12 feb. 2014

Monsanto: lejos de estar solucionado el conflicto



Día a Día (12/02/2014)
Monsanto: 700 millones verdes en la garganta

Es lo que pierde Monsanto en un año por no poder operar en Malvinas. La firma paró la obra.
En Monsanto acusan el golpe recibido después de que la Provincia no aprobara el estudio de impacto ambiental presentado que debía habilitar a la multinacional para operar en Malvinas Argentinas.
La empresa anunció este martes que no avanzará en la construcción de la planta secadora de semillas de maíz hasta no entregar el nuevo estudio, tener la aprobación y haber pasado el proyecto por una audiencia pública.
Pese a que desde la multinacional confirman que en Córdoba ya están perdiendo plata, aseguran que la inversión que realizará la empresa en la provincia sigue en pie y que el único "plan b" que tienen es rehacer el estudio de impacto ambiental.
Desde la empresa contaron que les han ofrecido trabajar en otras provincias pero reafirman la elección hecha por Córdoba.
La planta tendría que haber sido terminada en diciembre del año que pasó y debía empezar a operar en este 2014. La firma apunta a producir en Córdoba un máximo de 3.500.000 bolsas de semillas por año que se venden en el mercado a 200 dólares.
A grosso modo, por tener el proyecto parado Monsanto perderá este año la posibilidad de comercializar su semilla de maíz modificada genéticamente por una suma que ronda los 700 millones de dólares.
Es que si la firma no recibe otro revés en Córdoba, con viento a favor podría empezar a operar en 2015. Monsanto lleva construido el 25 por ciento de su planta en Malvinas y se comprometió en realizar un estudio de impacto ambiental desde cero.
Si bien en la empresa prefieren no hablar de plazos y pérdidas, un año calendario es poco tiempo para lograr el OK para operar y construir lo que resta, sólo la presentación del nuevo estudio puede llevar seis meses.
"En esta crisis vemos una oportunidad. Nos parece bien que no hayan aprobado el estudio que presentamos porque ya no se podía seguir agregándole correcciones. Frente al cambio de autoridades en el Ministerio y la Secretaría de Ambiente, más el contexto social violento al que estuvimos sometidos por el bloqueo era algo que preveíamos que iba a pasar", destacó Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Institucionales de Monsanto.
Sobre los puntos del estudio de impacto ambiental que bochó la Secretaría de Ambiente -destino y tratamiento de residuos y residuos peligrosos-, Vilaplana expresó: "Sabemos qué pasa con estos residuos y quién y cómo los trata porque es lo que hacemos en la planta de Rojas - Buenos Aires.
Cometimos el error de no incorporar estos detalles en el estudio inicial y por eso decidimos realizar uno nuevo. Esta es la oportunidad de abrir el debate que corresponde y queremos incluir a universidades y especialistas, para que esto no sea solamente la posición de Monsanto y de un grupo de personas violentas que no quieren escuchar".
Estudiarán a Malvinas. Una de las cosas que incorporará Monsanto en su nueva presentación es un estudio de base cero sobre la comunidad de Malvinas, tanto social como sanitario, "para poder demostrar dentro de 10 años que la planta no afecta al ambiente ni a la salud de los vecinos".
Acampe en pie. La intención de las Madres de Ituzaingó, lideradas por Sofía Gatica, es mantener el bloqueo frente a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas.
La misma postura tienen desde la asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Es que quienes llevan adelante la protesta contra la multinacional aseguran que se irán del lugar "cuando se confirme que Monsanto deja la Provincia".

Ley a punto de salir
Desde el Ministerio de Agua y Ambiente aseguran que el borrador de la “Ley Monsanto”, que incorpora la obligatoriedad de realizar una consulta popular o audiencia pública donde se vayan a radicar grandes emprendimientos industriales, está a punto de salir a la Legislatura para su tratamiento en comisión.
Fabián López, titular de la cartera, indicó que la expectativa del Ejecutivo es tener esta ley en vigencia antes que Monsanto presente su nuevo estudio de impacto ambiental.
Esta adecuación de la Provincia a la ley nacional de presupuestos mínimos de ambiente podría dar lugar a una consulta en Malvinas.
“La ley tiene diversos mecanismos para determinar qué herramienta se debe usar. Esperamos que se trate con celeridad y profundidad”, dijo el funcionario.

