19 abr 2014
La Ley de Convivencia no genera buena convivencia
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (19/04/2014)
Rechazo ambientalista al proyecto oficial
Organizaciones no gubernamentales opinan que la iniciativa se contradice con la legislación nacional.
ara organizaciones no gubernamentales ambientalistas cordobesas, el proyecto de nueva ley de Ambiente enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura no garantiza la participación ciudadana, se contradice con la Ley General del Ambiente N° 25.675 y favorecerá la radicación de la empresa Monsanto.
Uno de los principales disparadores del proyecto de ley fue el conflicto por la resistencia a la instalación de una planta de procesadora de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas.
En febrero, el gobernador José Manuel de la Sota anunció la nueva ley como una política de convivencia ambiental, y dijo que el objetivo era incorporar la participación ciudadana a los procesos de autorización de emprendimientos y adecuar la ley local a la legislación que establece los presupuestos mínimos a nivel nacional desde 2002.
Representantes de la mayoría de las universidades públicas y privadas, colegios de profesionales, cámaras empresariales, la Mesa de Enlace Agropecuario y la Unión Industrial de Córdoba ya se expresaron en la Legislatura.
Con distintos argumentos y desde distintos intereses, objetaron puntos clave del proyecto. Incluso, varios se preguntaron si es necesaria la nueva ley.
Críticas
Matías Marizza, de la organización Asamblea Malvinas Lucha por la Vida opinó, que el proyecto “lejos de saldar el conflicto, lo agudiza”.
Según la entidad, la nueva ley busca dilatar tiempos y que la empresa se instale. Sostienen que Monsanto “ya debería haberse ido de Malvinas” porque la Justicia, en segunda instancia, declaró inconstitucionales las autorizaciones otorgadas a la firma y luego la Provincia le desaprobó el estudio de impacto ambiental.
Desde el bloque Unión por Córdoba, mayoritario en la Unicameral, negaron que la ley tenga ese objetivo y afirmaron que no hay plazo de sanción para la misma.
La asamblea de Malvinas advirtió que el proyecto no especifica si la participación ciudadana será por audiencia pública o consulta popular.
“Nos gustaría que se garantice la obligatoriedad de la consulta popular y que no quede a criterio discrecional de la autoridad de aplicación”, sostuvo Gastón Mazzalay, otro de los voceros de la asamblea.
Criticaron, también, que mientras la Ley General del Ambiente dispone como obligatoria la participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental, el proyecto del Ejecutivo dice que habrá participación “en los casos en que corresponda” según lo establezca el Poder Ejecutivo en la reglamentación posterior.
Otras voces
Además de la asamblea ciudadana de Malvinas Argentinas, también participaron organizaciones civiles de las Sierras Chicas y Punilla, cuyos reclamos principales son por la preservación de los bosques y el agua.
Por otras cuestiones ambientales, hubo participación en el debate de vecinos de las localidades de Bouwer y Juárez Celman, en donde se prevé construir una planta de disposición final de residuos.
Normas sin cumplir
Medardo Ávila Vázquez, del grupo Médicos de Pueblos Fumigados, y Darío Ávila, abogado de las Madres de Barrio Ituzaingó, cuestionaron que la Provincia en la actualidad no cumple con las normas vigentes, como la ley provincial del Ambiente N° 7.343, la ley nacional N° 25.675 o la ley de bosques. “Lo más urgente es que se respete la ley existente”, afirmó Ávila Vázquez.
Ver Noticia On Line
Para los Semilleros, faltan precisiones
La Asociación de Semilleros Argentinos también planteó su posición ante la Unicameral.
“Mucho de lo que está dentro del proyecto queda sujeto a la reglamentación y sabemos que una legislación funciona con la ley y con el decreto reglamentario, que muchas veces tiene más fuerza que la propia ley”, dijo Alfredo Paseyro, de esa entidad.
Expresó la preocupación del sector por la falta de especificación en cuanto a las formas y alcance de los mecanismos de participación ciudadana y planteó interrogantes sobre la Evaluación Ambiental Estratégica –instrumento propuesto en el proyecto- y los estudios de impacto ambiental.
También marcó dudas sobre las actividades que ya se están desarrollando: “¿Qué pasará si un emprendimiento que cumplió con la ley vigente en su momento, con el nuevo marco normativo deja de estar en regla”, dijo.
