24 feb 2013
La cautelar por ex Batallón 141 sería extendida
11:14 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (24/02/2013)
Prorrogarían cautelar por ex Batallón 141
Mañana lo pediría la fiscal López de Filoñuk, tras evaluar un informe de Antropología Forense. Por una denuncia, suponen que en los ’60 se habrían producido allí hechos de represión ilegal. La medida impide que la Corporación América inicie trabajos en el predio.
Entre hoy y el próximo jueves se producirán novedades en la causa judicial abierta para investigar presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en el predio del ex Batallón 141 de la ciudad de Córdoba, durante la vigencia del Plan Conintes.
Se trata del terreno perteneciente a la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian, quien en diciembre pasado cerró un convenio urbanístico con la Municipalidad (ver aparte), que habilita a construir allí casonas de hasta seis pisos en un emprendimiento cuya magnitud comercial podría superar los 600 millones de dólares. La cifra es equivalente al presupuesto que la Municipalidad ejecutó durante 2012.
La fiscal N°3, Graciela López de Filoñuk –con competencia en cuestiones de derechos humanos–, resolverá mañana si pide o no una prórroga a la cautelar que concedió durante la feria judicial de enero el juez Ricardo Bustos Fierro, y que impuso hasta el próximo jueves un statu quo que impidió avanzar en obras en ese valioso predio de 22 hectáreas.
Aquella medida puso un manto de protección, mientras se investiga una denuncia que la historiadora Carina Villafañe presentó ante el Juzgado N°3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, alertando respecto de que el ex Batallón habría funcionado como centro de represión ilegal en la década del ‘60.
Aportó para ello el testimonio de un exaviador, quien le habría confiado que sufrió tormentos en ese predio militar.
Esa resolución sorprendió a todos, porque se conoció el mismo día del cambio normativo que dispuso el Concejo Deliberante, y que mutó la condición de las 22 hectáreas de reserva verde a sitio apto para un desarrollo residencial-comercial.
En rigor, Bustos Fierro abrió un paréntesis en medio de la feria, hasta que se reintegraran a sus despachos los magistrados naturales que entendían en el tema, esto es Sánchez Freytes y López de Filoñuk. Desde entonces, el predio en cuestión está custodiado por Gendarmería Nacional y no se permite el ingreso a nadie.
Inspección. Actuando ya en pleno sobre la cuestión, el pasado lunes Filoñuk realizó una inspección en el ex Batallón, junto con la directora del equipo de Antropología Forense, Anahí Ginarte, quien emitió un primer informe técnico que ya está en manos de Sánchez Freytes.
La fiscal tenía previsto evaluar ese informe durante todo este fin de semana, para mañana pronunciarse al respecto.
Hay muchas posibilidades de que la fiscal le pida al juez extender en el tiempo la vigencia de la cautelar, hasta tanto se puedan realizar excavaciones y estudios pertinentes para determinar si realmente existieron o no los hechos denunciados en la causa que alude al Plan Conintes.
Un dato para tener en cuenta es que ya no sólo se trata de la denuncia que la mencionada Villafañe formuló allá por abril de 2011, con el patrocinio de la abogada Valeria Balbi.
En las últimas semanas se sumaron nuevas denuncias –algunas anónimas– y testimonios que pondrían a la fiscal en condición de pedir la prórroga del no innovar, cuestión que deberá ser resuelta por Sánchez Freytes antes del próximo jueves.
Fuentes de la Fiscalía indicaron a este diario que en principio “hay visos de probabilidad” de que lo relatado por testigos en la causa pueda ser corroborado, aunque apelaron a la “moderación” hasta que haya elementos técnicos que sustenten una decisión.
“No es una cuestión arbitraria. Tanto la fiscal como el juez han escuchado las versiones de los denunciantes”, alertaron desde la Justicia Federal.
Desde el mismo momento en que el futuro del ex-Batallón quedó enredado en esta causa judicial, la Municipalidad de Córdoba se limitó a notificar a la Corporación América las novedades que le transmitían desde la Justicia Federal.
“En esto no tenemos nada más que hacer. El convenio urbanístico está firme, pero por ahora no se pueden iniciar obras”, indicaron entonces desde el municipio, en una posición que hoy se mantiene invariable, aunque la expectativa por la definición es enorme.
Qué dice el acuerdo
Las partes. El acuerdo lo firmaron la Municipalidad y Corporación América, que compró el ex Batallón 141 a la Provincia en 2007 por $ 107,5 millones.
