2 de abr. de 2012

Jornadas sobre megaminería en la UNRC

El Puntal de Río Cuarto (02/04/2012)
Conflicto minero: “Ante la reacción del pueblo, empresas y gobiernos están usando otras estrategias”

Asambleístas de Catamarca y La Rioja denuncian la presencia de listas negras, dádivas a ONG e instituciones y presión hacia intendencias, medios locales y la Justicia. En ambas provincias aún hay cortes para evitar la instalación de dos yacimientos
En el marco de las jornadas organizadas en los últimos días por la UNRC, asambleístas de las provincias de Catamarca y La Rioja visitaron la ciudad y advirtieron que tras la represión ocurrida en el último tiempo las empresas mineras y los gobiernos provinciales “están usando otras estrategias” para detener la resistencia de los pueblos. Mientras tanto, en Andalgalá y Famatina aún se mantienen cortes para impedir la instalación de los yacimientos de Osisko Mining Corporation y de Agua Rica, una explotación que tendría una magnitud tres veces mayor a Bajo La Alumbrera.
Listas negras, presión a los medios locales y las intendencias, dádivas a vecinos, instituciones y ONG y complicidad de la Justicia son algunas de las denuncias expresadas por los ambientalistas en relación a las acciones que desarrollan actualmente las empresas de megaminería y los gobiernos provinciales para detener el conflicto.
César Jair Cencenarro, asambleísta de El Algarrobo en Andalgalá, informó que a pesar de la represión los vecinos aún mantienen el corte para impedir la instalación de la empresa minera Agua Rica en Catamarca. Según explicó Anahí Sorcinelli, integrante de la Asamblea de Chilecito, lo mismo ocurre en Famatina, donde la compañía Osisko Mining Corporation pretende llevar adelante una explotación a cielo abierto. A causa de esta resistencia social, hoy ambos proyectos se encuentran suspendidos.

Sigue el bloqueo
Acerca de la situación en que se encuentra el conflicto en Andalgalá, Cencenarro indicó: “La construcción de la mina de Agua Rica sigue frenada porque siguen los bloqueos a la maquinaria minera que comenzaron en el 2010”. Y advirtió que la explotación que pretende instalarse actualmente en la región sería tres veces de mayor envergadura que Bajo La Alumbrera, el emprendimiento más grande que existe en el país.
“A pesar de la represión, el corte se retomó inmediatamente”, añadió en relación a los episodios del mes pasado, cuando la localidad de Catamarca fue sitiada por grupos promineros.
Además, informó que en los últimos días el juez de minas Raúl Guillermo Cerda extendió la resolución que suspendía los trabajos de exploración y explotación desarrollados por la multinacional Yamana Gold en el yacimiento ubicado a 7 km de Andalgalá.
El panorama es bastante similar en La Rioja, donde desde el 2 de enero de este año los asambleístas mantienen un corte selectivo en Alto Carrizal para impedir el paso de los camiones de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation.
Dicha compañía firmó un convenio en agosto del año pasado con el gobernador Luis Beder Herrera para extraer oro, plata y cobre del cerro Famatina, un proyecto que años atrás pretendió llevar adelante la empresa Barrick Gold y que finalmente no prosperó por la resistencia de los vecinos.
“Después de que esto ha tomado visibilidad a nivel nacional lo que quisieron hacer es suspender el proyecto de Osisko durante seis meses. El mismo gobernador Beder Herrera ha dicho que lo suspendían para que la gente bien informada pueda aceptar esto, que es inaceptable por los daños que genera”, indicó la vecina de Chilecito. Y agregó que los asambleístas exigen la anulación del convenio firmado en 2011 y la sanción de una ley provincial que prohíba la megaminería.

