18 jul 2012

Campesinos preocupados por posible desalojo

9:12 a.m. | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada
Comercio y Justicia (18/07/2012)
Campesinos preocupados por posible desalojo de sus tierras

Son habitantes de un campo de 13 mil hectáreas ubicado a 50 km. de Quilino. Pidieron una audiencia con el Gobernador y presentaron un proyecto en la Legislatura, que no prosperó.
Pequeños productores y familias campesinas del norte provincial, nucleados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), se preparan para realizar nuevas manifestaciones ante la inminente posibilidad de que la Justicia ordene el remate del campo de 13 mil hectáreas en el que viven y producen desde hace décadas.
En diálogo con Comercio y Justicia, los campesinos se mostraron preocupados por la falta de respuesta del Gobierno provincial y por el avance de la tramitación de la quiebra que se sustancia en el Juzgado de 52ª Nominación Quiebras y Concursos, a cargo de  Sergio Ruiz. Reclaman desde hace un tiempo que se los reconozca  como poseedores de esta tierras  –ubicadas en el departamento Ischilín, a 50 kilómetros de Quilino- pero poco se ha hecho al respecto.
La iniciativa presentada por la agrupación en la Legislatura Unicameral cuando Héctor Campana era su presidente provisorio no prosperó, ni siquiera se trató en comisión. En esa oportunidad se pedía que el Estado provincial expropie el campo en cuestión.
Tampoco tuvieron novedades después de reunirse con la ministra de Justicia, Graciela Chayep.
En ese marco, la abogada del MCC Victoria Gauna remarcó que están analizando los pasos a seguir. “Acá la única solución que tenemos es política, por eso hemos pedido además una audiencia al gobernador De la Sota”, resaltó.
A su vez, la abogada remarcó que, en caso de concretarse el desalojo de estas personas, la implicancia social sería muy grande habida cuenta de que medio centenar de familias vive de lo que produce en esas tierras.

Frenar los lanzamientos
En la Cámara de Diputados de la Nación está tratándose en comisión un proyecto de ley que buscar frenar el desalojo de cientos de campesinos que viven en distintas regiones argentinas.
La iniciativa propugna que se declare la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las comunidades campesinas y agricultores familiares.
Al mismo tiempo, se insta a que en los tres primeros años se realice un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y de los agronegocios.
Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. También innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía en busca de rentabilidad.

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