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La Mañana de Córdoba (12/02/2014)
Reclaman a Arzani un decreto prohibiendo radicación de Monsanto en Malvinas

Los ambientalistas resolvieron anoche que continuarán con el acampe «hasta que haya una decisión política definitiva».
Las organizaciones ambientales que rechazan la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas reclamaron ayer al intendente local, Daniel Arzani, “que cumpla con la promesa realizada un año atrás” y que prohíba por decreto la radicación de la multinacional. Además, resolvieron “profundizar todas las medidas de fuerza contra Monsanto hasta que haya una decisión política definitiva”, lo que significa que continuará el acampe frente al predio de Malvinas Argentinas donde la compañía planea construir sus instalaciones.
Ambas decisiones fueron tomadas en el marco de una asamblea general de organizaciones que se realizó anoche en el predio de Malvinas, donde se evaluaron los pasos a seguir luego de que la Secretaría de Ambiente de la Provincia rechazara el estudio de impacto ambiental elaborado por Monsanto, lo que congeló virtualmente la radicación. Sin embargo, la empresa anunció su decisión de producir en Córdoba y anunció un nuevo estudio de impacto.

“Un decreto como Jure”
La primera decisión que tomó la asamblea fue exigir al radical intendente Arzani que firme un decreto prohibiendo lisa y llanamente la radicación, tal como se había comprometido si el estudio de impacto ambiental de la planta daba negativo y era rechazado por la Provincia, lo que finalmente sucedió anteayer.
El jefe comunal fue uno de los principales impulsores de la instalación, con el argumento de que la planta producirá decenas de puestos de trabajo para la zona. Además, se opuso sistemáticamente a que una consulta popular resuelva por sí o no la radicación, que es lo que solicitaban los ambientalistas. Gastón Mazalais, de la ONG Malvinas Lucha por la Vida, afirmó que los asambleístas exigen que el intendente firme un decreto “prohibiendo a Monsanto como lo hizo el intendente de Río Cuarto (el también radical), Juan Jure, que prohibió mediante decreto la radicación de esta empresa en su ciudad”.
“Ya que no respetó la voluntad de los vecinos, que no quieren a Monsanto en la ciudad, al menos que respete lo que dicen las universidades, la Justicia y ahora la Secretaría de Ambiente de la Provincia”, señaló el dirigente ambientalista.
El lunes, a través de la Secretaría de Ambiente que conduce Germán Pratto, el gobierno rechazó el estudio de impacto ambiental de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz, pensada para convertirse en la segunda en envergadura en la región.
La Comisión Técnica Interdisciplinaria creada ad hoc consideró que la firma, en el desarrollo del proceso productivo, no cumple “con los requisitos básicos de gestión integral de residuos”. “Al no identificarse los impactos relevantes y sus consecuentes medidas de mitigación en el estudio presentado por la Firma, no puede considerarse el mismo como instrumento técnico válido que permita su correspondiente aprobación”, reprochó la Comisión. Asimismo, indicó que documentación respaldatoria presentada por la empresa “es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos cursados”.
La semana que viene, otra marcha
Además de confirmar que el acampe y bloqueo de la planta, iniciado seis meses atrás por los asambleístas, continuará tan vigente como antes, ayer los ambientalistas resolvieron realizar una nueva marcha contra Monsanto, la semana próxima, en Malvinas Argentinas.

