16 mar 2017

Los bosques siguen generando movimiento



El Diario de Villa María (16/03/2017)
“Decide un modelo excluyente”

Valeria Cuenca, una estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María, analizó el polémico proyecto que golpea no sólo a la naturaleza
Desde la Coordinación de Sociología queremos difundir un escrito sobre la reforma de la Ley de Bosques de Córdoba, un texto elaborado por Valeria Cuenca -estudiante de esta carrera que investiga la temática- a partir de nuestra solicitud, a quien agradecemos con sinceridad.
Rogamos difundir este texto, que incluye tanto una referencia explicativa como una toma de posición respecto del conflicto:
“El pasado 2 de marzo la capital provincial presenció una multitudinaria marcha con el objetivo de frenar la reforma de la Ley de Bosques que pretende reducir a la mitad la cantidad de bosque nativo protegido: de los 4 millones de hectáreas que hoy se contemplan se calcula que quedan unas 3,6, de las cuales se quiere dejar sólo 2 millones, de las 13 originales.
El monte no es un conjunto de árboles, es un entramado biológico, social y político, son ecosistemas claves para la regulación hídrica y climática, la protección de la biodiversidad y la subsistencia de comunidades campesinas. Su desaparición implica una disputa de intereses y una relación desigual de fuerzas que definen el uso de nuestro territorio.
La ley cordobesa se sancionó en agosto de 2013, respondiendo a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para los Bosques Nativos 26.331, que disponía a cada provincia argentina a elaborar un mapa de Ordenamiento Territorial que delimitara las zonas de mayor conservación. Este proceso debía realizarse de manera participativa a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), que reuniría a todas las partes interesadas. Este mapa debe actualizarse cada cinco años y el plazo para la provincia venció en 2015.
La COTBN funcionó por dos años con ciudadanos comprometidos en el tema, productores agropecuarios, universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y técnicos especializados, sin embargo, las organizaciones empresario-ruralistas como Cartez, Sociedad Rural y parte de la FAA decidieron, al poco tiempo de conformada, escindirse de la misma argumentando falta de representatividad. Estos últimos dispusieron de sus recursos privilegiados para hacer prevalecer sus necesidades y bajo el argumento que su actividad ganadera se perjudicaría con la restricción de la tala y los cambios en el uso del suelo, lograron por medio de la Secretaría de Ambiente presentar un proyecto diferente al elaborado por la Comisión designada constitucionalmente.
Los recursos económicos que estos aportan al Estado con su renta primó por sobre el cuidado de los bienes comunes, ya que gran parte de la faena se concentra en las zonas del noroeste coincidiendo con la mayor reserva de bosque nativo. Finalmente, la ley aprobada (con respecto a la propuesta por la comisión) reduce el área a proteger en los bordes de ríos y salinas, un cambio en la definición de bosques nativos y la incorporación del “aprovechamiento sustentable” en la categoría roja, que habilita a cambiar el uso del suelo en áreas de bosque protegidas, entre otras modificaciones que vuelcan la balanza a favor de los ganaderos.
Esta ley también favorece a los grandes proyectos inmobiliarios que, principalmente en las Sierras Chicas, depredan los últimos parches de monte remplazándolos por countries y canchas de golf. Estas mismas zonas son las devastadas por las inundaciones de los últimos años, ya que los suelos dejan de contar con la capacidad natural de infiltrar el agua, y ésta corre arrasando con las zonas urbanas pendiente abajo.
Con la modificación de la ley lo único que se permite es que los empresarios continúen atentando y mercantilizando la naturaleza, convirtiéndola en un “recurso” a ser explotado, explorado, dominado y clasificado y, de este modo, insertado en el proceso productivo: la naturaleza ha sido cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico. El territorio es definido por esta porción dominante, dejando fuera a los modos de producción de campesinos e indígenas que viven del (y con) bosque desde mucho antes de que sus tierras fueran valoradas por el mercado. La Ley de Bosques define mucho más que un mapa, decide un modelo de desarrollo excluyente, que expulsa a poblaciones originarias y elimina cultivos de alimentos, cabras y vacas, colmenas, hierbas medicinales, entre otras producciones que hacen a la economía regional de estos pueblos.
La movilización popular muestra otras formas de definir el territorio y es el recurso para visibilizarlo ante un Estado que se muestra indiferente a las mismas. Los sectores que bregan por el cuidado del monte nativo son la fracción dominada en la estructura económica, y el capital social es el dinamizador de esta visión relegada. En el marco del conflicto, la modificación quedó sujeta a revisión y desde el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se exhortó a la secretaria de Ambiente a realizar audiencias públicas en las que podrá participar la sociedad civil, sin embargo, su realización aún no ha sido confirmada.
La autoridad competente reafirmó la solvencia técnica de la herramienta utilizada en el proyecto de la disputa. La puja está vigente y, como hace seis años atrás, los intereses privados buscan dominar los bienes comunes y, con ello, la vida de sus pueblos”.

