22 abr 2014

Ambientalistas contra el proyecto de ley de medioambiente

El Puntal de Río Cuarto (22/04/2014)
También los ambientalistas rechazan el proyecto de ley de medioambiente

Para la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, es inconstitucional y peligrosamente ambigua. Dicen que limita la participación ciudadana, delega el control estatal a privados y es “a medida de multinacionales”
El proyecto de ley de ambiente de la Provincia no deja de cosechar rechazos. Luego de ser cuestionado por las universidades públicas y las entidades rurales, ahora fue duramente cuestionado por los sectores ambientalistas, quienes advirtieron que gran parte del articulado quedaría sujeto al poder discrecional del Ejecutivo, encargado de la reglamentar la norma. Además, advierten que limita la participación ciudadana, delega el control estatal a privados y está hecha “a medida de las multinacionales”.
En febrero, el Ejecutivo provincial giró a la Legislatura la propuesta para una nueva ley de ambiente, luego de que el desembarco de Monsanto a Malvinas Argentinas sufriera un durísimo revés judicial porque el proceso de radicación no respetó la Ley General de Ambiente. Hoy, el proyecto oficialista se discute en la Unicameral, con la idea de que salga aprobado en el corto plazo.
Ayer, en el marco de una jornada de protesta en todo el territorio cordobés, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos llevó a cabo un escrache en el Centro Cívico local para repudiar la eventual sanción de una ley a la que se oponen terminantemente.
“Es una ley anticonstitucional, porque marca principios que ya están establecidos en la Ley General de Ambiente, que es una ley nacional de presupuestos mínimos”, opinó Celeste Rumie, de la mencionada asamblea. Además, sostuvo que “no tiene sentido hacer una nueva ley que regule sobre las mismas cuestiones”.
Los ambientalistas también reprochan la ambigüedad del proyecto, y entienden que deja en manos de la autoridad de aplicación -la Secretaría de Ambiente u otro órgano de Gobierno- los puntos clave, como por ejemplo cuándo es pertienente realizar una consulta popular.
“En realidad, lo que hace es abrir la cancha para la instalación de empresas con fines extractivistas. Por otro lado, al leer el proyecto, deja la sensación de que es una ley que regula la participación ciudadana, a pesar de que debería ser una ley de ambiente. Sin embargo, lo que hace todo el tiempo es establecer lo que la sociedad puede hacer”, señaló Rumie.
Por su parte, Pablo Segretín, también de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, sostuvo que la ley de ambiente que impulsa la Provincia atenta contra una norma superior. “La ley nacional de ambiente, además de tener mayor jerarquía, es de presupuestos mínimos. Es decir que no puede haber ningún ordenamiento jurídico que exija menos que esta norma”, señaló.
Minutos antes, junto a otros integrantes de la asamblea, habían participado de un escrache al Gobernador por su política ambiental y por cómo actuó en la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Además, sostuvo que el texto tiene gruesas falencias de ordenamiento, de redacción, de conceptos, y muchas lagunas.
“Esta ley tira por tierra el derecho de la consulta popular. El proyecto mismo es inconstitucional. Como asamblea, no apoyamos ni participamos en la elaboración o el mejoramiento de este proyecto. Lo rechazamos de plano, porque viene de un gobernador que llevó a la provincia a un estado de crisis ambiental”, manifestó Segretín.
Por su parte, Martín Sosa cuestionó que, de aprobarse el proyecto de ley del Ejecutivo, el Estado perdería poder de control, mientras que delegaría esas facultades a empresas probadas.

Pérdida del poder de control
“Los que van a controlar los diferentes emprendimientos que pueden afectar al medioambiente van a ser empresas privadas. Los mismos actores privados que, eventualmente, van a diseñar los estudios de impacto ambiental que van a presentar las empresas con proyectos que pueden afectar al medioambiente”, sostuvo.
Para Nicolás Forlani, el proyecto de ley busca quitar del medio a todos los organismos de control públicos. “En cambio, les da esa facultad de control a laboratorios privados que tienen una gran cantidad de intereses económicos. Esto queda demostrado por su propia historia. Esto implica tanto a las auditorías como a la evaluación de los estudios de impacto ambiental”, consideró el joven miembro de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos.

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