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La Voz del Interior (12/02/2014)
Asambleístas quieren ver el estudio ambiental

Pedirán al Gobierno el voluminoso expediente. La empresa dijo que presentará otro que incluirá una evaluación de la comunidad.
A un día de conocerse que la Provincia no aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para terminar de construir y poner en funcionamiento su planta se semillas en Malvinas Argentinas, la asamblea que se opone a la radicación de la multinacional anunció que el viernes próximo pedirá ver el informe completo.
Se trata de un expediente que hasta ahora ni la Provincia ni la empresa dieron a conocer. Este diario solicitó al Gobierno el acceso a esa información en noviembre pasado y luego en diciembre, tras la asunción del nuevo gabinete. Pero el pedido fue rechazado. Ayer se reiteró la solicitud, pero no hubo respuesta.
El lunes, la Secretaría de Ambiente sólo difundió un escueto dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial en el que explica que el estudio fue desaprobado porque la empresa no dio respuestas idóneas sobre cómo gestionará los residuos, efluentes líquidos y el tránsito vehicular. El documento brinda pocas precisiones acerca de cuáles serían los posibles impactos en el ambiente.

Estudio nuevo
En tanto, Monsanto reiteró ayer que las objeciones hechas por la Secretaría son cuestiones que se pueden subsanar y que especificarán los métodos en el próximo estudio de impacto ambiental que presenten.
Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, remarcó, además, que realizarán un estudio denominado de “base cero” en la comunidad de Malvinas para evaluar la situación ambiental actual y poder medirla en el futuro, en caso de que la planta se apruebe y comience a funcionar. “De esa manera se podrá conocer si hay algún impacto como resultado de la actividad”, sostuvo.
Asimismo, Monsanto reiteró que se someterá al nuevo marco normativo que sancionará la Legislatura provincial para la aprobación de este tipo de proyectos productivos. Según anunció el gobernador José Manuel de la Sota, la nueva ley tendrá como requisito la realización de consultas o audiencias públicas. Sin embargo, aún no se conocen los detalles de ese proyecto.

Consulta popular
En Malvinas Argentinas, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida dijo que mantiene su reclamo de realización de una consulta popular y el lunes redobló su exigencia ante el intendente Daniel Arzani: le pidieron que prohíba la instalación de Monsanto en la ciudad, así como lo hizo el jefe comunal de Río Cuarto, Juan Jure, en noviembre pasado.
Desde septiembre pasado, los asambleístas mantienen bloqueados los ingresos a la planta para impedir que continúe la construcción. En enero último, un fallo de la Justicia en segunda instancia determinó que Monsanto no podrá seguir con la obra civil hasta que no se apruebe el estudio de impacto ambiental.

Últimos hechos
9/12/2013 Nuevo gabinete. Tras la crisis policial y los saqueos, el gobernador José Manuel de la Sota anunció cambios en su gabinete. Entre las modificaciones, designó como ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a Fabián López (foto), extitular de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) y exsubsecretario de Recursos Hídricos de la Nación; y como secretario de Ambiente, a Germán Pratto, intendente de Morteros.
19/12/2013 Diálogo. Pratto se reunió con la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que le pidió que se suspendan las obras en la planta de Monsanto hasta tanto esté completo el estudio de impacto ambiental y que se haga una consulta popular en Malvinas Argentinas. El secretario dijo que lo evaluaría.
30/12/2013 Incidentes. Se produjo el cuarto episodio de violencia frente a la planta de Monsanto en Malvinas, cuando la Policía reprimió a los manifestantes que impedían el ingreso al predio de empleados que iban a desmalezar el terreno (foto).
8/1/2014 Fallo. La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba determinó que las autorizaciones que la Provincia y el municipio de Malvinas dieron a Monsanto para comenzar a construir sin un estudio de impacto ambiental fueron “arbitrarias e inconstitucionales”. Los jueces ordenaron la suspensión de la obra hasta tanto esté aprobada la evaluación ambiental.
1/2/2014 Anuncio. El Gobernador anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para adecuar las normas provinciales a la Ley General del Ambiente 25.675, que es nacional y es más exigente que las leyes locales.
10/02/2014 EIA. La Secretaría de Ambiente no aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto. La empresa anunció que realizará otro y que se adecuará a la nueva ley que se sancione. La asamblea mantiene el bloqueo y reclama al intendente que eche a Monsanto de Malvinas.