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El Despertador de Jesús María (16/03/2017)
La ley de bosques será debatida en el interior

Ayer se reunieron los legisladores para seguir avanzando en la construcción de un consenso que les permita tener un nuevo Mapa.
El debate sobre el nuevo Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) de Córdoba se retomó el mes pasado en la Legislatura provincial.
El bloque Cambiemos (UCR, Frente Cívico y PRO) exigió al gobierno a que “convoque a un nuevo proceso participativo ciudadano a los fines de consensuar entre todos los actores” la nueva normativa.
“La discusión se ha tornado abstracta debido a que hasta el día de la fecha no se ha presentado en público la representación cartográfica (Mapa), que es la esencia misma de cualquier iniciativa de OTBN; sin la confección y análisis de mapas territoriales confiables y legitimados por todos los actores implicados, es invalido cualquier proyecto”, expresó un documento emitido por Cambiemos.  
El vocero oficialista en lo que refiere a la ley es Carlos Presas: “Nosotros le hemos pedido al Ministro de Ambiente de la Nación, al Rabino Bergmann, -estuvo la semana pasada en Córdoba- que evalúe la herramienta que le envió nuestro gobierno y nos diga si con eso es posible que construyamos un nuevo mapa”.
La “herramienta” es un programa hecho por técnicos, el INTA, las universidades, los sectores próximos a los ministerios de Agricultura y de Ambiente de Córdoba.
“Independientemente de eso, la comisión va a seguir saliendo al interior de Córdoba, a partir de la semana próxima, a recorrer todos los departamentos que involucra esto”, adelantó el Legislador.
También reiteró que quieren lograr un proyecto consensuado en la Legislatura: “Nosotros, a pesar de tener 40 votos, no lo vamos a sacar solos. No sería prudente y, además, no corresponde”.
En cuanto al Mapa que exige la oposición, reconoció: “Estamos tratando que la gente entienda que hay que cambiarlo. Se venció en 2015 y por ley nacional hay que modificarlo, replantearlo, y ya estamos con dos años de atraso. Por lo tanto, estamos a la espera de que nos digan si nuestra herramienta es válida. Con ella se puede pintar el nuevo Mapa sin ningún tipo de problema porque permite, por ejemplo, (…) repartir un campo de 100 has en mil fotos, mientras que hasta ahora se podían tomar fotos de 25 has. A mí me parece que eso nos va a dar una resolución muy importante para la toma de decisiones en la zona donde está el bosque nativo”.
Presas justificó la necesidad de visitar el interior porque (…) “los que viven en el bosque quieren que les demos la posibilidad de seguir viviendo ahí, producir para seguir ahí. Si no, terminamos abandonando el bosque y la idea es que lo cuidemos, pero produciendo”.
Finalmente, sostuvo que al nuevo Mapa “lo vamos a hacer con consenso social, pero también con un consenso en la Legislatura”.

Reforestación
La Unicameral también tratará, la semana que viene, la nueva ley de forestación.
El objetivo es forestar hasta el 5 por ciento del territorio provincial, o sea, de 300 a 350 mil hectáreas.
Los productores tendrán la obligación de hacerlo y es muy posible que el gobierno les provea las plantas
Quien no reforeste tendrá un 100 por ciento de recargo en el costo del Impuesto Inmobiliario Rural.

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