11 feb 2011
Bosques: nadie está conforme con la ley
8:11 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (11/02/2011)
Bosques: nadie está conforme con la ley
Tras conocer la reglamentación, sectores ambientalistas y universitarios insistieron en sus cuestionamientos.
La ley de bosques nativos de Córdoba sancionada en agosto había dejado conformes a los sectores ruralistas, pero generó el rechazo de un amplio abanico de organizaciones ambientalistas y de sectores académicos universitarios. Ayer, al conocerse la reglamentación con la que se aplicará esa ley, no sorprendió que estos últimos insistieran en su enfática crítica a la norma, pero sí que desde las entidades agropecuarias se manifestara ahora también cierta disconformidad.
La letra chica de la ley fue publicada ayer en el Boletín Oficial . Un día antes, el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa, había anticipado a este diario que esa reglamentación no variaba “en ningún aspecto” el contenido de la ley. Lo hizo ante la presión previa que plantearon las entidades rurales que enviaron esta semana una carta al gobernador Juan Schiaretti, quejándose de no haber participado del debate para la reglamentación y advirtiendo que si ese texto no contenía sus reclamos recurrirían a medidas de protesta.
Ayer, cuando la reglamentación tomó estado público, desde las entidades rurales dijeron tener “muchas dudas”, mientras que los sectores ambientalistas y universitarios ligados a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), que había elaborado un proyecto de ley diferente del aprobado, ratificaron sus cuestionamientos e insistieron en la inconstitucionalidad de la ley.
Desde la tranquera. “No estamos convencidos de que esta reglamentación sea conveniente”, señaló Marcos Mc Hardy, titular de la Sociedad Rural de Jesús María. “Nos deja dudas abiertas y los productores, sobre todo del noroeste, desconfían. Hay varios artículos que no fueron reglamentados y deja todo abierto a que tengamos que ver cómo se aplica en el día a día”, marcó.
El dirigente rural admitió que la ley sancionada en agosto los había conformado, pero insistió en que “la duda es cómo se aplicará”. Y dijo: “Quedará cada pedido de los productores a criterio de la Secretaría de Ambiente”. Mc Hardy insistió en que el sector admite que “los árboles no se toquen” pero advirtió: “Sí esperamos que se permita el trabajo ganadero bajo el bosque, mediante el rolado del suelo, salvo en terrenos con pendientes. Y no está muy claro que se vayan a autorizar esos pedidos”.
Para el ruralista, si la aplicación de la ley no es clara en favor de la producción, se comprometerá “la ganadería, que es clave en el norte provincial”.
Contrapunto. Para el biólogo Fernando Barri, investigador de la UNC y miembro de la COTBN, la reglamentación conocida ayer “es más o peor de lo mismo”. Aseguró que tampoco fueron consultados por el Gobierno provincial para discutir el texto reglamentario y sentenció: “No esperábamos otra cosa después de lo que pasó con la ley. No es cierto que esta norma prohíba los desmontes. Por el contrario: ahora se permitirán”. También cuestionó que no se contemple ningún criterio de participación ciudadana para el cuidado del bosque.
Barri insistió en que “ésta no es una ley de protección de bosques sino una que busca favorecer la producción dentro del poco bosque que queda, degradándolo”. Y señaló que “ninguna” de las cuestiones criticadas fue remediada o atenuada.
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Córdoba, sin margen para seguir desmontando
Nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los ambientalistas o universitarios. Fernando Colautti.
Córdoba –o su poder político, o su mayoría legislativa con la anuencia de sus principales partidos– prefirió tener una ley de bosques autóctonos que, más que asegurar la protección de lo poco que queda, privilegie el derecho de los propietarios de esas tierras a producir en ellas.
El equilibrio es complicado, sobre todo cuando se trata de tierras privadas. El esquema sólo puede funcionar con compensaciones, que dependen de que la Nación cumpla con los aportes que la ley nacional le obliga a hacer –y aún no hizo– a las provincias que cumplieron sancionando su ley en tiempo y forma.
