21 oct 2012
Ya se habla de cambiar la norma de fumigaciones
12:14 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (21/10/2012)
Fumigaciones: debaten cambio de normas
La sentencia judicial por barrio Ituzaingó impacta en la discusión de eventuales modificaciones de las normas para aplicar agroquímicos en Córdoba. Los aplicadores tienen más temores, y los vecinos se organizan para prevenir. Debate sobre las zonas de resguardo.
No fue un fallo judicial más. La sentencia que hace dos meses condenó a un productor rural y a un aeroaplicador por fumigaciones en campos pegados a barrio Ituzaingó, de Córdoba, parece plantarse como una bisagra.
Productores y aplicadores que trabajan campos al lado de zonas urbanas empiezan a preguntarse ahora si no podrían ser denunciados también de afectar la salud de los vecinos. Y esos vecinos han sumado más aliento para reclamar que las pulverizaciones se alejen de sus narices.
El caso de barrio Ituzaingó fue el primero en su tipo que llegó a juicio en el país. Las condenas resueltas por el tribunal no fueron sólo por considerar que se había fumigado sin acatar las normas de aplicación, sino, además, por comprometer con esa acción la salud de una población.
Las condenas no están firmes porque fueron apeladas. Pero sí quedó firme el debate abierto sobre la regulación legal en esta materia.
Desde 2004, rige en Córdoba la Ley de Agroquímicos 9.164. Fue un paso adelante en relación con el escenario de descontrol anterior. Pero no parece suficiente, a la luz de los reclamos que se multiplican en poblaciones linderas a campos, mientras la discusión científica sobre el impacto en la salud suma capítulos en el mundo.
Son 17 los municipios y comunas cordobesas que ya han dictado normas propias, más restrictivas que esa ley provincial. Otras tantas las están debatiendo ahora.
A nivel provincial, en tanto, el Gobierno no promueve por ahora cambios en la ley vigente, aunque una comisión que integran representantes del Ministerio de Agricultura, de universidades y del Colegio de Ingenieros Agrónomos está evaluando eventuales modificaciones.
Algo cambió. “Hay un antes y un después del fallo judicial”, admite Nila Busso, presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que tuvo un papel central en la elaboración de la ley 9.164. “Notamos que hay más inquietud de los profesionales para conocer su responsabilidad legal y, sobre todo, de los municipios por buscar más asesoramiento”, indicó Busso.
Los agrónomos no ven bien la proliferación de restricciones municipales. “Aparecen regulaciones no coincidentes y que hasta contradicen la ley provincial. Municipios y Provincia deberían unificar criterios porque se va perdiendo seguridad jurídica”, resumió Busso.
“Nosotros pregonamos el uso controlado y responsable de los agroquímicos, y pedimos que se cumpla y controle la ley”, remarcó.
Sobre la posibilidad de que se modifique la ley para crear “zonas de resguardo” que impidan fumigaciones pegadas a viviendas, Busso planteó que el Colegio “está abierto al debate de alternativas”.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos integra el Consejo Asesor Agroquímico, junto al Ministerio de Agricultura, representantes de universidades y otros sectores, que se reúne cada mes. En ese ámbito –según Busso– se vienen analizando eventuales reformas a la ley provincial o, más posiblemente, a su reglamentación. “Es una discusión aún abierta”, indicó. Pero el fallo por Ituzaingó la aceleró.
Los agrónomos, en general, hasta ahora pregonaban que se acentúe el control para hacer cumplir la actual ley, antes que modificarla creando zonas con restricciones. Suelen repetir que “es peor una aplicación mal hecha a dos mil metros de un barrio que una bien hecha a 150 metros”.
Límites. Paren de Fumigar se llama la agrupación de vecinos que vienen movilizándose para reclamar más restricciones, con presencia en más de 20 localidades cordobesas. El abogado Darío Avila los asesora en materia legal.
“El fallo de Ituzaingó representa un hito histórico. Hizo más visible la problemática y aporta ante un vacío legal que no definía cuándo hay delito y cuándo se afecta la salud y el ambiente”, señaló.
