9 dic 2015
1.741 hectáreas de zona no urbanizable, urbanizadas
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (09/12/2015)
Por convenios, autorizaron urbanizar 1.741 hectáreas
Son tierras donde no se podía hacer barrios. Según Dómina, la ciudad sólo obtuvo el 11% de los beneficios que le correspondían.
Una de las novedades que trajo la gestión municipal de Ramón Mestre fueron los convenios urbanísticos. Estos acuerdos con desarrollistas y empresas constructoras se basan, según lo dispuesto por la ordenanza que se aprobó también en la actual gestión municipal, en adecuar la normativa urbanística a los fines de que se puedan realizar desarrollos inmobiliarios que no están permitidos. A cambio, la ciudad debe ser compensada con obras o dinero.
El concejal opositor Esteban Dómina relevó los 23 convenios urbanísticos que firmó la gestión Mestre –y que ratificó, casi siempre en soledad, la bancada radical en el Concejo Deliberante– y arribó a datos reveladores: a través de estos acuerdos, se autorizó la urbanización de 1.741 hectáreas de suelo urbano. La mayoría de las parcelas se hallan ubicadas en zonas que estaban vedadas al uso residencial, precalificadas para uso patrón industrial o rural, o como reserva verde.
Dómina considera que en la mayoría de los convenios “no se evaluó ni consideró el impacto ambiental de las nuevas urbanizaciones, ni se cuantificó la demanda de obras de infraestructura y conectividad que deberá proveer la ciudad a los vecinos que se radiquen en las mismas, con la consiguiente carga presupuestaria” que ocasionarán al municipio.
La ordenanza 12077 es la que dispone cómo debe compensarse cada excepción, según se trate de modificar el uso, fraccionamiento u ocupación del suelo permitidos en cada caso.
Según Dómina, en casi todos los convenios aprobados por el radicalismo se pactaron beneficios para la ciudad muy por debajo de los que hubieran correspondido según la ordenanza.
“Aplicando la metodología de cálculo establecida taxativamente por la ordenanza, estos 23 convenios urbanísticos deberían haber reportado al municipio la suma global de 4.364 millones de pesos, en tanto que la aplicación incorrecta y arbitraria de la ordenanza bajó ese monto a 496,9 millones de pesos, un poco más del 11 por ciento de lo que la normativa indica”, dice el informe de Dómina.
Recalca, además, que en varios casos, las obras prometidas por los desarrollistas fueron de bajo costo (pintado de columnas del alumbrado, por ejemplo), pese a que los beneficios inmobiliarios para los privados en casi todos los casos son millonarios. El informe no consigna cuál es el grado de cumplimiento de las obras acordadas por los privados en los convenios urbanísticos.
Dómina sostiene que está a la vista la “inconveniencia” de una norma “mal concebida y aplicada arbitraria y discrecionalmente”.
La gestión de Mestre, por el contrario, considera que los convenios son una importante fuente de acceso a infraestructura públicas para la ciudad. De hecho, buena parte de las obras que el intendente inauguró en la última campaña electoral correspondían a convenios urbanísticos.
En contra
“Los convenios aprobados no representan un claro beneficio para la ciudad ni responden a una planificación integral, por lo que comprometen su futuro desarrollo y sustentabilidad”.
Los 23 acuerdos de Mestre con desarrollistas
Superficie total. 1.741,2 hectáreas de la ciudad de Córdoba donde no se permitían las urbanizaciones residenciales por ser zona industrial, zona rural o reserva verde.
Beneficios para el municipio. Los 23 convenios firmados durante la primera gestión de Ramón Mestre suman promesas de beneficios a la ciudad por 496,95 millones de pesos, mayoritariamente en obras. Para el concejal Esteban Dómina, esa cifra representa apenas el 11 por ciento del beneficio que, según la ordenanza de convenios urbanísticos, le corresponde a la ciudad.
Los más importantes. Convenio con Corporación América por el ex Batallón 141 ($ 96,7 millones prometidos en obras); con Edisur por urbanización de 563 hectáreas al sudoeste de la Capital ($ 73,6 millones en obras viales), con Edisur por la urbanización de otras 75 hectáreas ($ 42,1 millones para la extensión de La Cañada), y convenio con Gama por urbanización de Colón al 5000 (inversión prometida de $ 77,4 millones para la extensión de la Costanera al noroeste).
Empresas que firmaron convenios. Corporación América, Roggio, Formia, Cooperativa Horizonte, Migare Urbanizaciones, Edisur (cuatro convenios), Inverco SA, Figueroa, Scolari/Flores, Bloque Urbano (dos convenios), Siragusa, Ruiz/Filomeni, Roganti, Da Gioz/Talbot Wright, Gama y varios fideicomisos.
