16 dic 2012
Zonas libres de fumigaciones, los juicios y los ríos
11:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (16/12/2012)
Amplían las zonas de prohibición para las fumigaciones periurbanas
Más allá de la ley provincial, los municipios generan sus ordenanzas que procuran ajustarse a la realidad de sus comunidades. Pero siguen los reclamos por depósitos y comercios que funcionan en pleno centro
Problemas de salud, alteraciones y malformaciones en anfibios de lagunas de la zona y fuertes emanaciones vuelven a ser temas recurrentes que siguen sumando al debate sobre los riesgos de los agrotóxicos, aun de aquellos considerados de banda verde.
En Berrotarán, tras una protesta de vecinos, el gobierno municipal emitió una resolución determinando una zona de resguardo ambiental que procura evitar las fumigaciones a metros de viviendas. Así también lo hizo General Cabrera adhiriendo a la ley provincial de Agroquímicos.
En tanto, en Ucacha, el biólogo Fernando Carezzano advirtió sobre la existencia de ranas con distintas malformaciones, que serían causadas por restos de agroquímicos que contaminan los espejos de agua de la región.
Aunque con mayor conciencia, el tema sobre el uso de estos productos continúa generando polémica en los pueblos. La confrontación de intereses en ocasiones pone freno a la aplicación de legislaciones u ordenanzas que buscan evitar el uso de agrotóxicos en proximidades de las comunidades.
La mayoría de las poblaciones del sur cordobés es agrodependiente y el límite entre campo y barriadas sólo lo demarcan las calles, de allí los constantes reclamos por contaminaciones. Asimismo, los depósitos y comercios que trabajan con estos productos en su mayoría se encuentran dentro de las calles centrales de cada comunidad, así como también la circulación de aplicadores o camionetas transportando bidones amplían el debate.
Mientras la ley provincial de Agroquímicos (Nº 9164) da un marco regulatorio al tema, a cada municipio le queda la responsabilidad de adecuarla a la realidad de sus comunidades. En ese camino son varias las poblaciones que han promulgado ordenanzas complementarias, y otras están en vías de hacerlo, pero siempre intentando encontrar el equilibrio entre la necesidad de cuidar el medio ambiente y la salud y la economía de las comunidades, que es netamente agrodependiente.
Huinca Renancó, el modelo
Huinca Renancó es precursora en cuanto al control sobre el uso de agroquímicos; sin embargo, la gestación y la posterior aprobación de la ordenanza llevó un largo período de unos cinco años.
La misma surgió ante una cierta necesidad de aportar más control sobre el uso de pesticidas en la ciudad y sus inmediaciones. Para esto, la entonces directora de Ambiente en el año 2006 comenzó a trabajar en un proyecto que ampliara la ley provincial Nº 9164 en aspectos débiles, en los que se hacía necesario reforzar la normativa.
Otro de los temas a resolver fue la existencia de unos siete depósitos de agrotóxicos dentro del radio urbano y la circulación de máquinas aplicadoras en la ciudad.
De esta forma, a fines del año 2011 se aprobó por unanimidad la ordenanza local 1221/11 “Control sobre depósitos, almacenamiento, comercialización y aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario en el radio urbano y zona de resguardo ambiental”.
A partir de ese momento, Huinca Renancó se convirtió en la decimosegunda localidad de la provincia en contar con una ordenanza local que regule el tema de agroquímicos, con la creación de una zona de resguardo ambiental de unos 250 metros más allá de los límites del radio urbano con el fin de resguardar la salud de los vecinos ante las fumigaciones periurbanas; además, se puso un plazo (sobre el cual quedan seis meses) para que los depósitos de agroquímicos se retiren de la ciudad y se prohibió la circulación de máquinas aplicadoras por el radio urbano.
Desde su reglamentación, la ordenanza tiene cierta resistencia principalmente desde sectores relacionados con la comercialización y la utilización de productos químicos de uso agropecuario que reclaman en primer lugar sobre la salida de la localidad en cuanto a los depósitos por los inconvenientes económicos que esto generaría, pero también cuestionan los otros dos puntos de control y el ingreso de maquinarias.
El control de la normativa es principalmente ejercido por los vecinos, que con sus testimonios e incluso documentos fotográficos alertan sobre el incumplimiento de los artículos de la ordenanza y hoy, sin dudas, son los actores principales que inciden para que esta normativa sea respetada en bien de la salud y el medio ambiente.