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La Voz del Interior (12/02/2014)
Vegetales transgénicos que fabrican plaguicidas

Por Raúl Montenegro

Confiamos en que las nuevas autoridades de Ambiente de la Provincia investigarán lo actuado hasta ahora y relanzarán una nueva CTI, ajustada a derecho.
Monsanto es una empresa que se comporta como los servicios secretos de muchos países. Oculta, demora y hasta distorsiona información para obtener mayores ganancias. Es lo que está haciendo en Córdoba. Sólo que en este caso contó (¿o contaba?) con el apoyo incondicional del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Para tener la autorización que le permitiera construir la mayor acondicionadora de semillas de maíz transgénico del mundo, Monsanto presentó ante la Secretaría de Ambiente provincial un aviso de proyecto mediocre y con graves vacíos, rápidamente aprobado desde la oscura Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI). Una CTI carente de los representantes de otros organismos públicos que marca la ley.
Ese dictamen de la CTI fue firmado en silencio únicamente por cuatro personas, dos de ellas funcionarios políticos de Ambiente (incluido el renunciante Federico Bocco) y dos contratados, ninguno de ellos con antecedentes técnicos suficientes para evaluar una obra de semejante magnitud. Junto con la ilegalidad funcional de la CTI, coexistió la ilegalidad de aprobar una construcción sin audiencia pública.
Afortunadamente, la Justicia falló a favor de los vecinos de Malvinas Argentinas en la causa patrocinada por el abogado Federico Macciocchi, del Club de Derecho. La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo l declaró “arbitraria e inconstitucional” la resolución 595/2012, dictada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, y las ordenanzas 808/2012 y 821/2013 sancionadas por la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Estas normas, en abierta violación a la legislación vigente, habían habilitado a Monsanto para construir su planta sobre la ruta A88. Como medida cautelar, el amparo exigía la suspensión de las obras hasta tanto se presentara el estudio de impacto ambiental (Esia) y se realizara la audiencia pública que prevé la Ley Nacional de Ambiente 25.675. Esto también fue atendido favorablemente por la Justicia.
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la cátedra de Biología Evolutiva (Facultad de Psicología, UNC), en su informe a los vecinos de Malvinas, incorporado a la acción judicial, no sólo demostraron la mediocridad técnica del aviso de proyecto sino también la distorsión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En administraciones serias, la evaluación es única y para todas las fases de un proyecto. No se autorizan primero las obras para luego ver si se aprueban sus operaciones.
Al día de hoy, ni siquiera se hizo público el estudio de impacto ambiental presentado para la etapa de funcionamiento. Sigue además su trámite judicial la denuncia que presentó Funam contra el Gobierno provincial por el funcionamiento ilegal y arbitrario de la CTI, que desde hace años autoriza proyectos contaminantes con una ligereza e impunidad inaceptables.
Confiamos en que las nuevas autoridades de Ambiente de la Provincia investigarán lo actuado hasta ahora y relanzarán una nueva CTI ajustada a derecho. No obstante, hacemos notar que, aun cuando la Provincia rechazó el estudio presentado, Monsanto puede elaborar otro y reiniciar la solicitud, tal como ha anunciado este mismo lunes.