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Rechazo ambientalista al proyecto oficial
Organizaciones no gubernamentales opinan que la iniciativa se contradice con la legislación nacional.
ara organizaciones no gubernamentales ambientalistas cordobesas, el proyecto de nueva ley de Ambiente enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura no garantiza la participación ciudadana, se contradice con la Ley General del Ambiente N° 25.675 y favorecerá la radicación de la empresa Monsanto.
Uno de los principales disparadores del proyecto de ley fue el conflicto por la resistencia a la instalación de una planta de procesadora de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas.
En febrero, el gobernador José Manuel de la Sota anunció la nueva ley como una política de convivencia ambiental, y dijo que el objetivo era incorporar la participación ciudadana a los procesos de autorización de emprendimientos y adecuar la ley local a la legislación que establece los presupuestos mínimos a nivel nacional desde 2002.
Representantes de la mayoría de las universidades públicas y privadas, colegios de profesionales, cámaras empresariales, la Mesa de Enlace Agropecuario y la Unión Industrial de Córdoba ya se expresaron en la Legislatura.
Con distintos argumentos y desde distintos intereses, objetaron puntos clave del proyecto. Incluso, varios se preguntaron si es necesaria la nueva ley.
Críticas
Matías Marizza, de la organización Asamblea Malvinas Lucha por la Vida opinó, que el proyecto “lejos de saldar el conflicto, lo agudiza”.
Según la entidad, la nueva ley busca dilatar tiempos y que la empresa se instale. Sostienen que Monsanto “ya debería haberse ido de Malvinas” porque la Justicia, en segunda instancia, declaró inconstitucionales las autorizaciones otorgadas a la firma y luego la Provincia le desaprobó el estudio de impacto ambiental.
Desde el bloque Unión por Córdoba, mayoritario en la Unicameral, negaron que la ley tenga ese objetivo y afirmaron que no hay plazo de sanción para la misma.
La asamblea de Malvinas advirtió que el proyecto no especifica si la participación ciudadana será por audiencia pública o consulta popular.
“Nos gustaría que se garantice la obligatoriedad de la consulta popular y que no quede a criterio discrecional de la autoridad de aplicación”, sostuvo Gastón Mazzalay, otro de los voceros de la asamblea.
Criticaron, también, que mientras la Ley General del Ambiente dispone como obligatoria la participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental, el proyecto del Ejecutivo dice que habrá participación “en los casos en que corresponda” según lo establezca el Poder Ejecutivo en la reglamentación posterior.
Otras voces
Además de la asamblea ciudadana de Malvinas Argentinas, también participaron organizaciones civiles de las Sierras Chicas y Punilla, cuyos reclamos principales son por la preservación de los bosques y el agua.
Por otras cuestiones ambientales, hubo participación en el debate de vecinos de las localidades de Bouwer y Juárez Celman, en donde se prevé construir una planta de disposición final de residuos.
Normas sin cumplir
Medardo Ávila Vázquez, del grupo Médicos de Pueblos Fumigados, y Darío Ávila, abogado de las Madres de Barrio Ituzaingó, cuestionaron que la Provincia en la actualidad no cumple con las normas vigentes, como la ley provincial del Ambiente N° 7.343, la ley nacional N° 25.675 o la ley de bosques. “Lo más urgente es que se respete la ley existente”, afirmó Ávila Vázquez.
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Para los Semilleros, faltan precisiones
La Asociación de Semilleros Argentinos también planteó su posición ante la Unicameral.
“Mucho de lo que está dentro del proyecto queda sujeto a la reglamentación y sabemos que una legislación funciona con la ley y con el decreto reglamentario, que muchas veces tiene más fuerza que la propia ley”, dijo Alfredo Paseyro, de esa entidad.
Expresó la preocupación del sector por la falta de especificación en cuanto a las formas y alcance de los mecanismos de participación ciudadana y planteó interrogantes sobre la Evaluación Ambiental Estratégica –instrumento propuesto en el proyecto- y los estudios de impacto ambiental.
También marcó dudas sobre las actividades que ya se están desarrollando: “¿Qué pasará si un emprendimiento que cumplió con la ley vigente en su momento, con el nuevo marco normativo deja de estar en regla”, dijo.
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