En Berrotarán, tras el reclamo de vecinos de un barrio y la elevación de un petitorio con más de un centenar de firmas, el Ejecutivo municipal promulgó la última semana una resolución que estableció una “zona de resguardo ambiental” en un radio de 200 metros alrededor de la localidad, a partir del límite de las plantas urbanas del municipio, donde no se autorizará y no será posible la aplicación de ningún tipo de producto agroquímico de uso agrícola. Asimismo, a través de la misma resolución, se creó también una Comisión mixta de seguimiento y estudio en la aplicación de la ley provincial de Agroquímicos Nº 9164.
Sumadas las últimas incorporaciones, en todo el territorio cordobés son una veintena las localidades que tienen ordenanzas propias.
Primeros pasos hacia la regulación
Del Campillo. Fue una de las primeras localidades que inició el proceso de cuidados ambientales impidiendo el estacionamiento y/o tráfico de máquinas pulverizadoras en el casco urbano.
Las Vertientes. Tanto el municipio como el Concejo Deliberante trabajaron para la promulgación de una ordenanza que prohíba fumigar a no menos de 500 metros del casco urbano. Asimismo, se acordó sancionar una ordenanza de adhesión a la ley 9164.
Adelia María. La Municipalidad adquirió un terreno de 6 hectáreas y media situado en la periferia sobre ruta provincial E 86 para la guarda de productos agroquímicos. Los depósitos estarán en el sector este del pueblo, mientras que todas las máquinas de pulverización se encontrarán estacionadas en el noroeste de la localidad.
Las Acequias. En esta localidad se instalaron dos silos de malla tejida para que los productores rurales arrojen allí sus envases sin contaminar banquinas o cursos de agua.
Coronel Moldes. A mediados de este año, en el Concejo se comenzó a debatir un proyecto para regular las fumigaciones y ubicación de depósitos. Pero surgieron numerosos aspectos no contemplados que dieron lugar a reclamos de vecinos.
Asimismo, hay un inconveniente difícil de salvar: la ubicación del Aero Club (allí se cargan los aviones), que se encuentra a metros del tanque de agua que distribuye el líquido a toda la comunidad y a unos 200 metros de dos importantes barrios. Ante la necesidad de rever y hacer un análisis más profundo de la situación, los ediles decidieron que el tema será retomado en el 2013.
Achiras. El Ejecutivo municipal promulgó una ordenanza con la cual fija una zona de resguardo ambiental, prohibiendo la fumigación en toda la cuenca de los arroyos que drenan agua hacia la presa Achiras, declarada reserva hídrica y de flora y fauna. Los cursos de agua comprendidos dentro de la legislación son los arroyos Los Coquitos y Achiras.
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Los ambientes de lagunas y arroyos, en serio riesgo
Amplían las zonas de prohibición para las fumigaciones periurbanas
Más allá de la ley provincial, los municipios generan sus ordenanzas que procuran ajustarse a la realidad de sus comunidades. Pero siguen los reclamos por depósitos y comercios que funcionan en pleno centro
Problemas de salud, alteraciones y malformaciones en anfibios de lagunas de la zona y fuertes emanaciones vuelven a ser temas recurrentes que siguen sumando al debate sobre los riesgos de los agrotóxicos, aun de aquellos considerados de banda verde.
En Berrotarán, tras una protesta de vecinos, el gobierno municipal emitió una resolución determinando una zona de resguardo ambiental que procura evitar las fumigaciones a metros de viviendas. Así también lo hizo General Cabrera adhiriendo a la ley provincial de Agroquímicos.
En tanto, en Ucacha, el biólogo Fernando Carezzano advirtió sobre la existencia de ranas con distintas malformaciones, que serían causadas por restos de agroquímicos que contaminan los espejos de agua de la región.
Aunque con mayor conciencia, el tema sobre el uso de estos productos continúa generando polémica en los pueblos. La confrontación de intereses en ocasiones pone freno a la aplicación de legislaciones u ordenanzas que buscan evitar el uso de agrotóxicos en proximidades de las comunidades.
La mayoría de las poblaciones del sur cordobés es agrodependiente y el límite entre campo y barriadas sólo lo demarcan las calles, de allí los constantes reclamos por contaminaciones. Asimismo, los depósitos y comercios que trabajan con estos productos en su mayoría se encuentran dentro de las calles centrales de cada comunidad, así como también la circulación de aplicadores o camionetas transportando bidones amplían el debate.