Avila marcó que el fallo abre el camino “para que se discutan cambios en las leyes de todas las provincias”. Sostuvo que “lo mínimo es que se defina una zona de restricción alrededor de localidades y escuelas rurales, donde no se permita ninguna fumigación”. Apuntó que “ahora lo están haciendo algunas localidades por su cuenta, pero debiera ser una norma nacional”. Las agrupaciones que representa reclaman que esa restricción sea de 1.500 metros. “Con la actual ley, fumigan a metros de donde vive gente”, subrayó.
“Cada vez aparecen más pruebas que demuestran cómo afectan a la salud los agrotóxicos. Lo que falta es que, por ejemplo, el ente nacional Senasa contemple estudios sobre los efectos crónicos, que hasta ahora no quieren considerar”, marcó.
Desde estos sectores se plantea que el debate de fondo es “el modelo de producción agrario” vigente, sobre todo sojero, que se sostiene sobre un paquete tecnológico que combina las semillas transgénicas con el uso intensivo de agroquímicos.
Cómo se aplica la ley
Hace ocho años. La vigente ley provincial 9.164, sancionada en 2004, establece que no se puede fumigar con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico) en los 500 metros lindantes con áreas habitadas de pueblos y ciudades.
Cerca de casa. Los clasificados como clases III y IV (de menor toxicidad, según el ente nacional Senasa) se pueden usar aun a metros de viviendas, aunque bajo ciertas condiciones. Entre ellas, que un ingeniero agrónomo matriculado elabore la receta fitosanitaria con dosis a usar, y se haga responsable de la aplicación; que el personal y la maquinaria utilizada estén habilitados; que se notifique al municipio para que este autorice la aplicación según factores climáticos como viento y otros. El glifosato, conocido por ser el más usado en el actual esquema agrícola, está en este grupo.
Aéreo, más lejos. La misma ley prohíbe las fumigaciones aéreas de cualquier tipo en los primeros 500 metros y las que usen químicos de las tres clases de mayor riesgo a menos de 1.500 metros de pueblos y ciudades.
Control. La ley define que el Ministerio de Agricultura es la autoridad de control. En esa cartera señalan que se labran decenas de actas de infracción por mes. La oposición cuestiona que el control es insuficiente. El sistema hace reposar parte del contralor en municipios y comunas que, en muchos casos, no tienen capacidad técnica ni estructura para hacerlo, o no muestran mucha voluntad.
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Entre la inquietud de productores y el temor de los vecinos
Vale un caso para explicar tantos otros. Bell Ville, en el sudeste cordobés, es una de las ciudades del interior que viene discutiendo si sanciona una ordenanza propia con mayores restricciones a las fumigaciones pegadas al radio urbano. Tras el fallo judicial por barrio Ituzaingó, de la Capital, también aquí ese debate sumó nuevos elementos.
Un grupo de vecinos viene reclamando una ordenanza que fije una zona de exclusión sin fumigaciones de 1.500 metros. Los productores que trabajan campos en esa área miran de reojo y dudan de la justificación de tal medida. Y los aplicadores, para los que fumigar es su trabajo, admiten inquietud.
Miriam González tiene una empresa fumigadora desde 1976. “Es un trabajo, en un país en el que se permite fumigar”, argumentó. Opinó que hay creencias equivocadas sobre el uso de agroquímicos: “Habrá algún inconsciente, como en todo rubro, pero la mayoría hace las cosas bien”, dijo, y aseguró que en su caso nunca tuvieron problemas de toxicidad, ni siquiera entre quienes trabajan con los productos desde hace años. “Si se hacen las cosas bien, no hay problemas”, subrayó.
“Ahora, en general, parece que somos mal vistos. A mí hasta me trataron de asesina”, se lamentó González sobre el impacto de la causa de barrio Ituzaingó. Reclamó que las voces de su sector también sean escuchadas. “Fui a una reunión de vecinos en la que quise explicar la actividad, pero no me hicieron sentir bienvenida. Nunca vamos a llegar a un acuerdo si no nos escuchamos”, se quejó.
Jorge Valenti es docente y apicultor. Integra los grupos que se movilizan en Bell Ville para limitar las fumigaciones. “Tras el juicio en Córdoba la gente se interesa más, se anima a hablar. Antes te trataban como loco cuando hablabas del tema”, comentó a este diario.