Graves omisiones
En el mediocre aviso de proyecto presentado por Monsanto a la CTI, no se determinó ningún nivel base sobre la contaminación existente por plaguicidas en suelo, tanques de agua, sedimentos, agua subterránea, personas y animales domésticos.
Esto es grave, pues los bordes urbanos de Malvinas Argentinas vienen recibiendo sistemáticas descargas de plaguicidas desde hace años, ante la inacción de su Municipalidad.
Pese a que la operación de la planta de Monsanto liberará inevitablemente los plaguicidas contenidos en el material que ingresa (manejo de espigas contaminadas, secado, desgranado, transporte y enterramiento de restos de esas espigas) y los plaguicidas propios usados en sus actividades (ensilaje, acondicionamiento de semillas y gestión de insecticidas y fungicidas), el aviso de proyecto no analizó en profundidad ni las sustancias ni las descargas. Aun así, la CTI lo aprobó en su momento.
Pero lo más curioso es que Monsanto mantiene en secreto que las espigas y partes de la planta de maíz transgénico que llegarían a sus instalaciones de Malvinas Argentinas contienen proteínas insecticidas –en especial, la llamada Cry1Ab– que contaminan el ambiente y los tejidos de las personas. Según datos obtenidos de la propia Monsanto, las semillas del maíz transgénico Mon810 contienen entre 190 y 390 nanogramos del insecticida Cry1Ab por cada gramo de semilla.
La empresa se abstiene de informar que la buena ciencia ya demostró en 2011 la toxicidad de esta proteína insecticida sobre células humanas y que en Canadá fue encontrada en el 93 por ciento de las mujeres embarazadas y en el 69 por ciento de las no embarazadas.
Investigando con células de riñón humano, Robin Mesnage y equipo hallaron que la Cry1Ab producía muerte celular a una concentración tan baja como 100 partes por millón. Peor aún, cuando estas proteínas actúan con glifosato, se generan dañinos efectos combinados.
Pero, claro, poco le importa a Monsanto que en Argentina rija por ley el principio de precaución, cuando dos funcionarios y dos contratados provinciales son suficientes para aprobar la obra civil sobre la base de un estudio pésimo e incompleto, ahora desautorizado por la nueva CTI.
La presentación original de Monsanto tampoco analizó cómo la capacidad productiva de su acondicionadora de semillas de maíz transgénico –la mayor del mundo– consolidaría en la provincia el insustentable modelo de agricultura industrial, con su secuela de contaminación, desmonte, pérdida de nutrientes y menor diversidad productiva. Ello agregado a la condenable práctica de Monsanto de mantener en secreto datos, riesgos y documentos, hacen que su radicación en Malvinas Argentinas sea un despropósito.
Pero la vía más contundente para decidirlo es que la Municipalidad de Malvinas convoque a consulta pública abierta, independientemente del dictamen de Ambiente de la Provincia, que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Monsanto.
La consulta popular es la solución más lógica y directa, pese a que Monsanto, el propio Gobierno y algunas individualidades se opongan.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida visibilizó el conflicto en el plano nacional e internacional y fue la más clara demandante de consulta pública. Después de tantos papelones administrativos, violencia policial y sindical e ilegalidades gubernamentales, sólo la gente de Malvinas Argentinas puede volver a colocar las cosas en su lugar.

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Hoy Día (12/02/2014)
Para López, “el estudio de Monsanto fue insuficiente”

La empresa confirmó que presentará un nuevo informe de impacto ambiental.
Luego de que Monsanto confirmara que presentará un nuevo estudio de impacto ambiental, el gobierno provincial ratificó ayer la decisión de rechazar el más reciente informe dado a conocer por la multinacional para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A-88, 16 kilómetros al este de esta capital.
Sobre el particular, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, explicó que el equipo de técnicos que estudió y evaluó toda la documentación presentada en esta instancia determinó que “no estaban dadas las condiciones, los antecedentes y la profundidad de los estudios para poder determinar de manera inequívoca cuáles serían los impactos inherentes a la actividad”.
“La Comisión consideró que no estaban dadas las condiciones mínimas para que el estudio de impacto ambiental pueda ser aprobado. Administrativamente, ya está terminada la instancia iniciada con la presentación de los antecedentes de la empresa. Con lo presentado no se puede avanzar y se decide la no aprobación”, informó el funcionario delasotista.
Al ser consultado acerca de si se trata o no de una posición definitiva, López aclaró que, en caso de que la empresa quiera insistir en la presentación, tiene que notificarse de todas las falencias detectadas en el informe técnico de la comisión. Por su parte, el vocero de Monsanto, Adrián Vilaplana, anunció que la empresa realizará un nuevo estudio de impacto ambiental, luego de que se conociera la decisión de la Secretaría de Ambiente de Córdoba de no autorizar el informe que le habían presentado. “Hemos tomado la decisión de iniciar un estudio de impacto ambiental desde cero”, adelantó.
Al respecto, Vilaplana indicó que “lo que nos ha ido pasando en el último año es que hemos ido juntando una información sobre la otra y ha generado un estudio de impacto ambiental, que a los ojos de la Secretaría de Ambiente y de las nuevas autoridades del Ministerio de Agua, que tienen un profesionalismo muy alto, se presenta como desprolijo y con la necesidad de ser completado”. “Dados los últimos anuncios del Fobernador (José Manuel de la Sota) respecto de la modificación de la Ley de Ambiente y de la necesidad de una pacificación social, hemos puesto el tiempo como segunda prioridad”, concluyó.