Mientras la ley provincial de Agroquímicos (Nº 9164) da un marco regulatorio al tema, a cada municipio le queda la responsabilidad de adecuarla a la realidad de sus comunidades. En ese camino son varias las poblaciones que han promulgado ordenanzas complementarias, y otras están en vías de hacerlo, pero siempre intentando encontrar el equilibrio entre la necesidad de cuidar el medio ambiente y la salud y la economía de las comunidades, que es netamente agrodependiente.
Huinca Renancó, el modelo
Huinca Renancó es precursora en cuanto al control sobre el uso de agroquímicos; sin embargo, la gestación y la posterior aprobación de la ordenanza llevó un largo período de unos cinco años.
La misma surgió ante una cierta necesidad de aportar más control sobre el uso de pesticidas en la ciudad y sus inmediaciones. Para esto, la entonces directora de Ambiente en el año 2006 comenzó a trabajar en un proyecto que ampliara la ley provincial Nº 9164 en aspectos débiles, en los que se hacía necesario reforzar la normativa.
Otro de los temas a resolver fue la existencia de unos siete depósitos de agrotóxicos dentro del radio urbano y la circulación de máquinas aplicadoras en la ciudad.
De esta forma, a fines del año 2011 se aprobó por unanimidad la ordenanza local 1221/11 “Control sobre depósitos, almacenamiento, comercialización y aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario en el radio urbano y zona de resguardo ambiental”.
A partir de ese momento, Huinca Renancó se convirtió en la decimosegunda localidad de la provincia en contar con una ordenanza local que regule el tema de agroquímicos, con la creación de una zona de resguardo ambiental de unos 250 metros más allá de los límites del radio urbano con el fin de resguardar la salud de los vecinos ante las fumigaciones periurbanas; además, se puso un plazo (sobre el cual quedan seis meses) para que los depósitos de agroquímicos se retiren de la ciudad y se prohibió la circulación de máquinas aplicadoras por el radio urbano.
Desde su reglamentación, la ordenanza tiene cierta resistencia principalmente desde sectores relacionados con la comercialización y la utilización de productos químicos de uso agropecuario que reclaman en primer lugar sobre la salida de la localidad en cuanto a los depósitos por los inconvenientes económicos que esto generaría, pero también cuestionan los otros dos puntos de control y el ingreso de maquinarias.
El control de la normativa es principalmente ejercido por los vecinos, que con sus testimonios e incluso documentos fotográficos alertan sobre el incumplimiento de los artículos de la ordenanza y hoy, sin dudas, son los actores principales que inciden para que esta normativa sea respetada en bien de la salud y el medio ambiente.
En Berrotarán, tras el reclamo de vecinos de un barrio y la elevación de un petitorio con más de un centenar de firmas, el Ejecutivo municipal promulgó la última semana una resolución que estableció una “zona de resguardo ambiental” en un radio de 200 metros alrededor de la localidad, a partir del límite de las plantas urbanas del municipio, donde no se autorizará y no será posible la aplicación de ningún tipo de producto agroquímico de uso agrícola. Asimismo, a través de la misma resolución, se creó también una Comisión mixta de seguimiento y estudio en la aplicación de la ley provincial de Agroquímicos Nº 9164.
Sumadas las últimas incorporaciones, en todo el territorio cordobés son una veintena las localidades que tienen ordenanzas propias.
Primeros pasos hacia la regulación
Del Campillo. Fue una de las primeras localidades que inició el proceso de cuidados ambientales impidiendo el estacionamiento y/o tráfico de máquinas pulverizadoras en el casco urbano.
Las Vertientes. Tanto el municipio como el Concejo Deliberante trabajaron para la promulgación de una ordenanza que prohíba fumigar a no menos de 500 metros del casco urbano. Asimismo, se acordó sancionar una ordenanza de adhesión a la ley 9164.
Adelia María. La Municipalidad adquirió un terreno de 6 hectáreas y media situado en la periferia sobre ruta provincial E 86 para la guarda de productos agroquímicos. Los depósitos estarán en el sector este del pueblo, mientras que todas las máquinas de pulverización se encontrarán estacionadas en el noroeste de la localidad.
Las Acequias. En esta localidad se instalaron dos silos de malla tejida para que los productores rurales arrojen allí sus envases sin contaminar banquinas o cursos de agua.
Coronel Moldes. A mediados de este año, en el Concejo se comenzó a debatir un proyecto para regular las fumigaciones y ubicación de depósitos. Pero surgieron numerosos aspectos no contemplados que dieron lugar a reclamos de vecinos.