Pero nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los sectores ambientalistas o universitarios.
Un único aspecto en el que sin querer parecen coincidir unos y otros es que la “letra chica” de la ley conocida ayer deja a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Ambiente) la amplia potestad de resolver cada pedido por desmontes o trabajos selectivos bajo el bosque. Así, al analizar caso por caso, el sistema se torna peligroso, porque puede facilitar las presiones económicas o políticas. Una ley para un asunto que genera tanta controversia y cruce de intereses debería contener un criterio más rotundo y restrictivo, para que su aplicación no dependa de quién ocupe el cargo que decide.
Ahora empezarán a desfilar pedidos de avance sobre los bosques y controversias por cada uno. En este marco, Córdoba debería preguntarse si acaso tiene margen para seguir reduciendo su bosque autóctono. No es cuestión de miradas románticas del verde natural, sino de si esta provincia está en condiciones de seguir perdiendo biodiversidad, aumentando su ritmo de desertificación, incrementando los riesgos de tormentas de tierra o de inundaciones por crecidas no contenidas, o de no detener las causas que producen las crisis hídricas.
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Día a Día (11/02/2011)
La reglamentación de la ley de bosques es leña para el fuego
La Defensoría de la Nación emitirá un dictamen los próximos días con críticas a la ley.
Ayer se publicó la primera parte de la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y con ello, comienza a regir la norma en la provincia. Organizaciones ambientales advirtieron que tanto la ley como la reglamentación son inconstitucionales y el 18 de febrero el defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, estará en Córdoba para escuchar los planteos de la UNC y la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn).
Antes de su llegada, el ombudsman emitirá un dictamen detallando los puntos dudosos que observa en la ley: el aprovechamiento sustentable del bosque en zonas rojas, ya que la ley nacional de presupuestos mínimos 26.331 pretende que esos sectores sean intangibles, la modificación de zonas rojas a verdes (articulo 14 del capitulo 2 de la reglamentación), cosa que la ley nacional no permite, y la insuficiencia de un proceso participativo en la confección de la ley.
Alicia Barchuk, presidente de la Cotbn, apuntó que “la reglamentación y la ley aprobada (9814) no tienen contenido que ayude a la protección y recuperación del bosque ya que reglamenta el raleado y el desmonte en zonas habilitadas para el riego, no respetando las categorías rojas (alto valor de conservación) y amarillas (mediano valor de conservación) por permitir el aprovechamiento sustentable en áreas protegidas”.
“Otra cosa no podíamos esperar de una ley tremendamente limitada que lo único que regla es el desmonte”, destacó Barchuk.
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Hoy Día (11/02/2011)
Réquiem para el bosque
La polémica ley de bosques va camino de convertirse en una de esas normas que, por haber sido dictadas en el marco de numerosos compromisos e intereses encontrados, termina por no conformar a nadie: ni a los detractores, en este caso las entidades ambientalistas, ni a quienes supuestamente beneficia, es decir, los productores rurales.
Todo ello sin entrar a considerar si realmente sirve al propósito de preservar el escaso monte natural que queda en la provincia. Por lo menos, eso es lo que se pudo apreciar luego de que en la víspera fuera publicada en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley. Marcos MacHarby, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, confirmó el desacuerdo de los productores, dijo que se mantendrán en estado de alerta y confirmó una asamblea a realizarse en Sinsacate el próximo 17 de febrero.
Según el dirigente, en el texto publicado ayer muchos artículos no fueron reglamentados y resaltó su preocupación por las autoridades de aplicación. "Con la reglamentación, la autoridad de aplicación, (la Secretaría de) Ambiente, se convierte en el mandamás", dijo MacHarby. "Desde que se establecieron las restricciones previas a la ley la receptividad de los campos del norte ha bajado. En ciertos lugares de la ley se habla de un rolado de bajo impacto para permitir el paso de la luz a los cultivos, pero no está bien explicado dónde y cómo se puede hacer", cuestionó el titular de la Rural de Jesús María. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación prepara un dictamen sobre la ley de bosques de Córdoba y ya alertó sobre algunos puntos "dudosos", como el cambio de categoría de los terrenos y la transformación que hubo entre el proyecto debatido y lo que finalmente se aprobó en la Legislatura.
