29 nov 2014
Cloacas Río IV: habla el fiscal
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (29/11/2014)
Para el fiscal, es incompatible que la Provincia sea querellante`
Guzmán lo planteó en un escrito. Para el Municipio, es una definición positiva en la causa de los efluentes que se tiran sin tratamiento. Busca que el Estado cordobés sea convocado como posible responsable
Por ahora es nada más que una frase en un decreto. Pero para el gobierno municipal se trata de una definición que podría hacer caer la pretensión de la Provincia de participar como querellante particular en la causa judicial que se presentó en contra del Estado local por la supuesta contaminación del río que se estaría generando por el volcamiento de los líquidos cloacales sin ningún tipo de tratamiento.
En un escrito de tres páginas, el fiscal Walter Guzmán, que investiga la denuncia penal que presentó un particular, opina sobre varios aspectos que están en discusión en la causa. Uno de ellos es, precisamente, si la Provincia puede ser querellante particular, es decir, si puede participar en la investigación no como posible responsable ante una eventual contaminación sino como un actor que ayude a la Justicia en resguardo de los derechos del Estado cordobés.
Lo que viene planteando la Fiscalía Municipal es que la Provincia no puede ser considerada querellante particular sino convocada en igualdad de condiciones con respecto al Municipio porque si existe un daño al río tanto uno como otro son responsables.
En los tres puntos en los que se expide el fiscal, el tercero es la cuestión de la constitución de la Provincia como querellante particular. En ese aspecto, Guzmán manifiesta que no puede resolver la cuestión todavía porque hay antes otros aspectos por decidir en la causa, como por ejemplo si el gobierno provincial tiene que tener participación como posible responsable de un eventual delito.
Pero, al final del escrito, el fiscal da una definición que, para el gobierno de Juan Jure es un dato alentador. Guzmán señala que la responsabilidad que la Fiscalía Municipal le endilga al Ejecutivo provincial y por la cual pretende que sea convocado como investigado en la causa, “es incompatible con la función del querellante particular”.
Es decir, si el juez de Control, Daniel Muñoz, determina que la Provincia debe ser convocada en la causa, entonces, no podrá cumplir a la vez el rol de querellante particular que pretende llevar adelante y por el cual ha realizado una presentación formal.
En las últimas semanas, ha habido una ofensiva judicial en contra del Municipio por la falta de tratamiento de los efluentes cloacales. Primero, un grupo de abogados y particulares presentó un amparo ambiental para que cese el volcado de líquidos cloacales sin tratamiento al lecho del río. A la vez, Emiliano Chavero, quien según el gobierno de Jure es un activo militante de Unión por Córdoba, realizó una denuncia penal para que la Justicia investigue si hay un delito en el hecho de tirar permanentemente desechos cloacales crudos al cauce.
Una vez que se hizo la segunda presentación, la Provincia pidió constituirse en querellante particular para contribuir en la investigación del fiscal. La semana pasada, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, ratificó que la gestión de José Manuel de la Sota seguirá la vía judicial porque el Municipio de Río Cuarto ha ignorado todas las advertencias y las intimaciones que se le realizaron para que remediara el daño ambiental o lo mitigara.
Para la Municipalidad, la Provincia no puede liberarse de la responsabilidad que le compete como Estado que tiene a su cargo el resguardo del río. Si hay contaminación, sostiene, al Estado cordobés también le correspondería un reproche.
En uno de los puntos en que se expidió el fiscal, hubo un revés para la Municipalidad. La gestión de Jure se había quejado porque las pericias quedaron a cargo del Ceprocor, un instituto científico del Estado provincial. Según plantearon los abogados de la gestión Jure, no se garantiza ecuanimidad ni objetividad si las muestras y los estudios quedan en manos de un órgano que depende funcionalmente de quien pidió constituirse como querellante particular.
El fiscal Guzmán descartó ese planteo. “Si bien el Ceprocor es un órgano que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, el mismo posee autarquía funcional. Además, dicho organismo es requerido en virtud de la necesidad de contar con los conocimientos especiales en la materia investigada”, indicó Guzmán.