Asimismo, hay un inconveniente difícil de salvar: la ubicación del Aero Club (allí se cargan los aviones), que se encuentra a metros del tanque de agua que distribuye el líquido a toda la comunidad y a unos 200 metros de dos importantes barrios. Ante la necesidad de rever y hacer un análisis más profundo de la situación, los ediles decidieron que el tema será retomado en el 2013.
Achiras. El Ejecutivo municipal promulgó una ordenanza con la cual fija una zona de resguardo ambiental, prohibiendo la fumigación en toda la cuenca de los arroyos que drenan agua hacia la presa Achiras, declarada reserva hídrica y de flora y fauna. Los cursos de agua comprendidos dentro de la legislación son los arroyos Los Coquitos y Achiras.
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Los ambientes de lagunas y arroyos, en serio riesgo
Según el biólogo Carezzano hay malformaciones en ranas por contaminación. A su vez, un trabajo de una investigadora de la UNRC asegura que el avance de los ecoagrosistemas son letales para los anfibios
Las leyes vigentes en torno al control de agroquímicos muestran algunos flancos débiles, entre los cuales se encuentra la falta de información respecto a la situación de las escuelas rurales -rodeadas de campos cultivados-, las lagunas y los arroyos.
Sobre el primer punto, fueron docentes de colegios próximos a Villa Huidobro quienes alzaron la voz de alerta. Es que las fumigaciones aé-reas, en determinadas épocas del año, exponen a los chicos a los agrotóxicos que se esparcen, así como contaminan las fuentes de agua.
Respecto de la situación de arroyos y ríos, fue el biólogo Fernando Carezzano quien advirtió sobre la existencia de ranas con malformaciones en lagunas próximas a Ucacha. La investigación que viene realizando este investigador junto a otros profesionales de la Universidad de Córdoba abona la idea de que estas alteraciones son consecuencia de la contaminación por agroquímicos. En épocas de lluvia, por el propio desnivel de los terrenos, o las mismas napas arrastran a los cursos de agua desechos de agroquímicos de los campos; asimismo, aparecen bidones flotando en los espejos de agua.
Deterioro ambiental
Un estudio de la Universidad de Río Cuarto también revela el grado de deterioro ambiental que hay en la región central de la provincia por el avance de la agricultura y la ganadería.
La investigación la realizó la doctora Clarisa Bionda, investigadora de la Universidad de Río Cuarto y becaria de Conicet, y parte de los resultados son expuestos en la página de web de la UNRC.
La misma demuestra que el avance de los “agroecosistemas” produce efectos letales en especies de anfibios, lo cual refleja un grado de deterioro ambiental importante en la región central de Córdoba. “A través de este estudio buscamos evaluar de qué manera la acción del hombre afecta las poblaciones de las ranas y los sapos”.
La bióloga manifestó que los agroecosistemas generan ambientes inestables para los anfibios, ya que son lugares en donde se modifica el paisaje producto de la actividad agrícola- ganadera y de las consecuencias de la no rotación de cultivos. “Esto implica que año tras año existan cada vez menos números de especies y en menor cantidad, es decir, se ve afectada su demografía y habría que analizar si esto podría llevar a la extinción de las especies”, dijo Bionda.
El estudio adquiere especial importancia puesto que los anfibios son considerados bioindicadores, es decir, organismos que sirven para evaluar variaciones en la calidad ambiental, ya que poseen características morfofisiológicas particulares, y requerimientos de hábitats acuáticos y terrestres en condiciones óptimas, siendo más susceptibles que otros vertebrados ante un cambio producido en su entorno (contaminación, cambios de temperatura, períodos de sequía, sobrepastoreo, etcétera). Bionda dijo que los muestreos fueron realizados en cuatro sitios ubicados en los alrededores de Río Cuarto.
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En febrero comenzaría en Córdoba el segundo juicio por fumigaciones
Las leyes vigentes en torno al control de agroquímicos muestran algunos flancos débiles, entre los cuales se encuentra la falta de información respecto a la situación de las escuelas rurales -rodeadas de campos cultivados-, las lagunas y los arroyos.
Sobre el primer punto, fueron docentes de colegios próximos a Villa Huidobro quienes alzaron la voz de alerta. Es que las fumigaciones aé-reas, en determinadas épocas del año, exponen a los chicos a los agrotóxicos que se esparcen, así como contaminan las fuentes de agua.