Aseguró que en la mayoría de las localidades hay fumigaciones terrestres nocturnas que avanzan a metros de las casas, y sostuvo que los controles no alcanzan.
Valenti es apicultor y dice que esa actividad también se perjudica. “Pasan por arriba fumigando y dejan el colchón de abejas muertas en el piso”, planteó. Los apicultores del centro y sur provincial hace años que plantean que su producción de miel ha caído y lo adjudican tanto a los agroquímicos como al avance de la soja que quitó toda variedad de otra flora.
Nuevos loteos. Bell Ville tiene varios desarrollos inmobiliarios que avanzan hacia lotes tradicionalmente agrícolas. Uno se ubica en la salida hacia el paraje Cuatro Caminos. Allí puede verse que el límite es una medianera.
Uno de sus habitantes es Rafael Álvarez, actual presidente del Concejo Deliberante. Contó que se inquietó cuando se le secaron unos pinos aunque dijo no tener certeza de si fue por los agroquímicos aplicados a metros del lugar, por el suelo degradado debido a cortaderos de ladrillos, o a otra causa. “Pero la duda se instala”, razonó.
Como concejal, empezó a atender el tema. “Estamos en busca de información y antecedentes de otras localidades, y viendo las alternativas de cultivos que requieran menos agroquímicos. Queremos preservar los intereses de los vecinos y de las explotaciones agrarias, para no generar perjuicios económicos”, explicó Álvarez. De su bloque oficialista depende que se apruebe o no una ordenanza.
Para el edil, el caso Ituzaingó “puso en público el problema de una manera que hasta ese momento no se estaba tratando”.
En esta ciudad, como en muchas otras, la falta de planificación urbana ayudó a enfrentar los barrios periféricos con los productores que llevan décadas en el lugar. Y cada uno quiere hacer valer sus razones y derechos.
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Ituzaingó, un juicio y un fallo históricos en el país
El 21 de agosto, la Justicia condenó a un productor y a un aeroaplicador por contaminación dolosa en Ituzaingó Anexo.
Los jueces de la Cámara 1ª del Crimen de Córdoba declararon culpables a dos de los tres acusados, por causas iniciadas en 2004 y en 2008.
En aquel barrio del sur de la ciudad de Córdoba, los vecinos reclamaban desde hacía 10 años por los problemas derivados de las fumigaciones que se realizaban a metros de las casas del barrio. Denunciaron casos de cáncer y enfermedades.
En Córdoba existen otras dos causas similares con imputados: una en Villa de María de Río Seco y otra en Colonia Tirolesa.
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Ya hay 17 municipios con restricciones propias
Son 17 municipios y comunas, de los 424 que hay en Córdoba, los ya que regulan la aplicación de fumigaciones.
Dictaron en los últimos años ordenanzas propias para fijar mayores restricciones a las fumigaciones pegadas a sus áreas urbanas. El pionero fue San Francisco, en 2006. Luego se fueron sumando Villa General Belgrano, San Marcos Sierras, Jesús María, Mendiolaza, Las Calles, Villa Ciudad Parque, Oliva, Estación Juárez Celman, Anisacate, Huinca Renancó, Oncativo, General Baldissera, Toledo, Achiras, Las Bajadas y Alta Gracia.
Todos crearon zonas de resguardo, en las que no se puede fumigar. Pero por ejemplo, en Baldissera es de 100 a 250 metros; en Huinca Renancó de 200; en Oliva de 250; en San Francisco y Villa General Belgrano llega a 500 metros, y en Alta Gracia (la mayor exclusión) a los 1.500. Achiras, en realidad, más que los campos vecinos al pueblo, prohibió toda fumigación alrededor de los arroyos que nutren su represa.
El único no vigente es el de Villa Ciudad Parque (Calamuchita) porque un Juzgado hizo lugar a una cautelar presentada por los productores, hasta resolver su constitucionalidad. Pero ahí cada fumigación genera serios conflictos entre las partes.