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El Puntal de Río Cuarto (12/02/2014)
Malvinas: Monsanto deberá cumplir con una ley más dura

Así lo anticipó Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia. A la multinacional la alcanzará la nueva normativa, que aprobará la Legislatura y que contempla audiencias públicas y la formación de comisiones interdisciplinarias para evaluar los efectos sobre el ambiente
Después de rechazar el estudio de impacto ambiental que Monsanto presentó por su planta de procesamiento de semillas en Malvinas Argentinas, el gobierno provincial aclaró ayer que la multinacional deberá cumplir la nueva ley ambiental que el gobernador De la Sota envió a la Legislatura en los primeros días de febrero y que establece exigencias más rígidas para toda inversión que pueda producir efectos negativos en la zona donde tiene previsto instalarse.
Así lo aseguró ayer Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, quien señaló que no sólo se agregará una etapa de audiencia pública antes de aprobar un proyecto con posible impacto ambiental sino que, además, habrá nuevas instancias interdisciplinarias de evaluación.
López hizo declaraciones al programa Café Digital, que la 91.9 emite todos los días de 7 a 9.

- ¿Cuál fue la fundamentación técnica para rechazarle a Monsanto el estudio de impacto?
- El iniciador y desarrollador de una determinada actividad tiene que presentar todos aquellos estudios y antecedentes que permitan determinar de manera fehaciente cuáles son los distintos impactos que la actividad va a generar sobre el ambiente. Estos impactos pueden ser positivos, neutros o negativos. A través de lo que se conoce como una matriz se puede determinar, cualificar y cuantificar los elementos que impactan negativamente y mitigar los aspectos negativos, controlarlos y seguirlos a través de un plan de gestión ambiental. O sea, lo primero que hay que hacer es ser lo suficientemente preciso y profundo en la determinación de esos impactos para que sean analizados. En este caso, la comisión técnica interdisciplinaria entendió que estos requisitos no estaban cumplidos, que muchos datos eran confusos, repetitivos, que no estaban debidamente evaluados, clarificados ni desarrollados con la profundidad que este caso merecía. Por eso se decidió el rechazo.

- Esto no significa que la empresa no puede instalarse ¿Tiene la opción de presentar un nuevo estudio, comenzar desde cero como deslizaron desde la propia multinacional?
- Todas las empresas que desarrollan su actividad en el territorio provincial tienen la obligación, si así lo decide la comisión técnica interdisciplinaria, de presentar el estudio de impacto ambiental. Si el estudio no es aprobado, no quiere decir que no puedan empezar de nuevo de otra manera, reevaluar inclusive la manera en que se lo presentó. También pueden redefinir, incluso, el tipo de emprendimiento que están desarrollando.