Respecto de la situación de arroyos y ríos, fue el biólogo Fernando Carezzano quien advirtió sobre la existencia de ranas con malformaciones en lagunas próximas a Ucacha. La investigación que viene realizando este investigador junto a otros profesionales de la Universidad de Córdoba abona la idea de que estas alteraciones son consecuencia de la contaminación por agroquímicos. En épocas de lluvia, por el propio desnivel de los terrenos, o las mismas napas arrastran a los cursos de agua desechos de agroquímicos de los campos; asimismo, aparecen bidones flotando en los espejos de agua.
Deterioro ambiental
Un estudio de la Universidad de Río Cuarto también revela el grado de deterioro ambiental que hay en la región central de la provincia por el avance de la agricultura y la ganadería.
La investigación la realizó la doctora Clarisa Bionda, investigadora de la Universidad de Río Cuarto y becaria de Conicet, y parte de los resultados son expuestos en la página de web de la UNRC.
La misma demuestra que el avance de los “agroecosistemas” produce efectos letales en especies de anfibios, lo cual refleja un grado de deterioro ambiental importante en la región central de Córdoba. “A través de este estudio buscamos evaluar de qué manera la acción del hombre afecta las poblaciones de las ranas y los sapos”.
La bióloga manifestó que los agroecosistemas generan ambientes inestables para los anfibios, ya que son lugares en donde se modifica el paisaje producto de la actividad agrícola- ganadera y de las consecuencias de la no rotación de cultivos. “Esto implica que año tras año existan cada vez menos números de especies y en menor cantidad, es decir, se ve afectada su demografía y habría que analizar si esto podría llevar a la extinción de las especies”, dijo Bionda.
El estudio adquiere especial importancia puesto que los anfibios son considerados bioindicadores, es decir, organismos que sirven para evaluar variaciones en la calidad ambiental, ya que poseen características morfofisiológicas particulares, y requerimientos de hábitats acuáticos y terrestres en condiciones óptimas, siendo más susceptibles que otros vertebrados ante un cambio producido en su entorno (contaminación, cambios de temperatura, períodos de sequía, sobrepastoreo, etcétera). Bionda dijo que los muestreos fueron realizados en cuatro sitios ubicados en los alrededores de Río Cuarto.
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En febrero comenzaría en Córdoba el segundo juicio por fumigaciones
Se trata de un hecho ocurrido en Colonia Tirolesa en un sembradío de papa. Así lo informó Darío Ávila, querellante en la causa de barrio Ituzaingó. En diálogo con PUNTAL, el abogado analizó los cambios provocados hasta ahora por el primer fallo que consideró como delito la aplicación de agroquímicos
El fallo judicial emitido por la Cámara Primera del Crimen de la Ciudad de Córdoba en agosto pasado, que condenó a un productor y un aplicador por fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó Anexo, ha generado profundos cambios y debates en torno de esta problemática. El abogado Darío Ávila, querellante de la causa del barrio cordobés que se convirtió en histórica, analizó en diálogo con PUNTAL las repercusiones que esta sentencia ha tenido hasta ahora en la provincia y señaló que en febrero comenzaría un segundo juicio por aplicación de agroquímicos en la localidad de Colonia Tirolesa.
Durante su visita a Río Cuarto, en el marco de una jornada organizada por la UNRC, Ávila destacó que el fallo de barrio Ituzaingó se ha transformado en una importante herramienta para los vecinos que se ven afectados por las fumigaciones, quienes a partir de ahora pueden acudir a la Justicia. Esto es lo que ocurrió en Colonia Tirolesa, donde el productor Néstor Conci habría aplicado un insecticida peligroso para la salud a sólo 20 metros de una zona poblada y actualmente se encuentra imputado por el delito de contaminación ambiental.
A este caso, que sería juzgado en febrero próximo, se suma una nueva denuncia por una fumigación que se llevó a cabo en la localidad de Villa Ciudad Parque. “Allí ya está interviniendo el fiscal de Río Tercero, el doctor Carvallo, quien ha imputado al productor y lo ha hecho basándose en los considerandos y fundamentos del fallo de Ituzaingó, es decir, aplicando la ley nacional de Residuos Peligrosos”, precisó el abogado cordobés.
Una bisagra
-¿Qué cambios observa a partir del juicio de Ituzaingó en relación con la problemática de las fumigaciones y el derecho ambiental?-, consultó PUNTAL al especialista.
