anexo, y fue la que llegó a juicio en la Cámara I del Crimen. Durante las audiencias, se mencionó además que un estudio oficial había determinado sobre 142 niños del barrio la presencia de agrotóxicos en 114 de ellos. Pero la vinculación entre las fumigaciones y la salud de las personas quedaría para otro proceso judicial que fue llamado “la causa madre” impulsada por Funam. La misma, aun cuando ya fue elevada a juicio, todavía no tiene fecha de inicio.
Así lo confirmaron Vita Ayllón y Norma Herrera, dos de las vecinas de barrio Ituzaingó Anexo, que el sábado pasado participaron de la “Concentración de los Barbijos”, una convocatoria que realizan todos los meses a la espera que la Justicia avance y que las autoridades de los distintos estamentos gubernamentales no se olviden de ellos.

Barbijos para no olvidar
“Pasaron 15 años y seguimos insistiendo”, señala Vita Ayllón a LA NUEVA MAÑANA. Como todos los 19 de cada mes, desde hace tres años, las Madres de barrio Ituzaingó se volvieron a manifestar este sábado por el pedido de Justicia. Pero también se lamentaron de que el fiscal Carlos Matheu, que se encargó de la investigación de la causa desde su origen, se haya jubilado y ya no pueda formar parte de las audienias cuando se fije fecha para el inicio del juicio.
Vita recordó que la causa madre “se vencía a los diez años”, y esa gente que se presentó en esa oportunidad “hoy ya no está”. “En 2012 nos volvimos a presentar como querellantes con los familiares y otros vecinos más y no queremos que pasen diez años más. Ya no podemos esperar porque estamos hablando de gente que está enferma”, explicó.
Además de solicitar que se fije fecha para las audiencias, Aylllón señaló que están pidiendo “que a esos chicos que se les detectó agrotóxicos en sangre se les haga un seguimiento. Los médicos del Hospital Infantil nos dijeron que ya no habría riesgos porque se suspendieron hace años las fumigaciones en los campos y ellos ya no están expuestos. Pero no creemos que esos agroquímicos que les detectaron hayan desaparecido como por arte de magia”, explicó.
Aunque pasaron cinco años del histórico fallo, Vita señala que los vecinos del barrio siguen “con los mismos problemas”.
“Tenemos gente enferma, y esperamos respuestas del Estado, con el agravante que nos dicen que ya no hace falta un control médico. Sin embargo, lo que cambió luego del fallo del juicio es que hoy la gente es mucho más consciente de lo que pueden causar los agrotóxicos. Se tomó conocimiento que no son inofensivos; que son venenos que matan. No es como en el 2002 cuando salimos a denunciar y que nos tildaban de locas. El tiempo nos dio la razón”.
Más allá de lo que se logró en los últimos años, Ayllón asegura que queda mucho por hacer. “Es necesario que la ciencia investigue, que acompañen este proceso y analicen qué daño están causando los agroquímicos en la salud. La gente sigue sufriendo enfermedades, tiene niños con malformaciones y se muere. El Estado tiene que invertir para que se investigue sobre este tema”.

“Antes te fumigaban encima”
Para Norma Herrera, otra de las madres de Ituzaingó Anexo, el pedido por Justicia nunca se interrumpió. “La Concentración de Barbijos es para que se inicie el juicio de la causa madre y a su vez, para que los afectados sean reconocidos como tal porque ya son 15 años y los afectados siguen en el mismo estado. De alguna forma, el Estado no se hace cargo de lo que ha producido la soja con los agroquímicos. Y, si bien no se fumiga desde 2008, los casos siguen apareciendo y cada vez son más fulminantes las enfermedades. A pesar de que estamos en una emergencia sanitaria, la gente no tiene recursos, no cuentan con medicamentos, y es lamentable lo que está pasando”, señaló a LA NUEVA MAÑANA.
Norma dice luchar por el derecho a la vida y por la salud de sus hijos, a los cuales le detectaron agroquímicos en sangre y por eso que exige saber el estado actual de salud de ellos, porque le preocupa lo que pueda ocurrir en el futuro con ellos. Y, según asegura, además de no obtener respuestas le preocupa que sea en un nuevo juicio los vecinos quienes tengan que demostrar que existe una vinculación entre las fumigaciones y la salud deteriorada de los vecinos del barrio.
Sin embargo, destaca que el fallo de hace cinco años “sirvió porque determinó que es un delito fumigar, y que ya no se pueden aplicar los agroquímicos tan libremente como lo hacían antes. Ahora cuando uno ve que alguien está fumigando, puede ir y denunciar. Antes si intentabas parar el mosquito o la avioneta, te fumigaban encima”, aseguró.