Uso mixto. El predio de 22 hectáreas podrá ser utilizado en un 40 por ciento para edificación comercial y de viviendas; el resto será espacio verde.
Altura. La desarrollista podrá construir viviendas en altura de hasta seis pisos.
Contraprestación. La mitad del predio será espacio público que conectará al Parque Sarmiento con la avenida Cruz Roja. Corporación América debe construir una planta de cloacas que beneficiaría a 150 mil vecinos y tres nudos viales.
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Por ahora, sólo el municipio avanza con planes técnicos
Corporación América no gestionó permisos. El municipio desarrolla el proyecto técnico de la planta cloacal que hará la firma.
Si bien la medida cautelar que vence el próximo jueves puso un virtual cerrojo a cualquier avance por parte de la Corporación América en planes de urbanización del ex Batallón 141, el grupo empresario tampoco ha dado señales todavía de tener apuro en lanzar las obras.
A la fecha, el grupo inversor no ingresó a la Municipalidad de Córdoba ningún proyecto, ni gestionó trámites de habilitación de ninguna índole.
Tampoco tiene plazos perentorios para hacerlo. La norma de convenios urbanísticos sólo estipula un plazo máximo de vigencia del cambio de patrón de uso del suelo: si el propietario no usufructúa las ventajas que le otorgaron en dos años, el municipio puede hacer caer el acuerdo.
Lo que sí está corriendo ya es el plazo de 60 días hábiles que la administración de Ramón Mestre se autoimpuso para entregar a Corporación América los planos y especificaciones técnicas para que ésta construya una planta de cloacas en la zona sur de la ciudad.
Ese emprendimiento, cuyo costo fue calculado en 97 millones de pesos, es la principal contraprestación que deberá hacer la empresa a la ciudad, por el cambio de normativa que le permitirá urbanizar el predio.
El secretario de Desarrollo Urbano, Mariano De Juan, confió que las áreas técnicas están avanzando en ese proyecto, que es similar a una planta de cloacas construida recientemente en Villa Carlos Paz.
El funcionario señaló que la Municipalidad no puede imponer a Corporación América cuándo iniciar su desarrollo inmobiliario, pero también recalcó que desde el mismo momento en que obtenga la aprobación para esa iniciativa y largue con las obras, deberá también comenzar la planta cloacal.
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Prorrogarían cautelar por ex Batallón 141
Mañana lo pediría la fiscal López de Filoñuk, tras evaluar un informe de Antropología Forense. Por una denuncia, suponen que en los ’60 se habrían producido allí hechos de represión ilegal. La medida impide que la Corporación América inicie trabajos en el predio.Entre hoy y el próximo jueves se producirán novedades en la causa judicial abierta para investigar presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en el predio del ex Batallón 141 de la ciudad de Córdoba, durante la vigencia del Plan Conintes.
Se trata del terreno perteneciente a la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian, quien en diciembre pasado cerró un convenio urbanístico con la Municipalidad (ver aparte), que habilita a construir allí casonas de hasta seis pisos en un emprendimiento cuya magnitud comercial podría superar los 600 millones de dólares. La cifra es equivalente al presupuesto que la Municipalidad ejecutó durante 2012.
La fiscal N°3, Graciela López de Filoñuk –con competencia en cuestiones de derechos humanos–, resolverá mañana si pide o no una prórroga a la cautelar que concedió durante la feria judicial de enero el juez Ricardo Bustos Fierro, y que impuso hasta el próximo jueves un statu quo que impidió avanzar en obras en ese valioso predio de 22 hectáreas.
Aquella medida puso un manto de protección, mientras se investiga una denuncia que la historiadora Carina Villafañe presentó ante el Juzgado N°3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, alertando respecto de que el ex Batallón habría funcionado como centro de represión ilegal en la década del ‘60.
Aportó para ello el testimonio de un exaviador, quien le habría confiado que sufrió tormentos en ese predio militar.
Esa resolución sorprendió a todos, porque se conoció el mismo día del cambio normativo que dispuso el Concejo Deliberante, y que mutó la condición de las 22 hectáreas de reserva verde a sitio apto para un desarrollo residencial-comercial.
En rigor, Bustos Fierro abrió un paréntesis en medio de la feria, hasta que se reintegraran a sus despachos los magistrados naturales que entendían en el tema, esto es Sánchez Freytes y López de Filoñuk. Desde entonces, el predio en cuestión está custodiado por Gendarmería Nacional y no se permite el ingreso a nadie.