-Evidentemente, el fallo de barrio Ituzaingó para quienes venimos peleando con esta problemática ha significado un quiebre, una bisagra. A partir de allí, el primer hecho significativo que ha generado, y que uno lo ve en la práctica diaria, es la importancia de que un tribunal haya decidido que las fumigaciones, cuando afectan la salud pública, constituyen un delito.
Eso es fundamental y les otorga a los vecinos una herramienta muy eficaz para defender sus derechos porque con anterioridad a este hecho, ante una agresión que podían padecer los vecinos con motivo de una fumigación, la posibilidad que les quedaba era hacer una denuncia en el municipio, en la policía o en el Ministerio de Agricultura, que es el órgano de aplicación de la ley fitosanitaria.
Lamentablemente nunca se le ha dado respuesta a ese tipo de reclamos, ahora, a partir de este fallo, se pueden obviar esas instancias, que a mi criterio han sido absolutamente ineficaces para dar respuestas a los problemas de la gente, y pueden acudir directamente a una instancia judicial y promover una denuncia ante una fiscalía.
Asimismo, el querellante del juicio llevado adelante por las Madres de barrio Ituzaingó destacó que la sentencia ha generado avances en diversos municipios “a partir de la iniciativa que están tomando los propios vecinos, como estó ocurriendo ahora aquí en Río Cuarto”. En este sentido, señaló que en el último tiempo grupos de ciudadanos de diversas localidades han presentado proyectos de ordenanza para alejar las fumigaciones de zonas urbanas.
“El fallo ha sido un disparador porque evidentemente los intendentes no quieren verse involucrados en cuanto al grado de responsabilidad que ellos tienen como funcionarios públicos para preservar la salud de los vecinos”, agregó.
Concientización
-¿Cómo ve la situación actual del interior de Córdoba y de Río Cuarto en cuanto a esta temática?
-La veo como una movida muy auspiciosa, porque el fallo ha trascendido el barrio Ituzaingó, que a partir de esto hemos logrado visibilizar un problema que durante mucho tiempo se trató de ocultar y que la ciudadanía ha tomado mucha conciencia y esa es nuestra mayor fortaleza. Cuando el ciudadano reconoce que tiene derechos, que tiene que reclamar por ellos y en la medida que reclama obtiene resultados, como en el caso de Ituzaingó, eso es muy alentador porque evidentemente es lo que nos va a permitir seguir llevando adelante la necesidad de rediscutir el modelo y las normas.
Al referirse a Río Cuarto, Ávila valoró el modo en que la UNRC está abordando este problema: “Es muy saludable que las instituciones públicas, y principalmente las universidades, no solamente se manifiesten con la problemática, sino también que fijen posición política porque discutir el modelo es discutir todas estas cuestiones”, dijo el abogado.
En el mismo sentido, destacó la labor que vienen realizando los vecinos que integran la Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos en relación con la concientización y la visibilización de esta problemática.
Por otro lado, Ávila cuestionó la ley de Agroquímicos vigente en Córdoba, así como las normas equivalentes en otras provincias del país: “Todas mantienen una matriz muy similar, que es permitir la utilización de estos productos clasificados como grado 3 y 4 que son los de menos toxicidad en cercanías de la población. Lo que nosotros hemos demostrado es que seguir permitiendo la actividad en estas condiciones afecta al medio ambiente y a través de ello a la salud de la población”.
Y agregó que una de las mayores falencias de estas normas es que no consideran el problema de la deriva, el cual implica que “factores climáticos como la humedad, la temperatura y el viento inciden sobre la fumigación dándole una característica de incontrolable”.
“Los ingenieros agrónomos tienen una cuota de responsabilidad sobre este modelo”
El abogado Darío Ávila también se refirió a la polémica desatada a raíz de la reciente imputación de cinco ingenieros agrónomos en lo que se conoce como “causa madre” del barrio Ituzaingó Anexo, donde se investigan las fuentes de contaminación del barrio.
En los últimos días, las imputaciones a estos profesionales por parte del fiscal Carlos Matheu generaron cuestionamientos de parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba y de entidades rurales.
Al respecto, el abogado subrayó: “Me parece que es una decisión muy importante que toma el fiscal porque evidentemente los ingenieros tienen una cuota de responsabilidad sobre este modelo porque son quienes principalmente lo sostienen”.