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Por convenios, autorizaron urbanizar 1.741 hectáreas
Son tierras donde no se podía hacer barrios. Según Dómina, la ciudad sólo obtuvo el 11% de los beneficios que le correspondían.
Una de las novedades que trajo la gestión municipal de Ramón Mestre fueron los convenios urbanísticos. Estos acuerdos con desarrollistas y empresas constructoras se basan, según lo dispuesto por la ordenanza que se aprobó también en la actual gestión municipal, en adecuar la normativa urbanística a los fines de que se puedan realizar desarrollos inmobiliarios que no están permitidos. A cambio, la ciudad debe ser compensada con obras o dinero.
El concejal opositor Esteban Dómina relevó los 23 convenios urbanísticos que firmó la gestión Mestre –y que ratificó, casi siempre en soledad, la bancada radical en el Concejo Deliberante– y arribó a datos reveladores: a través de estos acuerdos, se autorizó la urbanización de 1.741 hectáreas de suelo urbano. La mayoría de las parcelas se hallan ubicadas en zonas que estaban vedadas al uso residencial, precalificadas para uso patrón industrial o rural, o como reserva verde.
Dómina considera que en la mayoría de los convenios “no se evaluó ni consideró el impacto ambiental de las nuevas urbanizaciones, ni se cuantificó la demanda de obras de infraestructura y conectividad que deberá proveer la ciudad a los vecinos que se radiquen en las mismas, con la consiguiente carga presupuestaria” que ocasionarán al municipio.
La ordenanza 12077 es la que dispone cómo debe compensarse cada excepción, según se trate de modificar el uso, fraccionamiento u ocupación del suelo permitidos en cada caso.
Según Dómina, en casi todos los convenios aprobados por el radicalismo se pactaron beneficios para la ciudad muy por debajo de los que hubieran correspondido según la ordenanza.
“Aplicando la metodología de cálculo establecida taxativamente por la ordenanza, estos 23 convenios urbanísticos deberían haber reportado al municipio la suma global de 4.364 millones de pesos, en tanto que la aplicación incorrecta y arbitraria de la ordenanza bajó ese monto a 496,9 millones de pesos, un poco más del 11 por ciento de lo que la normativa indica”, dice el informe de Dómina.
Recalca, además, que en varios casos, las obras prometidas por los desarrollistas fueron de bajo costo (pintado de columnas del alumbrado, por ejemplo), pese a que los beneficios inmobiliarios para los privados en casi todos los casos son millonarios. El informe no consigna cuál es el grado de cumplimiento de las obras acordadas por los privados en los convenios urbanísticos.
Dómina sostiene que está a la vista la “inconveniencia” de una norma “mal concebida y aplicada arbitraria y discrecionalmente”.
La gestión de Mestre, por el contrario, considera que los convenios son una importante fuente de acceso a infraestructura públicas para la ciudad. De hecho, buena parte de las obras que el intendente inauguró en la última campaña electoral correspondían a convenios urbanísticos.
En contra
“Los convenios aprobados no representan un claro beneficio para la ciudad ni responden a una planificación integral, por lo que comprometen su futuro desarrollo y sustentabilidad”.
Los 23 acuerdos de Mestre con desarrollistas
Superficie total. 1.741,2 hectáreas de la ciudad de Córdoba donde no se permitían las urbanizaciones residenciales por ser zona industrial, zona rural o reserva verde.
Beneficios para el municipio. Los 23 convenios firmados durante la primera gestión de Ramón Mestre suman promesas de beneficios a la ciudad por 496,95 millones de pesos, mayoritariamente en obras. Para el concejal Esteban Dómina, esa cifra representa apenas el 11 por ciento del beneficio que, según la ordenanza de convenios urbanísticos, le corresponde a la ciudad.
Los más importantes. Convenio con Corporación América por el ex Batallón 141 ($ 96,7 millones prometidos en obras); con Edisur por urbanización de 563 hectáreas al sudoeste de la Capital ($ 73,6 millones en obras viales), con Edisur por la urbanización de otras 75 hectáreas ($ 42,1 millones para la extensión de La Cañada), y convenio con Gama por urbanización de Colón al 5000 (inversión prometida de $ 77,4 millones para la extensión de la Costanera al noroeste).
Empresas que firmaron convenios. Corporación América, Roggio, Formia, Cooperativa Horizonte, Migare Urbanizaciones, Edisur (cuatro convenios), Inverco SA, Figueroa, Scolari/Flores, Bloque Urbano (dos convenios), Siragusa, Ruiz/Filomeni, Roganti, Da Gioz/Talbot Wright, Gama y varios fideicomisos.
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