- ¿Cuánto tuvo que ver en el rechazo la resistencia social que generó la llegada de Monsanto? 
- La evaluación de impacto ambiental, en términos globales, y de acuerdo a la concepción moderna de este tipo de estudios, tiene que contemplar también, obviamente, la opinión colectiva de la gente, de la ciudadanía en donde esas actividades se van a desarrollar. Estas instancias de participación popular van a ser considerdas en el proyecto de ley que la Legislatura va a tratar y que complementan la ley de presupuestos mínimos ambientales de la Nación. Todo proyecto implica una evaluación ambiental global, no únicamente el estudio técnico en un escritorio. Pero, en el caso de Monsanto, hasta ahora se hizo una evaluación meramente técnica porque sólo cuando la información técnica se considera satisfactoria, se lleva la propuesta a una instancia de consulta abierta y popular para escuchar la opinión de la ciudadanía. En este caso ni siquiera se llegó a ese punto.

- Usted hablaba de la refoma que va a tener la ley a partir de los anuncios del gobernador en la Legislatura ¿Monsanto debería adecuarse a las nuevas exigencias o rige para esa empresa la ley que estaba vigente al momento de presentar el proyecto?
- Toda empresa va a tener que adecuarse a la nueva ley, que es complementaria de los presupuestos ambientales mínimos de la Nación. Vale la pena mencionar, como lo hizo el gobernador en su discurso, que Córdoba dictó, no en esta administración sino en el gobierno radical de 1985, una de las primeras leyes ambientales que protege los recursos ambientales. Posteriormente, durante la gestión de De la Sota se dicta el decreto que permite de manera muy moderna usar el estudio de impacto como herramienta de política ambiental. Ahora venimos a establecer lo que se fija en el artículo 41 de la Constitución, que dice que si bien los recursos naturales son de las provincias, la Nación establece una ley de presupuestos mínimos y las provincias los complementan. Ahora tendremos mayor claridad sobre política ambiental y sobre los instrumentos. El estudio de impacto es una de esas herramientas a implementar como así también la consulta a la ciudadanía en el marco de este plan de convivencia social general que estamos lanzando.

- Se agrega la nueva instancia  de consulta popular, ¿pero además se van a hacer más exigentes los estudios de impacto ambiental?
- Los estudios de impacto ambiental van a ser complementados. La mayor exigencia va a venir por el lado de la conformación de una comisión técnica interdisciplinaria en dos etapas. Una, formada por los representantes de distintos ministerios y, otra, ampliada e integrada por representantes de los distintos actores sociales específicos con experiencia en las distintas temativas que se estén tratando. Después, se desarrollará un plan de gestión ambiental y un plan de auditorías que permitan tener un seguimiento más exhaustivo sobre cada inversión que se lleve adelante.

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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (12/02/2014)
¿Qué hará Monsanto con 250 toneladas de residuos diarios?

La Secretaría de Ambiente de Córdoba pidió a la empresa Monsanto que precise cómo se concretará la disposición final de las 250 toneladas de desechos diarios que generaría la planta de secado de maíz que la firma pretende instalar en Malvinas Argentinas.
"La planta generaría unas 250 toneladas diarias de residuos sólidos (marlo, chala, restos de semillas, etcétera) y no deja en claro qué tipo de disposición final realizaría", expresa el dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que ayer rechazó el informe de impacto ambiental presentado por Monsanto.
Destaca además que "si bien el estudio muestra un manejo correcto de las sustancias peligrosas dentro del proceso de secado de la semilla, después no queda claro cuál sería la empresa que se va a encargar de transportar y, luego, tratar esos residuos".
El gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, Adrián Vilaplana, ratificó ayer que la empresa presentará un nuevo informe de impacto ambiental pese a que, según el dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria la firma no está en condiciones de operar. “Nuestro objetivo es estar 200 años en Córdoba. No es un negocio temporal, sino de larguísimo plazo. Venir a Córdoba fue una decisión muy pensada. Tomamos nota de lo que la Secretaría de Ambiente nos ha dicho y nuestra decisión es iniciar un estudio de impacto ambiental nuevo, de cero", dijo el ejecutivo a la prensa.
En el mismo sentido, Vilaplana expresó: "hemos ido trabajando todo el año pasado en el estudio y éste se fue completando a medida que nos presentaban requerimientos de ampliación de información. Pero ahora entramos en una etapa nueva en la cual necesitamos generar un estudio de impacto ambiental de cero".
La Comisión había concluido que, al "no identificarse los impactos relevantes y sus consecuentes medidas de mitigación, el estudio presentado por la firma no puede considerarse como instrumento técnico válido" que permita su aprobación.
El organismo consideró que la documentación presentada por la empresa era "insuficiente y reiterativa" y que no tenía la "profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos cursados".
En enero pasado, la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, al hacer lugar a una acción de amparo promovida por ambientalistas y vecinos, ordenó la paralización de las obras en la planta hasta tanto Monsanto presentara el estudio de impacto ambiental.
El fallo también dispuso la celebración de un audiencia pública para que los vecinos tuvieran la oportunidad de expedirse sobre la conveniencia o no del establecimiento de la planta en Malvinas Argentinas.