Anselmo Sella, defensor Adjunto a cargo del organismo, adelantó que el viernes 18 vendrá a Córdoba junto a técnicos de la Defensoría para escuchar los planteos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN). La reglamentación dice que se permite "un aprovechamiento sustentable" de los bosques de la categoría I, lo cual, según Sella, es un "concepto laxo" y "podría permitirse una modificación del bosque, cuando justamente la ley nacional pretende que sea inmodificable". El ombudsman cuestiona también la posibilidad de pasar de categoría roja a verde en el caso de que existiera infraestructura para el riego, como se establece en el artículo 14. "No nos parece en principio que la ley nacional admita que un bosque pueda transformarse de rojo a verde", señaló. Finalmente, Sella no descarta que un dictamen de la Defensoría tenga luego un correlato judicial.
Ambientalistas molestos. La COTBN aseguró que la reglamentación "empeora" la ley de bosques y criticó que se autorice el desmonte en predios con riego y que a las audiencias públicas sólo pueda convocarlas el secretario de Ambiente. Como era de esperar, la reacción negativa de los ambientalistas y académicos fue contundente, por lo que ahora esperan que la Corte Suprema de Justicia dé lugar a un planteo de inconstitucionalidad presentado por la Universidad Nacional de Río Cuarto en contra de la ley. "La reglamentación es peor que la ley, porque sutilmente explicita dónde y cómo se pueden hacer los desmontes selectivos, tanto para actividad ganadera como los de riego para actividad agrícola", dijo Fernando Barri, miembro de la COTBN. También se critica que las audiencias públicas no son vinculantes, es decir que no incidirán en las decisiones administrativas posteriores. En medio de las críticas, la Secretaría de Ambiente salió ayer a anunciar que continúa llevando a cabo inspecciones en campos para evitar desmontes ilegales.
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El Puntal de Río Cuarto (11/02/2011)
Protesta de ruralistas por la ley de bosques
Ruralistas de la zona norte de la provincia se reunieron ayer para manifestar su disconformidad con la reglamentación de la ley de bosques, que fue oficializada el pasado miércoles.
La protesta, convocada por Cartez, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, se llevó a cabo en la rotonda de acceso a Sinsacate, sobre la ruta 9 norte.
Los productores expresaron su preocupación porque muchos artículos no fueron reglamentados y resaltaron su preocupación por las autoridades de aplicación que establece la ley, ya que la Secretaría de Ambiente se convierte en la autoridad máxima.
Los ambientalistas esperan la resolución del planteo de inconstitucionalidad de la nueva ley que elevó la Universidad Nacional de Río Cuarto ante la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que la norma no llega a cumplir los requisitos mínimos de protección que exige la ley nacional a la que cada provincia debía adherir para aspirar a obtener recursos para proteger la vegetación restante.
Cuestionan la posibilidad de desmontar 100 hectáreas
Entre los puntos más criticados de la ley se encuentran la posibilidad de desmontar hasta 100 hectáreas de bosque nativo en predios con riego, por un lado, y la atribución para que sólo el secretario de Ambiente decida cuándo se realizan audiencias públicas, por el otro.
El titular de la Rural de Jesús María, Marcos McHardy, enfatizó que “finalmente la reglamentación de la ley no es tal cual como nos habían dicho. Se han suprimido varios artículos y hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta. Hay puntos muy oscuros en la reglamentación actual y no entiendo por qué no se tuvieron en cuenta nuestros pedidos, tal como sí lo habían hecho a la hora de sancionar la ley”.
Los ruralistas anunciaron que van a continuar con las medidas de protesta y se movilizarán el próximo 17.
La ley sancionada en la Legislatura en agosto pasado había conformado a los sectores rurales, pero fue muy cuestionada por las organizaciones ambientalistas y los sectores universitarios.