Inspección. Actuando ya en pleno sobre la cuestión, el pasado lunes Filoñuk realizó una inspección en el ex Batallón, junto con la directora del equipo de Antropología Forense, Anahí Ginarte, quien emitió un primer informe técnico que ya está en manos de Sánchez Freytes.
La fiscal tenía previsto evaluar ese informe durante todo este fin de semana, para mañana pronunciarse al respecto.
Hay muchas posibilidades de que la fiscal le pida al juez extender en el tiempo la vigencia de la cautelar, hasta tanto se puedan realizar excavaciones y estudios pertinentes para determinar si realmente existieron o no los hechos denunciados en la causa que alude al Plan Conintes.
Un dato para tener en cuenta es que ya no sólo se trata de la denuncia que la mencionada Villafañe formuló allá por abril de 2011, con el patrocinio de la abogada Valeria Balbi.
En las últimas semanas se sumaron nuevas denuncias –algunas anónimas– y testimonios que pondrían a la fiscal en condición de pedir la prórroga del no innovar, cuestión que deberá ser resuelta por Sánchez Freytes antes del próximo jueves.
Fuentes de la Fiscalía indicaron a este diario que en principio “hay visos de probabilidad” de que lo relatado por testigos en la causa pueda ser corroborado, aunque apelaron a la “moderación” hasta que haya elementos técnicos que sustenten una decisión.
“No es una cuestión arbitraria. Tanto la fiscal como el juez han escuchado las versiones de los denunciantes”, alertaron desde la Justicia Federal.
Desde el mismo momento en que el futuro del ex-Batallón quedó enredado en esta causa judicial, la Municipalidad de Córdoba se limitó a notificar a la Corporación América las novedades que le transmitían desde la Justicia Federal.
“En esto no tenemos nada más que hacer. El convenio urbanístico está firme, pero por ahora no se pueden iniciar obras”, indicaron entonces desde el municipio, en una posición que hoy se mantiene invariable, aunque la expectativa por la definición es enorme.
Qué dice el acuerdo
Las partes. El acuerdo lo firmaron la Municipalidad y Corporación América, que compró el ex Batallón 141 a la Provincia en 2007 por $ 107,5 millones.
Uso mixto. El predio de 22 hectáreas podrá ser utilizado en un 40 por ciento para edificación comercial y de viviendas; el resto será espacio verde.
Altura. La desarrollista podrá construir viviendas en altura de hasta seis pisos.
Contraprestación. La mitad del predio será espacio público que conectará al Parque Sarmiento con la avenida Cruz Roja. Corporación América debe construir una planta de cloacas que beneficiaría a 150 mil vecinos y tres nudos viales.
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Por ahora, sólo el municipio avanza con planes técnicos
Corporación América no gestionó permisos. El municipio desarrolla el proyecto técnico de la planta cloacal que hará la firma.
Si bien la medida cautelar que vence el próximo jueves puso un virtual cerrojo a cualquier avance por parte de la Corporación América en planes de urbanización del ex Batallón 141, el grupo empresario tampoco ha dado señales todavía de tener apuro en lanzar las obras.
A la fecha, el grupo inversor no ingresó a la Municipalidad de Córdoba ningún proyecto, ni gestionó trámites de habilitación de ninguna índole.
Tampoco tiene plazos perentorios para hacerlo. La norma de convenios urbanísticos sólo estipula un plazo máximo de vigencia del cambio de patrón de uso del suelo: si el propietario no usufructúa las ventajas que le otorgaron en dos años, el municipio puede hacer caer el acuerdo.
Lo que sí está corriendo ya es el plazo de 60 días hábiles que la administración de Ramón Mestre se autoimpuso para entregar a Corporación América los planos y especificaciones técnicas para que ésta construya una planta de cloacas en la zona sur de la ciudad.
Ese emprendimiento, cuyo costo fue calculado en 97 millones de pesos, es la principal contraprestación que deberá hacer la empresa a la ciudad, por el cambio de normativa que le permitirá urbanizar el predio.
El secretario de Desarrollo Urbano, Mariano De Juan, confió que las áreas técnicas están avanzando en ese proyecto, que es similar a una planta de cloacas construida recientemente en Villa Carlos Paz.
El funcionario señaló que la Municipalidad no puede imponer a Corporación América cuándo iniciar su desarrollo inmobiliario, pero también recalcó que desde el mismo momento en que obtenga la aprobación para esa iniciativa y largue con las obras, deberá también comenzar la planta cloacal.
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