28 may 2013

Dioxitek, nucleares y derechos en el olvido

La Voz del Interior (28/05/2013)
Dioxitek y el derecho de los vecinos


El traslado de la fábrica de dióxido de uranio ubicada en barrio Alta Córdoba debe ser un tema prioritario para el Estado, y debe realizarse con la anuencia y el control de los vecinos.
La controversia que involucra desde hace años a la empresa estatal Dioxitek continúa sin que se vislumbre una solución inmediata. Ello pese a las reiteradas promesas de las autoridades y a las objeciones vecinales en contra de esta industria de alto riesgo ambiental, instalada en una zona densamente poblada del barrio Alta Córdoba, en la Capital de la provincia.
La empresa –una sociedad anónima cuyo 99 por ciento de las acciones pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)– produce dióxido de uranio, una materia prima esencial con la que se elaboran las pastillas de uranio enriquecido para ser usado como combustible de las centrales nucleares del país.
Luego de una larga serie de reclamos de la comunidad y negociaciones ineficaces, la Municipalidad de Córdoba, la Cnea y Dioxitek refrendaron un nuevo acuerdo en noviembre pasado, que establece que la planta ubicada en Alta Córdoba debe ser trasladada en un plazo de 18 meses, a cumplirse en mayo de 2014.
Sin embargo, lo más delicado y riesgoso del acuerdo radica en el saneamiento de los terrenos en los que, se calcula, se encuentran enterradas algo más de 57 mil toneladas de colas de uranio, basura química de altísimo peligro para la salud humana. Es una fenomenal responsabilidad para las autoridades gubernamentales y la empresa dar destino a residuos que quedan en el predio.
Hay dos tareas que tendrán que ser encaradas con la seriedad que las circunstancias exigen: el nuevo destino de la industria y el cierre definitivo de la planta de Alta Córdoba. En este caso, para prevenir los efectos dañinos de los desechos que están en depósitos en ese predio desde hace décadas y sin controles rigurosos.
Pero lo importante es que en los estudios de factibilidad para la radicación de la industria prevalezcan los intereses de los vecinos sobre cualquier iniciativa y acuerdos de partes.
Ya se aprobaron los estudios de prefactibilidad para mudar la polémica planta a Embalse o a Río Tercero, lo que ha generado la inmediata reacción de ambientalistas y la preocupación de esas comunidades, de por sí saturadas por asentamientos de riesgo, como son la central nuclear en la primera localidad y el polo químico riotercerense, que incluye una Fábrica Militar que en 1995 escribió una historia trágica en la ciudad.
No pueden vulnerarse los derechos ciudadanos en la necesidad de encontrarles espacio a basurales de distinta procedencia y naturaleza. Los gobiernos nacional, provincial y municipales son los responsables de velar para que esto no ocurra en el caso de la controversia con Dioxitek.

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