“Se compran voluntades”
Según Cencenarro, ante los hechos ocurridos el 10 de febrero pasado en Andalgalá, sumados al levantamiento originado por la fuerte represión en el pueblo de Tinogasta en 2010, en la provincia de Catamarca se está recurriendo a nuevas acciones para lograr la instalación de Agua Rica.
“Al experimentar la reacción del pueblo, las empresas y los gobiernos están usando otro tipo de estrategias”, dijo y afirmó que ambas entidades están enfrentando al sector ambientalista con otros grupos sociales generando un clima de tensión entre los propios ciudadanos.
“El peso político que se paga con la represión es demasiado y va en contra de sus objetivos porque el conflicto generado en Andalgalá los ha obligado a detener la actividad, entonces irrumpen en las instituciones públicas, escuelas, ONG que no están relacionadas con organizaciones ambientalistas y empiezan a captarlas a través de dádivas o intentan captar su voluntad para desactivar la resistencia social”, detalló el asambleísta.
Además, desde la asociación El Algarrobo denunciaron que la gobernadora kirchnerista Lucía Corpacci junto a la minera Agua Rica ejercen presión sobre las intendencias “quitándoles ciertas ayudas económicas para obligarlos a aceptar la entrada de esta actividad”.
Un accionar similar denuncian los asambleístas de Chilecito: “Los empresarios actúan políticamente con esta cuestión de bajar dinero y compran voluntades; hay gente que acepta esto pero por suerte es la menor proporción”, dijo Sorcinelli.
Para demostrar la resistencia generalizada de los pobladores de la región riojana pese a esta situación, la vecina expresó: “En Famatina, por ejemplo, es notable que el cura es uno de los voceros de la asamblea y es él quien toca las campanas cuando hay algún peligro para que toda la gente salga. Eso demuestra la unión del pueblo ante esta causa”.
Según la asambleísta, hasta el momento no ha habido enfrentamientos con la policía en el corte de ruta pero el conflicto minero ha desatado hechos inéditos en las pequeñas localidades cercanas al yacimiento.
“En Chilecito la fiesta popular es la Chaya y este año por un problema mínimo entró Infantería con balas de goma y como si nada comenzó a disparar. Eso nos sorprendió a todos porque nunca había pasado”, relató en relación a un episodio ocurrido en febrero pasado. Y añadió: “Nosotros entendimos que fue una advertencia a la gente del pueblo de lo que pudiera pasar. También es una estrategia ir quitándole a la gente los espacios donde se junta”.
Por otro lado, desde la asociación riojana denunciaron que a fines de 2011, luego de que se firmara el convenio con la minera canadiense, apareció una lista negra con los nombres y las descripciones de algunas personas que conformaban las asambleas de Chilecito y Famatina. “Esta lista era utilizada por la empresa minera para hacer inteligencia. Son hechos a remarcar de cómo es el mecanismo con el que actúan”, manifestó Sorcinelli.

La complicidad de la Justicia
La actitud que la Justicia ha tomado ante el conflicto minero en Catamarca se suma a las denuncias realizadas por los asambleístas. Según relataron, durante el bloqueo que realizan al yacimiento de Agua Rica los manifestantes han sufrido detenciones y judicializaciones de la protesta.
Cencenarro aclaró que estas intervenciones judiciales no sólo son impulsadas por la compañía minera, sino también por sus empleados y por empresarios locales “que tienen muchos intereses en la explotación del yacimiento porque ellos serían los eventuales proveedores de algunos insumos”.
En relación a la complicidad del Poder Judicial con la compañía multinacional, el vecino de Andalgalá resaltó: “Es demasiado evidente cómo las denuncias que nosotros realizamos por contaminación ambiental por los impactos negativos que se han generado jamás ninguna pudo avanzar en la Justicia mientras que los hechos de judicialización hacia el sector asambleario ya tienen incluso elevaciones a juicio”.
Y continuó: “Eso evidencia cuál es la obediencia que tiene la Justicia para con las empresas mineras y los gobiernos que también forman parte de esta imposición”.

La visibilización de la resistencia en el país
Según el vecino catamarqueño, durante los 10 años que las asambleas de su provincia llevan denunciando el impacto ambiental y social de la megaminería a cielo abierto, una de las mayores problemáticas que debieron enfrentar fue el silenciamiento de los medios locales, que son presionados por el sector minero a través de la distribución de la pauta publicitaria.
“En los medios de comunicación se censuraba la lucha y eso fue lo que más costó desde las organizaciones sociales para transmitir el pensamiento y la información concreta a la sociedad en conjunto”, dijo. Y agregó que, aún en la actualidad, el único espacio que difunde realmente el conflicto minero en Andalgalá es la radio El Algarrobo, creada por los asambleístas e interferida en diversas ocasiones.
En ese contexto, los dos manifestantes que participaron en las jornadas de la universidad junto a Adolfo Pérez Esquivel y Vicente Zito Lema subrayaron que los pueblos cercanos a yacimientos mineros en distintas provincias vienen resistiendo desde hace años la instalación de esta actividad.