Y agregó: “No olvidemos que el Colegio de Ingenieros Agrónomos en su momento participó en la redacción de la ley provincial de Agroquímicos, que tiene una matriz eminentemente productiva y no contempla ningún criterio de protección ni ambiental ni sanitario. Los propios ingenieros que elaboran la ley son los que después venden los productos agrotóxicos, son los que aparecen firmando las recetas fitosanitarias y en algunos municipios autorizando las fumigaciones”.
Una de las reacciones que despertó el involucramiento de ingenieros agrónomos en la causa de Ituzaingó fue el hecho de que los mismos sean juzgados basándose en la ley de Residuos Peligrosos y no en la ley provincial de Agroquímicos.
Ante ello, Ávila sostuvo: “Ellos plantean algún tipo de conflictos entre normas de carácter administrativo porque les resultan más beneficiosas a sus intereses, porque
evidentemente no es lo mismo cometer una infracción administrativa que un delito”.
Según indicó el abogado, hasta ahora cualquier violación a la ley de Agroquímicos se sancionaba con una multa o un decomiso. De este modo, el fallo de Ituzaingó “ha generado una preocupación porque pueden verse imputados por un hecho ilícito y hace que actúen así en forma corporativa”, dijo en relación con las declaraciones realizadas por asociaciones de productores e ingenieros agrónomos.
De cualquier manera, cabe destacar que tras una apelación de los condenados en la causa del barrio cordobés, aún se espera que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre la validez del fallo que considera como delito a las fumigaciones que afecten la salud.
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El fallo judicial emitido por la Cámara Primera del Crimen de la Ciudad de Córdoba en agosto pasado, que condenó a un productor y un aplicador por fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó Anexo, ha generado profundos cambios y debates en torno de esta problemática. El abogado Darío Ávila, querellante de la causa del barrio cordobés que se convirtió en histórica, analizó en diálogo con PUNTAL las repercusiones que esta sentencia ha tenido hasta ahora en la provincia y señaló que en febrero comenzaría un segundo juicio por aplicación de agroquímicos en la localidad de Colonia Tirolesa.
Durante su visita a Río Cuarto, en el marco de una jornada organizada por la UNRC, Ávila destacó que el fallo de barrio Ituzaingó se ha transformado en una importante herramienta para los vecinos que se ven afectados por las fumigaciones, quienes a partir de ahora pueden acudir a la Justicia. Esto es lo que ocurrió en Colonia Tirolesa, donde el productor Néstor Conci habría aplicado un insecticida peligroso para la salud a sólo 20 metros de una zona poblada y actualmente se encuentra imputado por el delito de contaminación ambiental.
A este caso, que sería juzgado en febrero próximo, se suma una nueva denuncia por una fumigación que se llevó a cabo en la localidad de Villa Ciudad Parque. “Allí ya está interviniendo el fiscal de Río Tercero, el doctor Carvallo, quien ha imputado al productor y lo ha hecho basándose en los considerandos y fundamentos del fallo de Ituzaingó, es decir, aplicando la ley nacional de Residuos Peligrosos”, precisó el abogado cordobés.
Una bisagra
-¿Qué cambios observa a partir del juicio de Ituzaingó en relación con la problemática de las fumigaciones y el derecho ambiental?-, consultó PUNTAL al especialista.
-Evidentemente, el fallo de barrio Ituzaingó para quienes venimos peleando con esta problemática ha significado un quiebre, una bisagra. A partir de allí, el primer hecho significativo que ha generado, y que uno lo ve en la práctica diaria, es la importancia de que un tribunal haya decidido que las fumigaciones, cuando afectan la salud pública, constituyen un delito.
Eso es fundamental y les otorga a los vecinos una herramienta muy eficaz para defender sus derechos porque con anterioridad a este hecho, ante una agresión que podían padecer los vecinos con motivo de una fumigación, la posibilidad que les quedaba era hacer una denuncia en el municipio, en la policía o en el Ministerio de Agricultura, que es el órgano de aplicación de la ley fitosanitaria.
Lamentablemente nunca se le ha dado respuesta a ese tipo de reclamos, ahora, a partir de este fallo, se pueden obviar esas instancias, que a mi criterio han sido absolutamente ineficaces para dar respuestas a los problemas de la gente, y pueden acudir directamente a una instancia judicial y promover una denuncia ante una fiscalía.
Asimismo, el querellante del juicio llevado adelante por las Madres de barrio Ituzaingó destacó que la sentencia ha generado avances en diversos municipios “a partir de la iniciativa que están tomando los propios vecinos, como estó ocurriendo ahora aquí en Río Cuarto”. En este sentido, señaló que en el último tiempo grupos de ciudadanos de diversas localidades han presentado proyectos de ordenanza para alejar las fumigaciones de zonas urbanas.
