21 nov 2014

En defensa del agronegocio, la ley 9.164

La Voz del Interior - La Voz Del Campo (21/11/2014)
Si lo dice la ley: proteger salud, ambiente y producción

La ley provincial de agroquímicos 9.164 no pone a ningún componente por encima del otro; daría por sentado que son vasos comunicantes.
La no observancia de buenas prácticas pero, en especial, los movimientos contrarios al empleo de fitosanitarios en el agro, amenazan con abrir otra herida social entre lo urbano y lo rural. Razón más que suficiente para mirar el tema con mayor detenimiento. En uno de sus trabajos, el ingeniero agrónomo Ramiro E. Cid, del Instituto de Ingeniería Rural del Inta Castelar, tomó nota de que algunos grupos políticos han hecho una bandera de la lucha contra estas aplicaciones. Se entiende: esa postura genera una imagen de protección a la sociedad en general, que en muchos casos se traduce en mayor aceptación social.
En esa tesis, hay quienes directamente propician la prohibición del uso de agroquímicos lo que sería –acota Cid– un imperdonable retroceso en el camino productivo.

Convergencia
En su primer artículo, la ley provincial de agroquímicos 9.164 (que este año cumple una década) alude a un objetivo convergente: la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria.
En su espíritu, la norma no ubica a ninguno de estos componentes por encima del otro, de manera excluyente. Daría por sentado que son vasos comunicantes y que la protección de los cultivos es indispensable para la vida sobre el planeta.
En la cartera agropecuaria provincial, autoridad de aplicación de la ley, inquietan dos señales: por un lado, la aprobación de normativas locales mucho más restrictivas por parte de algunos municipios.
Por el otro, la reciente difusión de estadísticas que vinculan un “mapa del cáncer” con los defensivos agrícolas o “agrotóxicos”, según cierto léxico. Este otro foco, junto con el protocolo de buenas prácticas agrícolas, ocupó ayer a una jornada convocada en Córdoba por la cartera agropecuaria provincial, con el interés de contrastar información, en particular en el plano de la salud, con el aporte de especialistas. Se formaron paneles con la presencia de legisladores e intendentes. De este modo, el análisis y el debate convocó a niveles de decisión política.
Juan Cruz Molina, el secretario de Agricultura, de quien dependen las acciones y el vínculo con los municipios (a los que se considera actores clave), describe dos escenarios: el de los gobiernos locales que han adherido a la ley y que, en tal carácter, demandan apoyo técnico a la Provincia. A estos se les reconoce haber incorporado asesor fitosanitario, la adquisición de estaciones meteorológicas (para guiar a vecinos y aplicadores) e instalaron barreras biológicas periurbanas.
Desde este nivel del Gobierno provincial, en cambio, se cuestiona a los distritos que, en lugar de adherir a la norma, optaron por agregar restricciones. “Estos intendentes no acuden al Ministerio de Agricultura como órgano de aplicación; desde las restricciones empieza a acentuarse el divorcio entre lo urbano y lo rural”, alertó Molina.

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