En varias localidades más el tema está en discusión. Entre ellas, en General Cabrera, Leones, Marcos Juárez, Morrison, Ballesteros, Río Cuarto, San Marcos Sud, Tancacha y Morteros.
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Modificación inevitable
Por Fernando Colautti
Nadie, ni los que creen aún que los agroquímicos permitidos no afectan la salud, elegiría vivir al lado de un campo que se fumigue. Y hay decenas de miles de cordobeses en esa condición.
La discusión urgente, aunque no la única, es si no debiera modificarse la ley provincial para crear zonas de resguardo ambiental, en las que se prohíba todo tipo de pulverizaciones en campos pegados a áreas urbanas. Alguna restricción debería sumarse, además, en torno de escuelas rurales y ríos. Como la ley provincial no lo contempla, varios municipios, bajo presión de sus vecinos, avanzaron con restricciones propias, aunque no coincidentes.
Si la ley no se adapta, se seguirán sumando municipios a esa lista y, de hecho, la norma provincial perderá peso, valor y sentido.
Tras el fallo judicial por barrio Ituzaingó, por otra parte, habrá cada vez más demandas judiciales por fumigaciones pegadas a viviendas, y fallos que terminen fijando limitaciones, si una ley no lo hace.
La Justicia cordobesa ya lo hizo para los campos vecinos a barrio Ituzaingó, en la capital provincial. Pero hay sentencias similares ya dictadas para ciudades de Santa Fe, Buenos Aires y Chaco.
El fallo judicial cordobés de hace dos meses marca la cancha: ya nadie podrá fumigar con displicencia sin suponer que puede cometer un delito penal tipificado.
Mientras el vecino se pregunta si los químicos afectarán su salud, al que fumiga un campo pegado a zonas urbanas se le abre el interrogante sobre los riesgos que corre de ser denunciado. Ante ese marco, crece la impresión de que llegará el momento en que fijar zonas de restricción para todo el mapa será inevitable, además de razonable.
Es cierto que los productores resignarán miles de hectáreas, que deberán ser productivas de otro modo. Pero mucho peor es resignarse a convivir con la duda, a la espera de una certeza de que esas prácticas afectan la salud. Y no hay derecho a eso.
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Fumigaciones: debaten cambio de normas
La sentencia judicial por barrio Ituzaingó impacta en la discusión de eventuales modificaciones de las normas para aplicar agroquímicos en Córdoba. Los aplicadores tienen más temores, y los vecinos se organizan para prevenir. Debate sobre las zonas de resguardo.No fue un fallo judicial más. La sentencia que hace dos meses condenó a un productor rural y a un aeroaplicador por fumigaciones en campos pegados a barrio Ituzaingó, de Córdoba, parece plantarse como una bisagra.
Productores y aplicadores que trabajan campos al lado de zonas urbanas empiezan a preguntarse ahora si no podrían ser denunciados también de afectar la salud de los vecinos. Y esos vecinos han sumado más aliento para reclamar que las pulverizaciones se alejen de sus narices.
El caso de barrio Ituzaingó fue el primero en su tipo que llegó a juicio en el país. Las condenas resueltas por el tribunal no fueron sólo por considerar que se había fumigado sin acatar las normas de aplicación, sino, además, por comprometer con esa acción la salud de una población.
Las condenas no están firmes porque fueron apeladas. Pero sí quedó firme el debate abierto sobre la regulación legal en esta materia.
Desde 2004, rige en Córdoba la Ley de Agroquímicos 9.164. Fue un paso adelante en relación con el escenario de descontrol anterior. Pero no parece suficiente, a la luz de los reclamos que se multiplican en poblaciones linderas a campos, mientras la discusión científica sobre el impacto en la salud suma capítulos en el mundo.
Son 17 los municipios y comunas cordobesas que ya han dictado normas propias, más restrictivas que esa ley provincial. Otras tantas las están debatiendo ahora.
A nivel provincial, en tanto, el Gobierno no promueve por ahora cambios en la ley vigente, aunque una comisión que integran representantes del Ministerio de Agricultura, de universidades y del Colegio de Ingenieros Agrónomos está evaluando eventuales modificaciones.