- ¿A qué se debe que en el último tiempo este conflicto se haya intensificado y haya tomado más visibilidad?, consultó PUNTAL a los asambleístas.
Cencenarro: En los últimos meses, al ser tomado de manera más evidente por algunos medios de comunicación a nivel nacional, se ha generado esta masificación de la información pero, por ejemplo, en el caso del 10 de febrero en Andalgalá fue el momento donde más tensión había y sin embargo no tuvo la repercusión que tuvo la represión en Tinogasta. Y eso ayuda porque al enterarse la gente comienza a ser consciente, a reclamar y comienza a masificarse, trascendiendo las fronteras, hay profesionales que empiezan a comprometerse y eso hace fortalecer la lucha obligatoriamente.
Sorcinelli: Creo que también se debe a que en los últimos años se está avanzando cada vez más con todo el modelo extractivista en Latinoamérica, entonces la sociedad está cada vez más consciente de los riesgos que ya estamos sufriendo tanto en Catamarca y San Juan, como en Córdoba y en Buenos Aires, que son lugares sojeros. Está todo relacionado y cuando uno comienza a ver cuáles son los efectos creo que también va movilizando a la gente.
Haciendo una radiografía del conflicto por la megaminería en todo el país, el integrante de El Algarrobo señaló que la situación actual varía en cada región.
“Hay provincias donde la lucha está fuerte, como es el caso de La Rioja y Mendoza por ejemplo. Hay provincias como la nuestra en las que hay constantemente presión a pesar de algunos emprendimientos que hoy están en marcha y provincias que están muy controladas desde el punto de vista de la resistencia, como es el caso de San Juan donde, si bien hay algunas organizaciones sociales que están reclamando, no tiene la fuerza suficiente para llegar a contrarrestar la embestida de los gobiernos y las empresas multinacionales”, describió el vecino.
A su vez, las características de la problemática y las posibilidades de las asambleas ambientalistas varían según la etapa en que se encuentren los proyectos mineros en cada lugar.
“En el caso de Catamarca ya tenemos muchos yacimientos explorados, las empresas ya conocen cual es la ganancia que pueden obtener, ya se han hecho algunas inversiones y eso hace que la empresa insista en irrumpir en la sociedad”, especificó Cencenarro.
Un panorama diferente se plantea en La Rioja y Mendoza, donde en muchos casos los manifestantes se anticiparon y comenzaron los bloqueos antes de que se realizara la exploración de los minerales existentes. De cualquier modo, la vecina de Chilecito afirmó que, en el caso del Famatina, el cerro ya había sido explorado por la compañía Barrick Gold años atrás, lo que le permite a la empresa interesada actualmente conocer las riquezas existentes en el lugar.
Otro escenario es el que se vive en San Juan, caracterizada por el asambleísta de El Algarrobo como la provincia que “está en la peor de las situaciones”, debido a que ya hay varios emprendimientos de megaminería a cielo abierto funcionando y “todavía no han tenido la suficiente fuerza social para resistir”.

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Las diversas respuestas de las universidades ante los fondos de Bajo La Alumbrera

Las jornadas de debate organizadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto que culminaron el pasado lunes tuvieron como trasfondo la decisión que en los próximos días deberá tomar el Consejo Superior acerca de la aceptación o el rechazo de los fondos provenientes de los excedentes de la mina Bajo La Alumbrera en Catamarca.
Los crecientes cuestionamientos al impacto ambiental y social ocasionado por la megaminería a cielo abierto han desatado una diversidad de posicionamientos en las universidades nacionales de todo el país. Es que, según lo establecido por ley, cada año deben recibir un porcentaje de las ganancias obtenidas por el mayor yacimiento de oro y cobre de la Argentina.
En este sentido, Cencenarro describió las diferentes reacciones que el ofrecimiento de este dinero ha ocasionado en las casas de altos estudios. “Hay casos testigos como la Universidad de Tucumán que han aceptado los fondos y los han utilizado a gusto y paladar. Incluso las organizaciones estudiantiles hoy están reclamando por el mal uso de esos fondos”, relató el asambleísta. Y añadió que el dinero también es usado por la institución superior de Catamarca.
“Hay otras universidades, como la de Buenos Aires o la de Córdoba, que se han resistido un poco más y han cuestionado incluso el modelo minero”, continuó.
El ambientalista de Andalgalá relató que incluso algunas casas de estudio han recibido el dinero y lo han destinado a colaborar con la lucha de los vecinos en contra de la minería.
El ofrecimiento también ocasiona diferentes posicionamientos hacia dentro de cada institución educativa, dado que también muchas facultades se han negado a usar el dinero que fue aceptado por la universidad de la que son parte.
“O sea que dentro del espectro universitario nacional hay una gran gama de opiniones y formas de responder a la recepción o no de los fondos provenientes de la actividad minera”, indicó el asambleísta.
Desde el grupo que resiste la instalación del emprendimiento de Agua Rica opinaron que no tiene sentido que las instituciones acepten el dinero de la empresa para investigar el impacto ambiental de la minería, como se ha planteado desde distintos sectores.
“En el caso de Catamarca nosotros no necesitamos que se investigue la contaminación porque los propios informes de impacto ambiental realizados antes de comenzar la actividad ya estipulaban cuáles iban a ser los impactos”, dijo Cencenarro.
Y concluyó: “Nosotros necesitamos que el capital humano que tienen las universidades se comprometa activamente con las luchas sociales y ayuden con apoyo técnico y profesional a detener efectivamente el avance minero. No nos sirve que se reciban los fondos y se usen para captar la obediencia y la obsecuencia del sector universitario como está sucediendo en las universidades de Catamarca y Tucumán”.

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