“El fallo ha sido un disparador porque evidentemente los intendentes no quieren verse involucrados en cuanto al grado de responsabilidad que ellos tienen como funcionarios públicos para preservar la salud de los vecinos”, agregó.
Concientización
-¿Cómo ve la situación actual del interior de Córdoba y de Río Cuarto en cuanto a esta temática?
-La veo como una movida muy auspiciosa, porque el fallo ha trascendido el barrio Ituzaingó, que a partir de esto hemos logrado visibilizar un problema que durante mucho tiempo se trató de ocultar y que la ciudadanía ha tomado mucha conciencia y esa es nuestra mayor fortaleza. Cuando el ciudadano reconoce que tiene derechos, que tiene que reclamar por ellos y en la medida que reclama obtiene resultados, como en el caso de Ituzaingó, eso es muy alentador porque evidentemente es lo que nos va a permitir seguir llevando adelante la necesidad de rediscutir el modelo y las normas.
Al referirse a Río Cuarto, Ávila valoró el modo en que la UNRC está abordando este problema: “Es muy saludable que las instituciones públicas, y principalmente las universidades, no solamente se manifiesten con la problemática, sino también que fijen posición política porque discutir el modelo es discutir todas estas cuestiones”, dijo el abogado.
En el mismo sentido, destacó la labor que vienen realizando los vecinos que integran la Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos en relación con la concientización y la visibilización de esta problemática.
Por otro lado, Ávila cuestionó la ley de Agroquímicos vigente en Córdoba, así como las normas equivalentes en otras provincias del país: “Todas mantienen una matriz muy similar, que es permitir la utilización de estos productos clasificados como grado 3 y 4 que son los de menos toxicidad en cercanías de la población. Lo que nosotros hemos demostrado es que seguir permitiendo la actividad en estas condiciones afecta al medio ambiente y a través de ello a la salud de la población”.
Y agregó que una de las mayores falencias de estas normas es que no consideran el problema de la deriva, el cual implica que “factores climáticos como la humedad, la temperatura y el viento inciden sobre la fumigación dándole una característica de incontrolable”.
“Los ingenieros agrónomos tienen una cuota de responsabilidad sobre este modelo”
El abogado Darío Ávila también se refirió a la polémica desatada a raíz de la reciente imputación de cinco ingenieros agrónomos en lo que se conoce como “causa madre” del barrio Ituzaingó Anexo, donde se investigan las fuentes de contaminación del barrio.
En los últimos días, las imputaciones a estos profesionales por parte del fiscal Carlos Matheu generaron cuestionamientos de parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba y de entidades rurales.
Al respecto, el abogado subrayó: “Me parece que es una decisión muy importante que toma el fiscal porque evidentemente los ingenieros tienen una cuota de responsabilidad sobre este modelo porque son quienes principalmente lo sostienen”.
Y agregó: “No olvidemos que el Colegio de Ingenieros Agrónomos en su momento participó en la redacción de la ley provincial de Agroquímicos, que tiene una matriz eminentemente productiva y no contempla ningún criterio de protección ni ambiental ni sanitario. Los propios ingenieros que elaboran la ley son los que después venden los productos agrotóxicos, son los que aparecen firmando las recetas fitosanitarias y en algunos municipios autorizando las fumigaciones”.
Una de las reacciones que despertó el involucramiento de ingenieros agrónomos en la causa de Ituzaingó fue el hecho de que los mismos sean juzgados basándose en la ley de Residuos Peligrosos y no en la ley provincial de Agroquímicos.
Ante ello, Ávila sostuvo: “Ellos plantean algún tipo de conflictos entre normas de carácter administrativo porque les resultan más beneficiosas a sus intereses, porque
evidentemente no es lo mismo cometer una infracción administrativa que un delito”.
Según indicó el abogado, hasta ahora cualquier violación a la ley de Agroquímicos se sancionaba con una multa o un decomiso. De este modo, el fallo de Ituzaingó “ha generado una preocupación porque pueden verse imputados por un hecho ilícito y hace que actúen así en forma corporativa”, dijo en relación con las declaraciones realizadas por asociaciones de productores e ingenieros agrónomos.
De cualquier manera, cabe destacar que tras una apelación de los condenados en la causa del barrio cordobés, aún se espera que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre la validez del fallo que considera como delito a las fumigaciones que afecten la salud.
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