Proyecto de Ley
Tanto Norma como Vita recordaron que hoy por hoy se elabora un proyecto de Ley para los afectados ambientales, “porque por más que ya no nos estén fumigando, el problema sigue estando”, aseguraron.
Es en este contexto que este martes 22 de agosto, en Rondeau 467 (2do piso) y bajo la organización del área Estado, Ciudadanía y Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC), se realizará el primer taller “Hacia la elaboración de un proyecto de Ley para el reconocimiento de los Afectados Ambientales”.
Estarán presentes la Asociación Civil Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, el abogado Federico Macciochi, y Mauricio Berger y Cecilia Carrizo, del IIFAP UNC.

El agronegocio,  de Bº Ituzaingó a  Bº San Antonio

Por Dr. Medardo Avila Vázquez

Hace cinco años se dictó la sentencia por las fumigaciones que contaminaban a las 5.000 personas que viven en Bº Ituzaingó anexo del sureste de la ciudad de Córdoba, finalmente la Justicia cordobesa reconocía que allí los agrotóxicos del agronegocio de cultivos de soja y maíz transgénicos contaminaban el ambiente amenazando la salud de las personas. Gran cantidad de enfermos de cáncer y una anormal distribución espacial de los casos fueron pruebas contundentes de esta contaminación. La sentencia trajo algo de alivio a la población, sobretodo en el sentido de que desde ese momento ya no se podría fumigar nunca más esos campos. Pero las secuelas de dolor, enfermedad y muerte quedaron en el barrio y aún persisten.
El reclamo para que Paren de Fumigar, que tenía más de 12 años, recién era escuchado y esta lucha encabezada por las “Madres de Bº Ituzaingó” se convirtió en un ejemplo para muchos pueblos fumigados que hoy se levantan reclamando que dejen de fumigarlos y enfermarlos. Desde entonces más de 400 pueblos han dictado sus propias normas jurídicas (ordenanzas) impidiendo las fumigaciones periurbanas y disminuyendo la exposición a agrovenenos de su población, 150 de estos pueblos son de Córdoba; pero estas medidas, aunque necesarias y útiles, aun son insuficientes.
En el último año aumentó un 17% el volumen de agrotóxicos que el agronegocio aplica sobre los argentinos por año, volumen que ya alcanza a 400 millones de kilos, mientras que los índices de cáncer, abortos y malformaciones congénitas no dejan de aumentar en el interior del interior del país, como fue verificado por análisis epidemiológicos realizados por el Ministerio de Salud de la Nación conocidos en 2015 poco antes del cambio de gobierno.
En 2007, junto con otros colegas, fuimos los responsables de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba y ante nosotros concurrieron las Madres de Ituzaingó reclamando por la salud amenazada de sus hijos, nuestra respuesta ética fue detener la contaminación y las fumigaciones en Bº Ituzaingó, proceso que culminó en el juicio a las fumigaciones del año 2012.
Hoy otro equipo, encabezados por Gabriel Acevedo, está frente a la cartera de Salud de la ciudad mientras una enorme destilería de bioetanol de la empresa Porta Hnos. procesa maíz del agronegocio afectando duramente la salud de los vecinos de Bº San Antonio y alrededores, pero hoy la respuesta de la secretaria de Salud es negar los enfermos, ocultar los niños malformados y proteger los intereses comerciales de la empresa privilegiándolos sobre el derecho a la salud de los vecinos. Nuevamente las madres y habitantes de Bº San Antonio reclaman justicia en defensa de sus derechos humanos básicos, como antes en Bº Ituzaingó.

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