18 may 2012

Increible: pagar para violar la legislación en Capital

Comercio y Justicia (18/05/2012)
Mestre apura el proyecto de concertación pública-privada

El proyecto de Ordenanza de Concertación Público-Privada que el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante, en principio la semana próxima, incluye un “plusvalía” diferenciada de 10% y 12% según se trate de superficies cubiertas o terrenos.
Se trata del porcentaje que el privado que construya “fuera de norma” deberá “coparticipar” al municipio justamente por haberle permitido el Estado obtener un beneficio extra respecto a los alcances de las normativas vigentes de uso de suelo y de construcción.
El proyecto pretende constituirse en un marco para el desarrollo de diferentes proyectos inmobiliarios en sectores con determinadas restricciones de edificación.
Los preceptos generales serán luego reglamentados con decisiones puntuales. En tanto, una vez en vigencia, cada proyecto privado que se presente no sólo deberá respetar esa norma general sino que también deberá pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación.
Los fondos que redunden de la percepción de esa “plusvalía” serán destinados a fortalecer el presupuesto participativo y a avanzar con loteos sociales, según confirmó a Comercio y Justicia el secretario de Desarrollo Urbano, Mariano De Juan.
Pero si bien las líneas directrices de la iniciativa ya están explicitadas, aún faltan elementos por precisar en el texto que se enviará al cuerpo deliberativo.
Por lo pronto, funcionarios y técnicos del Ejecutivo municipal buscan, por estas horas, determinar cuestiones de peso a los efectos del cálculo de la “coparticipación” al Estado.
En ese marco, los mayores esfuerzos están dirigidos a ver de qué maneras se integrarán los fondos. Ese análisis incluye el momento y las formas.
Por caso, si un desarrollista construirá 10 mil metros cubiertos más de los que dice la norma, el municipio debería obtener mil metros.
El punto es en qué momento los obtiene: al inicio del proyecto y en efectivo; o al finalizar la construcción y como metros cubiertos. Las alternativas son varias y buscan acotarse aunque sin alcanzar una precisión tal que luego trunquen determinadas posibilidades futuras de desarrollos.
“La idea es que la coparticipación que le corresponda al municipio no pierda valor en un contexto inflacionario”, graficó Juan Giunta, subsecretario de Desarrollo Económico y Estratégico.
Como fuere, la intención oficial es que el proyecto quede decidido no mas allá de la semana próxima para ser girado al Concejo Deliberante.
Actualmente hay dos iniciativas relativas a concertación en espera de la norma: una de Sergio Roggio, en el Parque Las Heras, y otra en un terreno próximo a barrio Ituzaingó.
La concertación público-privada fue lanzada como tal durante la gestión de Luis Juez aunque se tradujo en hechos concretos en la administración de Daniel Giacomino, puntualmente con los proyectos de Manantiales, de Edisur, y las torres de GNI en Cañada y Humberto Primo. En ambos casos fueron iniciativas individuales que acordaron devolver en obras públicas los beneficios por apartarse de las normas de uso de suelo vigentes.

Desarrollistas, a la espera
En tanto, el titular de la Cámara de Desarrollistas Urbanos (Ceduc), Horacio Parga, admitió haber tenido contactos con el municipio respecto al proyecto aunque dijo desconocer sus alcances.
Parga se pronunció por una iniciativa que conjugue “flexibilidad con transparencia”.
Asimismo, consideró que “la copartipación” de los beneficios con el municipio no debería, en principio, generar un traslado a precios en los inmuebles o terrenos que se vayan a comercializar.

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