1 jul 2012

Los silencios de Ituzaingó

La Voz del Interior (01/07/2012)
Los silencios de Ituzaingó

Más allá de cómo termine el caso Ituzaingó Anexo, será obligación discutir por dónde pasa el verdadero bienestar de un pueblo.
Cuando en 2002 las madres de Ituzaingó Anexo comenzaron a denunciar que en su barrio de la capital cordobesa había demasiados chicos enfermos y mujeres con cáncer, la primera reacción fue el silencio.
No es tan extraño: más allá de sus ideologías, las autoridades siempre tienden a mantener el statu quo y cualquier acción que intente desequilibrarlo es disfuncional.
Lo segundo en lo que siempre piensan quienes ostentan funciones en el poder es en la salvación propia: cuidado con decir nada que nos implique. No vaya a ser que tengamos ?alguna responsabilidad por lo que hicimos o dejamos de hacer. Por las dudas, silencio.
Pero a medida que pasaba el tiempo y la evidencia se estampaba contra las narices –la prevalencia de algunas enfermedades era allí decididamente alta–, la actitud cambió: se pidieron estudios, se acompañó a las madres. Claro que Ituzaingó Anexo siguió y sigue siendo un grano disfuncional en el cuerpo de todos.
Para los productores de ?soja. Aunque sigue siendo difícil demostrar con exactitud la relación causa-efecto del uso de agroquímicos en la salud humana, el menor indicio de que existe un riesgo potencial pone en peligro no sólo los intereses económicos de los productores y dueños de tierras, sino también su seguridad jurídica.
Para los vecinos de Ituzaingó. Más allá de que las Madres de Ituzaingó estén hoy ?divididas, muchos de los demás vecinos se resistieron desde el principio a esta lucha, aduciendo que las madres sólo lograban desvalorizar el precio de las casas, impedir que otro las comprara y, por ende, perjudicarlos a todos.
Para los gobiernos municipales. En especial en el interior, muchas autoridades locales tienen una relación directa con los productores –o son ellos mismos– y se encuentran ante el desafío de debatir y sancionar ordenanzas de protección de sus zonas urbanas. Esto implica restricciones al principal modo de subsistencia de sus comunidades.
Para los gobiernos provinciales. Si bien a partir del caso Ituzaingó se dictaron leyes más restrictivas sobre el uso de agroquímicos, a medida que avancen las evidencias científicas y los conflictos vecinales, el desafío y las presiones aumentarán.
Para el Gobierno nacional. Porque a pesar de ciertas medidas –como el millón de pesos que la Presidenta otorgó para que se estudiara el caso de Ituzaingó, en medio de su conflicto con el campo– nada hace pensar que esta gestión tenga intenciones de modificar el modelo sojero. Es el principal ingreso para el país y permite al aparato estatal disponer de un chorro inagotable para decidir sus políticas.
El juicio que se reanudará tras la feria, en el que se intenta determinar si productores fumigaron de manera ilegal sobre las viviendas del barrio, tiene una importancia clave, aunque lo que esté en juego no sea estrictamente la relación causa (agroquímicos)-efecto (cáncer en los vecinos).
Esa importancia va incluso más allá del resultado del proceso. Porque el tema será un debate obligado para discutir por dónde pasa el verdadero bienestar de un pueblo.

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