Algo cambió. “Hay un antes y un después del fallo judicial”, admite Nila Busso, presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que tuvo un papel central en la elaboración de la ley 9.164. “Notamos que hay más inquietud de los profesionales para conocer su responsabilidad legal y, sobre todo, de los municipios por buscar más asesoramiento”, indicó Busso.
Los agrónomos no ven bien la proliferación de restricciones municipales. “Aparecen regulaciones no coincidentes y que hasta contradicen la ley provincial. Municipios y Provincia deberían unificar criterios porque se va perdiendo seguridad jurídica”, resumió Busso.
“Nosotros pregonamos el uso controlado y responsable de los agroquímicos, y pedimos que se cumpla y controle la ley”, remarcó.
Sobre la posibilidad de que se modifique la ley para crear “zonas de resguardo” que impidan fumigaciones pegadas a viviendas, Busso planteó que el Colegio “está abierto al debate de alternativas”.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos integra el Consejo Asesor Agroquímico, junto al Ministerio de Agricultura, representantes de universidades y otros sectores, que se reúne cada mes. En ese ámbito –según Busso– se vienen analizando eventuales reformas a la ley provincial o, más posiblemente, a su reglamentación. “Es una discusión aún abierta”, indicó. Pero el fallo por Ituzaingó la aceleró.
Los agrónomos, en general, hasta ahora pregonaban que se acentúe el control para hacer cumplir la actual ley, antes que modificarla creando zonas con restricciones. Suelen repetir que “es peor una aplicación mal hecha a dos mil metros de un barrio que una bien hecha a 150 metros”.
Límites. Paren de Fumigar se llama la agrupación de vecinos que vienen movilizándose para reclamar más restricciones, con presencia en más de 20 localidades cordobesas. El abogado Darío Avila los asesora en materia legal.
“El fallo de Ituzaingó representa un hito histórico. Hizo más visible la problemática y aporta ante un vacío legal que no definía cuándo hay delito y cuándo se afecta la salud y el ambiente”, señaló.
Avila marcó que el fallo abre el camino “para que se discutan cambios en las leyes de todas las provincias”. Sostuvo que “lo mínimo es que se defina una zona de restricción alrededor de localidades y escuelas rurales, donde no se permita ninguna fumigación”. Apuntó que “ahora lo están haciendo algunas localidades por su cuenta, pero debiera ser una norma nacional”. Las agrupaciones que representa reclaman que esa restricción sea de 1.500 metros. “Con la actual ley, fumigan a metros de donde vive gente”, subrayó.
“Cada vez aparecen más pruebas que demuestran cómo afectan a la salud los agrotóxicos. Lo que falta es que, por ejemplo, el ente nacional Senasa contemple estudios sobre los efectos crónicos, que hasta ahora no quieren considerar”, marcó.
Desde estos sectores se plantea que el debate de fondo es “el modelo de producción agrario” vigente, sobre todo sojero, que se sostiene sobre un paquete tecnológico que combina las semillas transgénicas con el uso intensivo de agroquímicos.
Cómo se aplica la ley
Hace ocho años. La vigente ley provincial 9.164, sancionada en 2004, establece que no se puede fumigar con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico) en los 500 metros lindantes con áreas habitadas de pueblos y ciudades.
Cerca de casa. Los clasificados como clases III y IV (de menor toxicidad, según el ente nacional Senasa) se pueden usar aun a metros de viviendas, aunque bajo ciertas condiciones. Entre ellas, que un ingeniero agrónomo matriculado elabore la receta fitosanitaria con dosis a usar, y se haga responsable de la aplicación; que el personal y la maquinaria utilizada estén habilitados; que se notifique al municipio para que este autorice la aplicación según factores climáticos como viento y otros. El glifosato, conocido por ser el más usado en el actual esquema agrícola, está en este grupo.
Aéreo, más lejos. La misma ley prohíbe las fumigaciones aéreas de cualquier tipo en los primeros 500 metros y las que usen químicos de las tres clases de mayor riesgo a menos de 1.500 metros de pueblos y ciudades.