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Bosques: nadie está conforme con la ley
Tras conocer la reglamentación, sectores ambientalistas y universitarios insistieron en sus cuestionamientos.
La ley de bosques nativos de Córdoba sancionada en agosto había dejado conformes a los sectores ruralistas, pero generó el rechazo de un amplio abanico de organizaciones ambientalistas y de sectores académicos universitarios. Ayer, al conocerse la reglamentación con la que se aplicará esa ley, no sorprendió que estos últimos insistieran en su enfática crítica a la norma, pero sí que desde las entidades agropecuarias se manifestara ahora también cierta disconformidad.
La letra chica de la ley fue publicada ayer en el Boletín Oficial . Un día antes, el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa, había anticipado a este diario que esa reglamentación no variaba “en ningún aspecto” el contenido de la ley. Lo hizo ante la presión previa que plantearon las entidades rurales que enviaron esta semana una carta al gobernador Juan Schiaretti, quejándose de no haber participado del debate para la reglamentación y advirtiendo que si ese texto no contenía sus reclamos recurrirían a medidas de protesta.
Ayer, cuando la reglamentación tomó estado público, desde las entidades rurales dijeron tener “muchas dudas”, mientras que los sectores ambientalistas y universitarios ligados a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), que había elaborado un proyecto de ley diferente del aprobado, ratificaron sus cuestionamientos e insistieron en la inconstitucionalidad de la ley.
Desde la tranquera. “No estamos convencidos de que esta reglamentación sea conveniente”, señaló Marcos Mc Hardy, titular de la Sociedad Rural de Jesús María. “Nos deja dudas abiertas y los productores, sobre todo del noroeste, desconfían. Hay varios artículos que no fueron reglamentados y deja todo abierto a que tengamos que ver cómo se aplica en el día a día”, marcó.
El dirigente rural admitió que la ley sancionada en agosto los había conformado, pero insistió en que “la duda es cómo se aplicará”. Y dijo: “Quedará cada pedido de los productores a criterio de la Secretaría de Ambiente”. Mc Hardy insistió en que el sector admite que “los árboles no se toquen” pero advirtió: “Sí esperamos que se permita el trabajo ganadero bajo el bosque, mediante el rolado del suelo, salvo en terrenos con pendientes. Y no está muy claro que se vayan a autorizar esos pedidos”.
Para el ruralista, si la aplicación de la ley no es clara en favor de la producción, se comprometerá “la ganadería, que es clave en el norte provincial”.
Contrapunto. Para el biólogo Fernando Barri, investigador de la UNC y miembro de la COTBN, la reglamentación conocida ayer “es más o peor de lo mismo”. Aseguró que tampoco fueron consultados por el Gobierno provincial para discutir el texto reglamentario y sentenció: “No esperábamos otra cosa después de lo que pasó con la ley. No es cierto que esta norma prohíba los desmontes. Por el contrario: ahora se permitirán”. También cuestionó que no se contemple ningún criterio de participación ciudadana para el cuidado del bosque.
Barri insistió en que “ésta no es una ley de protección de bosques sino una que busca favorecer la producción dentro del poco bosque que queda, degradándolo”. Y señaló que “ninguna” de las cuestiones criticadas fue remediada o atenuada.
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Córdoba, sin margen para seguir desmontando
Nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los ambientalistas o universitarios. Fernando Colautti.
Córdoba –o su poder político, o su mayoría legislativa con la anuencia de sus principales partidos– prefirió tener una ley de bosques autóctonos que, más que asegurar la protección de lo poco que queda, privilegie el derecho de los propietarios de esas tierras a producir en ellas.
El equilibrio es complicado, sobre todo cuando se trata de tierras privadas. El esquema sólo puede funcionar con compensaciones, que dependen de que la Nación cumpla con los aportes que la ley nacional le obliga a hacer –y aún no hizo– a las provincias que cumplieron sancionando su ley en tiempo y forma.
Pero nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los sectores ambientalistas o universitarios.
