26 sep. 2013

Cuenca del San Roque: sobre el fallo judicial

La Voz del Interior (26/09/2013)
El lago lo necesita


El fallo judicial que obliga a poner en marcha el Comité de Cuenca del San Roque es un primer paso para sanear ese espejo de agua de vital importancia para la provincia de Córdoba.
Un recurso de amparo presentado por una organización no gubernamental fue el disparador de una decisión judicial cuya trascendencia podría ser histórica: en la primera semana de octubre, finalmente, la Provincia y un conjunto de municipios debieran poner en marcha el Comité de Cuenca del lago San Roque. Este había sido creado por una ley de 1989 que ni el Gobierno provincial ni los gobiernos municipales implicados se preocuparon en efectivizar en estos 25 años.
La ley 7.773 establecía un Comité de Cuenca para el monitoreo permanente del lago San Roque, integrado por el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo Provincial del Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos y los intendentes de Villa Carlos Paz, La Cumbre, Villa Giardino, Huerta Grande, Valle Hermoso, Cosquín, Santa María de Punilla, Bialet Massé, Tanti, Córdoba, La Calera, Saldán y Villa Allende.
Estamos hablando del lago que abastece de agua a la capital cordobesa y a numerosas localidades del centro y sur de Punilla, y también de las Sierras Chicas.
El San Roque padece la permanente contaminación de efluentes cloacales no tratados, y la mayoría de las ciudades y comunas que se encuentran en contacto con los ríos que nutren al lago, o directamente con el lago mismo, no tienen cloacas.
Las excepciones –parciales– son Carlos Paz (con un tercio de sus usuarios conectados a la planta de tratamiento cloacal), La Falda, Valle Hermoso y Huerta Grande (las tres, en promedio, han conectado alrededor del 50 por ciento).
El dato sirve para entender la lógica irracional con que se han manejado las municipalidades y la Provincia a lo largo de los últimos 25 años: si admitían la ley y la cumplían, debían invertir en trabajos de infraestructura y obligar a los vecinos a conectarse a la red cloacal, en aras de un objetivo superior, cual es la conservación del lago y sus ríos en un nivel de contaminación (digamos) imperceptible o tolerable. No lo hicieron en el corto plazo, pero tampoco se lo propusieron como un objetivo de mediano o largo plazo.
De hecho, si no fuera por el recurso de amparo presentado por Calidad y Desarrollo Ciudadano y por la resolución tomada por Daniel Strasorier, el juez de Control que lleva la causa, los responsables seguirían sin tomar cartas en el asunto, aun cuando las algas y la pestilencia del lago y sus ríos son una recurrente (y mala) noticia, y que la mayoría de los municipios implicados pretenden hacer del turismo su principal fuente de ingreso.
El juez ha dado el primer paso, en resguardo de un derecho reclamado por un conjunto de ciudadanos. Ahora las autoridades deben hacerse cargo del problema que supieron eludir con tanta eficiencia. Esperamos que se aboquen a su tratamiento con la urgencia que el caso requiere.

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