Control. La ley define que el Ministerio de Agricultura es la autoridad de control. En esa cartera señalan que se labran decenas de actas de infracción por mes. La oposición cuestiona que el control es insuficiente. El sistema hace reposar parte del contralor en municipios y comunas que, en muchos casos, no tienen capacidad técnica ni estructura para hacerlo, o no muestran mucha voluntad.
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Entre la inquietud de productores y el temor de los vecinos
Vale un caso para explicar tantos otros. Bell Ville, en el sudeste cordobés, es una de las ciudades del interior que viene discutiendo si sanciona una ordenanza propia con mayores restricciones a las fumigaciones pegadas al radio urbano. Tras el fallo judicial por barrio Ituzaingó, de la Capital, también aquí ese debate sumó nuevos elementos.
Un grupo de vecinos viene reclamando una ordenanza que fije una zona de exclusión sin fumigaciones de 1.500 metros. Los productores que trabajan campos en esa área miran de reojo y dudan de la justificación de tal medida. Y los aplicadores, para los que fumigar es su trabajo, admiten inquietud.
Miriam González tiene una empresa fumigadora desde 1976. “Es un trabajo, en un país en el que se permite fumigar”, argumentó. Opinó que hay creencias equivocadas sobre el uso de agroquímicos: “Habrá algún inconsciente, como en todo rubro, pero la mayoría hace las cosas bien”, dijo, y aseguró que en su caso nunca tuvieron problemas de toxicidad, ni siquiera entre quienes trabajan con los productos desde hace años. “Si se hacen las cosas bien, no hay problemas”, subrayó.
“Ahora, en general, parece que somos mal vistos. A mí hasta me trataron de asesina”, se lamentó González sobre el impacto de la causa de barrio Ituzaingó. Reclamó que las voces de su sector también sean escuchadas. “Fui a una reunión de vecinos en la que quise explicar la actividad, pero no me hicieron sentir bienvenida. Nunca vamos a llegar a un acuerdo si no nos escuchamos”, se quejó.
Jorge Valenti es docente y apicultor. Integra los grupos que se movilizan en Bell Ville para limitar las fumigaciones. “Tras el juicio en Córdoba la gente se interesa más, se anima a hablar. Antes te trataban como loco cuando hablabas del tema”, comentó a este diario.
Aseguró que en la mayoría de las localidades hay fumigaciones terrestres nocturnas que avanzan a metros de las casas, y sostuvo que los controles no alcanzan.
Valenti es apicultor y dice que esa actividad también se perjudica. “Pasan por arriba fumigando y dejan el colchón de abejas muertas en el piso”, planteó. Los apicultores del centro y sur provincial hace años que plantean que su producción de miel ha caído y lo adjudican tanto a los agroquímicos como al avance de la soja que quitó toda variedad de otra flora.
Nuevos loteos. Bell Ville tiene varios desarrollos inmobiliarios que avanzan hacia lotes tradicionalmente agrícolas. Uno se ubica en la salida hacia el paraje Cuatro Caminos. Allí puede verse que el límite es una medianera.
Uno de sus habitantes es Rafael Álvarez, actual presidente del Concejo Deliberante. Contó que se inquietó cuando se le secaron unos pinos aunque dijo no tener certeza de si fue por los agroquímicos aplicados a metros del lugar, por el suelo degradado debido a cortaderos de ladrillos, o a otra causa. “Pero la duda se instala”, razonó.
Como concejal, empezó a atender el tema. “Estamos en busca de información y antecedentes de otras localidades, y viendo las alternativas de cultivos que requieran menos agroquímicos. Queremos preservar los intereses de los vecinos y de las explotaciones agrarias, para no generar perjuicios económicos”, explicó Álvarez. De su bloque oficialista depende que se apruebe o no una ordenanza.
Para el edil, el caso Ituzaingó “puso en público el problema de una manera que hasta ese momento no se estaba tratando”.
En esta ciudad, como en muchas otras, la falta de planificación urbana ayudó a enfrentar los barrios periféricos con los productores que llevan décadas en el lugar. Y cada uno quiere hacer valer sus razones y derechos.
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Ituzaingó, un juicio y un fallo históricos en el país
El 21 de agosto, la Justicia condenó a un productor y a un aeroaplicador por contaminación dolosa en Ituzaingó Anexo.
