24 feb. 2014

Monsanto y un modelo agroproductivo depredador



La Voz del Interior (24/02/2014)
El modelo agroproductivo, en debate por Monsanto

La movilización de ambientalistas contra la radicación de la empresa en Malvinas Argentinas desafía los planes de inversión.
Quienes se oponen a Monsanto en Córdoba no sólo cuestionan a esa empresa, sino a las políticas agroproductivas nacional y provincial que promueven esas inversiones. Ello podría implicar que el conflicto que atraviesa desde hace más de un año la localidad de Malvinas Argentinas por la instalación de una procesadora de semillas de maíz pueda repetirse en otras ciudades de la provincia o el país.
Ante esta situación, La Voz del Interior consultó a legisladores nacionales por Córdoba para conocer su posición.
Los diputados Mario Negri (UCR), Juan Schiaretti (PJ), Carolina Scotto (Frente para la Victoria), Héctor Baldassi (PRO) y el senador Luis Juez (Frente Cívico) respondieron a las preguntas: ¿es posible armonizar las políticas agroproductivas con las demandas sociales en cuanto salud, ambiente y soberanía alimentaria?; ¿cree que la concreción de los objetivos trazados por la Nación en el Plan Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 requiere sí o sí inversiones de multinacionales extrajeras como Monsanto, Syngenta, Dow, etcétera?; ¿cómo pueden evitarse futuros conflictos como el de Malvinas Argentinas?
El aumento de las inversiones de este tipo de empresas en el país responde a una política nacional de incrementar de manera significativa los volúmenes de las cosechas y la industrialización de granos y oleaginosas en alimentos y biocombustibles.
Ante ello, los ciudadanos y las organizaciones civiles y políticas –avalados en muchos casos por científicos y universidades– que se oponen a este modelo plantean al menos tres cuestiones principales:
1. La contaminación ambiental y los perjuicios en la salud que atribuyen a las fumigaciones con agroquímicos.
2. Los desmontes.
3. El desplazamiento de familias campesinas por el avance de la fronteras agrícolas.
4. La pérdida de soberanía alimentaria en la medida en que los dueños de la tecnología que se necesita para producir alimento son empresas extrajeras.

Puntos de vista
Juan Schiaretti. Diputado nacional - PJ. “Con reglas claras podemos recibir inversiones extranjeras. El cuidado del medio ambiente y el desarrollo productivo no deben estar reñidos, son perfectamente compatibles”, opinó el exgobernador de Córdoba. “Los países en vía de desarrollo podemos y debemos evitar lo sucedido en la mayoría de los países desarrollados, donde se dañó gravemente el ambiente en los siglos 18 y 19 y solo a finales del siglo 20 comenzaron a reparar las consecuencias de esa actitud”.
El ahora diputado nacional por el PJ consideró que es importante que haya legislación clara sobre el tema y que los organismos de control tomen sus decisiones en base a estudios de impacto ambiental que estén respaldados por instituciones creíbles para todos los implicados. Asimismo, consideró necesario un consenso sobre las normas del cuidado del medio ambiente entre las provincias y la Nación.
Con respecto al debate sobre las inversiones extranjeras, sostuvo: “Deben fijarse reglas claras en relación a la tenencia de la tierra. Necesitamos que la mayor cantidad de tierras queden en manos de argentinos, porque la tierra es hoy el mayor activo que tienen el país y sus habitantes. Y con estas reglas bien claras podemos recibir las inversiones.”

Mario Negri. Diputado nacional - UCR. “El problema no es qué empresa viene, sino cómo". El diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque de la UCR en esa cámara, Mario Negri, advirtió: “Si algo le falta a nuestro país es inversión. Ahora bien, el problema no está en qué multinacionales vienen sino, por el contrario, en cómo vienen”.
Negri sostuvo que para que los proyectos de inversión sean sustentables deben cumplir a rajatabla los estándares internacionales y que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas con las cuales podrán invertir son los gobiernos locales y nacional. “De lo contrario, no se les puede acusar a las empresas posteriormente de incumplir normas si por parte del Estado no somos los primeros en exigir y controlar”, aseveró.
Con respecto a cómo evitar futuros conflictos como el de Malvinas Argentinas, Negri consideró que en ese caso, tanto la Provincia como la Nación actuaron con “facilismo y demagogia”. Y agregó: “Lo que la Provincia está haciendo ahora debería haberlo hecho desde un principio”, en referencia a los cambios en la ley ambiental.
Además, propuso crear una comisión bicameral que garantice el cumplimiento de las leyes y procure evitar conflictos.