Un único aspecto en el que sin querer parecen coincidir unos y otros es que la “letra chica” de la ley conocida ayer deja a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Ambiente) la amplia potestad de resolver cada pedido por desmontes o trabajos selectivos bajo el bosque. Así, al analizar caso por caso, el sistema se torna peligroso, porque puede facilitar las presiones económicas o políticas. Una ley para un asunto que genera tanta controversia y cruce de intereses debería contener un criterio más rotundo y restrictivo, para que su aplicación no dependa de quién ocupe el cargo que decide.
Ahora empezarán a desfilar pedidos de avance sobre los bosques y controversias por cada uno. En este marco, Córdoba debería preguntarse si acaso tiene margen para seguir reduciendo su bosque autóctono. No es cuestión de miradas románticas del verde natural, sino de si esta provincia está en condiciones de seguir perdiendo biodiversidad, aumentando su ritmo de desertificación, incrementando los riesgos de tormentas de tierra o de inundaciones por crecidas no contenidas, o de no detener las causas que producen las crisis hídricas.
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Día a Día (11/02/2011)
La reglamentación de la ley de bosques es leña para el fuego
La Defensoría de la Nación emitirá un dictamen los próximos días con críticas a la ley.
Ayer se publicó la primera parte de la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y con ello, comienza a regir la norma en la provincia. Organizaciones ambientales advirtieron que tanto la ley como la reglamentación son inconstitucionales y el 18 de febrero el defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, estará en Córdoba para escuchar los planteos de la UNC y la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn).
Antes de su llegada, el ombudsman emitirá un dictamen detallando los puntos dudosos que observa en la ley: el aprovechamiento sustentable del bosque en zonas rojas, ya que la ley nacional de presupuestos mínimos 26.331 pretende que esos sectores sean intangibles, la modificación de zonas rojas a verdes (articulo 14 del capitulo 2 de la reglamentación), cosa que la ley nacional no permite, y la insuficiencia de un proceso participativo en la confección de la ley.
Alicia Barchuk, presidente de la Cotbn, apuntó que “la reglamentación y la ley aprobada (9814) no tienen contenido que ayude a la protección y recuperación del bosque ya que reglamenta el raleado y el desmonte en zonas habilitadas para el riego, no respetando las categorías rojas (alto valor de conservación) y amarillas (mediano valor de conservación) por permitir el aprovechamiento sustentable en áreas protegidas”.
“Otra cosa no podíamos esperar de una ley tremendamente limitada que lo único que regla es el desmonte”, destacó Barchuk.
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Hoy Día (11/02/2011)
Réquiem para el bosque
La polémica ley de bosques va camino de convertirse en una de esas normas que, por haber sido dictadas en el marco de numerosos compromisos e intereses encontrados, termina por no conformar a nadie: ni a los detractores, en este caso las entidades ambientalistas, ni a quienes supuestamente beneficia, es decir, los productores rurales.
Todo ello sin entrar a considerar si realmente sirve al propósito de preservar el escaso monte natural que queda en la provincia. Por lo menos, eso es lo que se pudo apreciar luego de que en la víspera fuera publicada en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley. Marcos MacHarby, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, confirmó el desacuerdo de los productores, dijo que se mantendrán en estado de alerta y confirmó una asamblea a realizarse en Sinsacate el próximo 17 de febrero.
Según el dirigente, en el texto publicado ayer muchos artículos no fueron reglamentados y resaltó su preocupación por las autoridades de aplicación. "Con la reglamentación, la autoridad de aplicación, (la Secretaría de) Ambiente, se convierte en el mandamás", dijo MacHarby. "Desde que se establecieron las restricciones previas a la ley la receptividad de los campos del norte ha bajado. En ciertos lugares de la ley se habla de un rolado de bajo impacto para permitir el paso de la luz a los cultivos, pero no está bien explicado dónde y cómo se puede hacer", cuestionó el titular de la Rural de Jesús María. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación prepara un dictamen sobre la ley de bosques de Córdoba y ya alertó sobre algunos puntos "dudosos", como el cambio de categoría de los terrenos y la transformación que hubo entre el proyecto debatido y lo que finalmente se aprobó en la Legislatura.