Los jueces de la Cámara 1ª del Crimen de Córdoba declararon culpables a dos de los tres acusados, por causas iniciadas en 2004 y en 2008.
En aquel barrio del sur de la ciudad de Córdoba, los vecinos reclamaban desde hacía 10 años por los problemas derivados de las fumigaciones que se realizaban a metros de las casas del barrio. Denunciaron casos de cáncer y enfermedades.
En Córdoba existen otras dos causas similares con imputados: una en Villa de María de Río Seco y otra en Colonia Tirolesa.
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Ya hay 17 municipios con restricciones propias
Son 17 municipios y comunas, de los 424 que hay en Córdoba, los ya que regulan la aplicación de fumigaciones.
Dictaron en los últimos años ordenanzas propias para fijar mayores restricciones a las fumigaciones pegadas a sus áreas urbanas. El pionero fue San Francisco, en 2006. Luego se fueron sumando Villa General Belgrano, San Marcos Sierras, Jesús María, Mendiolaza, Las Calles, Villa Ciudad Parque, Oliva, Estación Juárez Celman, Anisacate, Huinca Renancó, Oncativo, General Baldissera, Toledo, Achiras, Las Bajadas y Alta Gracia.
Todos crearon zonas de resguardo, en las que no se puede fumigar. Pero por ejemplo, en Baldissera es de 100 a 250 metros; en Huinca Renancó de 200; en Oliva de 250; en San Francisco y Villa General Belgrano llega a 500 metros, y en Alta Gracia (la mayor exclusión) a los 1.500. Achiras, en realidad, más que los campos vecinos al pueblo, prohibió toda fumigación alrededor de los arroyos que nutren su represa.
El único no vigente es el de Villa Ciudad Parque (Calamuchita) porque un Juzgado hizo lugar a una cautelar presentada por los productores, hasta resolver su constitucionalidad. Pero ahí cada fumigación genera serios conflictos entre las partes.
En varias localidades más el tema está en discusión. Entre ellas, en General Cabrera, Leones, Marcos Juárez, Morrison, Ballesteros, Río Cuarto, San Marcos Sud, Tancacha y Morteros.
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Nadie, ni los que creen aún que los agroquímicos permitidos no afectan la salud, elegiría vivir al lado de un campo que se fumigue. Y hay decenas de miles de cordobeses en esa condición.
La discusión urgente, aunque no la única, es si no debiera modificarse la ley provincial para crear zonas de resguardo ambiental, en las que se prohíba todo tipo de pulverizaciones en campos pegados a áreas urbanas. Alguna restricción debería sumarse, además, en torno de escuelas rurales y ríos. Como la ley provincial no lo contempla, varios municipios, bajo presión de sus vecinos, avanzaron con restricciones propias, aunque no coincidentes.
Si la ley no se adapta, se seguirán sumando municipios a esa lista y, de hecho, la norma provincial perderá peso, valor y sentido.
Tras el fallo judicial por barrio Ituzaingó, por otra parte, habrá cada vez más demandas judiciales por fumigaciones pegadas a viviendas, y fallos que terminen fijando limitaciones, si una ley no lo hace.
La Justicia cordobesa ya lo hizo para los campos vecinos a barrio Ituzaingó, en la capital provincial. Pero hay sentencias similares ya dictadas para ciudades de Santa Fe, Buenos Aires y Chaco.
El fallo judicial cordobés de hace dos meses marca la cancha: ya nadie podrá fumigar con displicencia sin suponer que puede cometer un delito penal tipificado.
Mientras el vecino se pregunta si los químicos afectarán su salud, al que fumiga un campo pegado a zonas urbanas se le abre el interrogante sobre los riesgos que corre de ser denunciado. Ante ese marco, crece la impresión de que llegará el momento en que fijar zonas de restricción para todo el mapa será inevitable, además de razonable.
Es cierto que los productores resignarán miles de hectáreas, que deberán ser productivas de otro modo. Pero mucho peor es resignarse a convivir con la duda, a la espera de una certeza de que esas prácticas afectan la salud. Y no hay derecho a eso.
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