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Para el fiscal, es incompatible que la Provincia sea querellante`
Guzmán lo planteó en un escrito. Para el Municipio, es una definición positiva en la causa de los efluentes que se tiran sin tratamiento. Busca que el Estado cordobés sea convocado como posible responsable
Por ahora es nada más que una frase en un decreto. Pero para el gobierno municipal se trata de una definición que podría hacer caer la pretensión de la Provincia de participar como querellante particular en la causa judicial que se presentó en contra del Estado local por la supuesta contaminación del río que se estaría generando por el volcamiento de los líquidos cloacales sin ningún tipo de tratamiento.
En un escrito de tres páginas, el fiscal Walter Guzmán, que investiga la denuncia penal que presentó un particular, opina sobre varios aspectos que están en discusión en la causa. Uno de ellos es, precisamente, si la Provincia puede ser querellante particular, es decir, si puede participar en la investigación no como posible responsable ante una eventual contaminación sino como un actor que ayude a la Justicia en resguardo de los derechos del Estado cordobés.
Lo que viene planteando la Fiscalía Municipal es que la Provincia no puede ser considerada querellante particular sino convocada en igualdad de condiciones con respecto al Municipio porque si existe un daño al río tanto uno como otro son responsables.
En los tres puntos en los que se expide el fiscal, el tercero es la cuestión de la constitución de la Provincia como querellante particular. En ese aspecto, Guzmán manifiesta que no puede resolver la cuestión todavía porque hay antes otros aspectos por decidir en la causa, como por ejemplo si el gobierno provincial tiene que tener participación como posible responsable de un eventual delito.
Pero, al final del escrito, el fiscal da una definición que, para el gobierno de Juan Jure es un dato alentador. Guzmán señala que la responsabilidad que la Fiscalía Municipal le endilga al Ejecutivo provincial y por la cual pretende que sea convocado como investigado en la causa, “es incompatible con la función del querellante particular”.
Es decir, si el juez de Control, Daniel Muñoz, determina que la Provincia debe ser convocada en la causa, entonces, no podrá cumplir a la vez el rol de querellante particular que pretende llevar adelante y por el cual ha realizado una presentación formal.
En las últimas semanas, ha habido una ofensiva judicial en contra del Municipio por la falta de tratamiento de los efluentes cloacales. Primero, un grupo de abogados y particulares presentó un amparo ambiental para que cese el volcado de líquidos cloacales sin tratamiento al lecho del río. A la vez, Emiliano Chavero, quien según el gobierno de Jure es un activo militante de Unión por Córdoba, realizó una denuncia penal para que la Justicia investigue si hay un delito en el hecho de tirar permanentemente desechos cloacales crudos al cauce.
Una vez que se hizo la segunda presentación, la Provincia pidió constituirse en querellante particular para contribuir en la investigación del fiscal. La semana pasada, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, ratificó que la gestión de José Manuel de la Sota seguirá la vía judicial porque el Municipio de Río Cuarto ha ignorado todas las advertencias y las intimaciones que se le realizaron para que remediara el daño ambiental o lo mitigara.
Para la Municipalidad, la Provincia no puede liberarse de la responsabilidad que le compete como Estado que tiene a su cargo el resguardo del río. Si hay contaminación, sostiene, al Estado cordobés también le correspondería un reproche.
En uno de los puntos en que se expidió el fiscal, hubo un revés para la Municipalidad. La gestión de Jure se había quejado porque las pericias quedaron a cargo del Ceprocor, un instituto científico del Estado provincial. Según plantearon los abogados de la gestión Jure, no se garantiza ecuanimidad ni objetividad si las muestras y los estudios quedan en manos de un órgano que depende funcionalmente de quien pidió constituirse como querellante particular.
El fiscal Guzmán descartó ese planteo. “Si bien el Ceprocor es un órgano que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, el mismo posee autarquía funcional. Además, dicho organismo es requerido en virtud de la necesidad de contar con los conocimientos especiales en la materia investigada”, indicó Guzmán.
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