Anselmo Sella, defensor Adjunto a cargo del organismo, adelantó que el viernes 18 vendrá a Córdoba junto a técnicos de la Defensoría para escuchar los planteos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN). La reglamentación dice que se permite "un aprovechamiento sustentable" de los bosques de la categoría I, lo cual, según Sella, es un "concepto laxo" y "podría permitirse una modificación del bosque, cuando justamente la ley nacional pretende que sea inmodificable". El ombudsman cuestiona también la posibilidad de pasar de categoría roja a verde en el caso de que existiera infraestructura para el riego, como se establece en el artículo 14. "No nos parece en principio que la ley nacional admita que un bosque pueda transformarse de rojo a verde", señaló. Finalmente, Sella no descarta que un dictamen de la Defensoría tenga luego un correlato judicial.
Ambientalistas molestos. La COTBN aseguró que la reglamentación "empeora" la ley de bosques y criticó que se autorice el desmonte en predios con riego y que a las audiencias públicas sólo pueda convocarlas el secretario de Ambiente. Como era de esperar, la reacción negativa de los ambientalistas y académicos fue contundente, por lo que ahora esperan que la Corte Suprema de Justicia dé lugar a un planteo de inconstitucionalidad presentado por la Universidad Nacional de Río Cuarto en contra de la ley. "La reglamentación es peor que la ley, porque sutilmente explicita dónde y cómo se pueden hacer los desmontes selectivos, tanto para actividad ganadera como los de riego para actividad agrícola", dijo Fernando Barri, miembro de la COTBN. También se critica que las audiencias públicas no son vinculantes, es decir que no incidirán en las decisiones administrativas posteriores. En medio de las críticas, la Secretaría de Ambiente salió ayer a anunciar que continúa llevando a cabo inspecciones en campos para evitar desmontes ilegales.
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El Puntal de Río Cuarto (11/02/2011)
Protesta de ruralistas por la ley de bosques
Ruralistas de la zona norte de la provincia se reunieron ayer para manifestar su disconformidad con la reglamentación de la ley de bosques, que fue oficializada el pasado miércoles.
La protesta, convocada por Cartez, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, se llevó a cabo en la rotonda de acceso a Sinsacate, sobre la ruta 9 norte.
Los productores expresaron su preocupación porque muchos artículos no fueron reglamentados y resaltaron su preocupación por las autoridades de aplicación que establece la ley, ya que la Secretaría de Ambiente se convierte en la autoridad máxima.
Los ambientalistas esperan la resolución del planteo de inconstitucionalidad de la nueva ley que elevó la Universidad Nacional de Río Cuarto ante la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que la norma no llega a cumplir los requisitos mínimos de protección que exige la ley nacional a la que cada provincia debía adherir para aspirar a obtener recursos para proteger la vegetación restante.
Cuestionan la posibilidad de desmontar 100 hectáreas
Entre los puntos más criticados de la ley se encuentran la posibilidad de desmontar hasta 100 hectáreas de bosque nativo en predios con riego, por un lado, y la atribución para que sólo el secretario de Ambiente decida cuándo se realizan audiencias públicas, por el otro.
El titular de la Rural de Jesús María, Marcos McHardy, enfatizó que “finalmente la reglamentación de la ley no es tal cual como nos habían dicho. Se han suprimido varios artículos y hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta. Hay puntos muy oscuros en la reglamentación actual y no entiendo por qué no se tuvieron en cuenta nuestros pedidos, tal como sí lo habían hecho a la hora de sancionar la ley”.
Los ruralistas anunciaron que van a continuar con las medidas de protesta y se movilizarán el próximo 17.
La ley sancionada en la Legislatura en agosto pasado había conformado a los sectores rurales, pero fue muy cuestionada por las organizaciones ambientalistas y los sectores universitarios.
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