Luis Juez. Senador nacional - Frente Cívico. “No hay nada que inventar, sólo aplicar la ley. Cualquier intervención fuertemente invasiva, desde el punto de vista ambiental, social o económico, exige la imprescindible presencia del Estado para que habilite los intereses en pugna”, indicó el senador nacional Luis Juez.
“No hay nada que inventar -continuó- sólo debemos aplicar la Ley Nacional de Ambiente”, en referencia a la ley N° 25.675 que establece como instancias obligatorias y previas a la autorización de un proyecto las consultas públicas y los estudios de impacto ambiental.
Con respecto a la política agroproductiva nacional, Juez consideró que el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA) actual no responde cuestiones fundamentales.
“Si el boom del maíz obedece al furor de los biocombustibles, entre otras razones, ¿por qué nuestro destino agrario debe atarse al de países cuya vida está condenada a la suerte del petróleo? ¿Quién afirma que el etanol y combustibles extraídos de la masa vegetal son la mejor alternativa ante la escasez de combustibles no renovables? ¿Qué debe hacerse frente al desmonte desenfrenado en pos de campos de siembra sin medir agotamientos de suelos”. Y consideró: “Un plan estratégico debe responder a estas preguntas antes de arrojarnos a polémicas prejuiciosas”.
En cuanto al rol del Congreso Nacional, Juez sostuvo : “La renovación de paradigmas productivos precipita de manera riesgosa el advenimiento de prácticas tóxicas para la vida humana y todo control sobre estos procedimientos resulta escaso”. Y en ese sentido, afirmó: “La legislación debe llenar ese vacío articulando los beneficios de nuevas producciones, abundantes y eficientes, con el sentido imprescindible de sustentabilidad que no es más que desarrollo sin costos ni peligros para la salud integral de las comunidades”.

Carolina Scotto. Diputada nacional Frente para la Victoria. Inversión compatible con el ambiente. “Las políticas agroproductivas deben ser compatibles con las legítimas y crecientes demandas de la sociedad referidas al desarrollo sustentable”, sostuvo Carolina Scotto, exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba y actual diputada nacional por el Frente para la Victoria.
“Esto requiere un rol activo del Estado nacional, provincias y municipios; de leyes adecuadas a esos objetivos y su cumplimiento; y de la participación de los sectores involucrados en la implementación correcta de esas políticas”.
En cuanto a las inversiones extranjeras, afirmó: “Toda inversión privada debe ser compatible con la protección del ambiente y de las poblaciones”. Y advirtió: “Un objetivo clave adicional para el desarrollo productivo equilibrado radica en el fortalecimiento de las industrias nacionales, las pymes y las cooperativas. La gran extranjerización y concentración que presenta nuestra economía en sectores estratégicos de la actividad productiva (no sólo en el agro) requiere de políticas integrales, sostenidas en el tiempo, que tengan como objetivo alcanzar una mayor independencia económica y una creciente modificación del peso relativo de la producción primaria, sin valor agregado, en las exportaciones nacionales”.
Al ser consultada sobre cómo se podrían evitar futuros conflictos como el de Monsanto en Malvinas Argentinas, Scotto sostuvo: “Siempre es posible evitar conflictos: escuchando y tomando en consideración, mediante mecanismos de consulta, las preocupaciones y argumentos de las comunidades, y mejorando la legislación en aspectos como los que permitieron a Monsanto avanzar con las obras de infraestructura antes de contar con la aprobación de un estudio de impacto ambiental serio y completo”.
También consideró que el Congreso debe legislar de manera específica los alcances y requerimientos de los estudios de impacto ambiental y exigir a los organismos competentes políticas de seguimiento y control más activas.

Héctor Baldassi. Diputado nacional – Unión Pro. Planificar un desarrollo sustentable. Para Héctor Baldassi, diputado nacional por Córdoba de Unión PRO, es necesario planificar un desarrollo sustentable de la sociedad. “Para ello, se requieren planes a largo plazo en los que participen activamente todos los sectores involucrados, en especial el Estado, las empresas y los ciudadanos en general”, sostuvo. “La ejecución de este tipo de acciones debe tener el visto bueno de todas las partes, ya que el cuidado de la salud y el medio ambiente están por encima de todas las cosas.”
Con respecto a las inversiones extrajeras, subrayó: “La Argentina sostiene gran parte de su economía por la enorme demanda de materias primas (en especial, las agropecuarias) que provienen de distintas partes del mundo. Y para hacer frente a esa constante y creciente demanda, más la del consumo interno del país, es necesario contar con inversiones de quienes hoy son las primeras marcas mundiales de producción agroalimentaria”.
En ese sentido, Baldassi agregó: “Al margen de esto, también sería importante que el Gobierno nacional fomentara aún más la producción de agroquímicos y otros productos entre las empresas de nuestro país. Acá, contamos con recursos de una gran calidad y tecnología”.
Por otro lado, consideró que a través del diálogo y de estudios ambientales creíbles se podrán evitar nuevos conflictos como el suscitado en Malvinas Argentinas por Monsanto.
“Para proyectos que generan tantas críticas, es importante que los estudios de impacto ambiental no sólo lo realicen empresas o el propio gobierno; deberían participar asociaciones, ONGs, universidades, municipios, etc.”. Y remarcó: “Emprendimientos como el de Malvinas sirven para crear muchísimas fuentes de trabajo y potenciar una localidad, como pasó en Arroyito con Arcor; o en General Deheza con AGD”.
En cuanto al rol de los legisladores nacionales, sostuvo: “La competencia del Congreso Nacional es de índole legal. A los presupuestos mínimos de protección ambiental y salud, el Congreso los garantizó con leyes específicas, pero en definitiva quien controla que se cumplan o no las leyes son los gobiernos locales. Sin perjuicio de ello, es desafío de los legisladores nacionales junto al Poder Ejecutivo, la planificación a largo plazo del desarrollo sustentable del país”.

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