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La Voz del Interior - Edición Electrónica (12/02/2014)
Un juez defiende a Monsanto porque "hace 30 años" que él usa glifosato

Esa sustancia ni siquiera se menciona en la causa. Es uno de los inéditos argumentos del magistrado que firmó en disidencia el fallo que suspende las obras en Malvinas Argentinas.
El 9 de enero de 2014, la sala 2 de la Cámara del Trabajo de Córdoba suspendió las obras civiles de la planta de Monsanto hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental. Dicho estudio fue rechazado por el Gobierno cordobés el lunes pasado.
En aquel fallo de hace un mes, dos de los tres magistrados se expresaron por darle la razón a los amparistas. Pero el tercero -Miguel Angel Azar- firmó en disidencia.
Lo sorprendente son algunos de los argumentos que utilizó, que motivaron una presentación de Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero, y Cintia Frencia, legisladora por el Frente de Izquierda, ante el Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia.
Entre otras curiosidades, Azar dedica varios párrafos a denostar a los dos jueces que votaron a favor del amparo, a quienes acusa de que "sin ninguna pericia técnica idónea que lo demuestre" llegan a una conclusión "falsa y carente de asidero legal".
"Mis pares ensayan una especie de 'per saltum' y se transforman en legisladores (concejales) para decir cómo se debió proceder", señala, en referencia a los argumentos de los otros camaristas. En otra parte llega a decir, de manera más genérica, que "quizás habría que utilizar un correctivo legal para responsabilizar a los magistrados que haciendo abuso de las cautelares distorsionan el derecho y con resoluciones infundadas producen daño económico a terceros con posturas alucinantes como las de autos".
Al mismo tiempo incorpora una extraña experiencia personal: una visita por su cuenta a la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires, "(...) accediendo a una invitación pública que formula la firma Monsanto en los medios periodísticos". Señala que fue allí el 3 de enero "junto con un profesional de mi confianza especialista en semillas (...) y pude verificar que la misma es una planta modelo que no produce ningún daño ambiental".
No sólo no se explica quién es ese especialista, sino que agrega por su cuenta estos denominados "elementos de convicción" que no son pruebas incorporadas al proceso.
Además, señala que "familiarmente hace más de 30 años que utilizo el producto Roundup para combatir efectivamente las malezas, ello sin ninguna consecuencia física y/o orgánica a nivel personal".
Esto también resulta extraño, ya que en esta causa ni siquiera se menciona a esta sustancia -glifosato, cuyo nombre comercial es Roundup-, al no formar parte ni del producto ni del proceso que realizaría Monsanto en su planta de Malvinas Argentinas. Y no guarda relación con la materia de discusión, al margen de que su toxicidad depende de su utilización.
Azar llega incluso a añadir elementos de sospecha sobre los otros jueces al decir que "la mayoría del Tribunal tiene un objetivo similar al Club de Derecho (los amparistas), a los actores individuales y a las personas que están involucradas en el acampe en los alrededores de la obra, el cual es 'evitar la radicación de la planta de Monsanto en Malvinas Argenitnas'".
Este diario intentó contactarse por teléfono en tres ocasiones con el magistrado, sin éxito.

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