31 mar 2010

Buscan destrabar el conflicto de la basura

La Voz del Interior (31/03/2010)
Buscan destrabar el conflicto con vecinos de la zona sur



Autoridades municipales y vecinalistas se reunieron ayer para buscar una salida al enfrentamiento.
Autoridades municipales y dirigentes vecinalistas se reunieron ayer para intentar destrabar el conflicto por la radicación del nuevo enterramiento sanitario en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Además, la Justicia desestimó la medida cautelar que intentaba frenar la operación del relleno.
Dirigentes de los centros vecinales del sur que se oponen a la radicación del nuevo enterramiento sanitario en un predio ubicado sobre la ruta nacional 36, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad.
El objetivo del encuentro fue intentar destrabar el conflicto que amenaza con afectar la operación del relleno ubicado dentro del ejido de la ciudad. "Se están intentando acercar las partes. Ni los funcionarios ni los dirigentes vecinales queremos el conflicto social", afirmó Guillermo Molas y Molas, presidente del centro vecinal de barrio Inaudi.
Hasta anoche no se había alcanzado ningún acuerdo para permitir sin inconvenientes la operación. La reunión continuará hoy a las 9 en el Inadi y, según trascendidos, asistirían autoridades provinciales que hasta ahora se habían mantenido al margen del conflicto. Los vecinos decidirán en asamblea si aceptan el diálogo.
Desde Crese, la empresa municipal que tiene a cargo la gestión del enterramiento, se informó que para el jueves está previsto reforzar la seguridad puertas adentro del predio.
No obstante, aclararon que no habrá provocaciones y en caso de que se impida el ingreso de los camiones, estos volverán a la base ubicada en avenida de Circunvalación. Paso seguido, se pedirá intervención a la Justicia.
Vía libre judicial. El juzgado número 44, a cargo de Alicia Mira, rechazó ayer la medida cautelar presentada por los vecinos de la zona sur, que pedía la suspensión de los trabajos de Crese en el predio elegido como el nuevo enterramiento sanitario de la ciudad.
La jueza consideró que el estudio ambiental presentado por la empresa municipal "cumple con las condiciones mínimas exigidas" por la ley, pese "a las observaciones apuntadas por la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Córdoba".
En el fallo se detalla que el estudio cumple "con la descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias con el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos".

En Bouwer esperan con ansiedad el cierre del relleno
Los habitantes de la localidad de Bouwer, ubicada 18 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, recibirán mañana el último camión con basura destinada al enterramiento sanitario que funcionó allí desde principios de la década de 1980.
El jefe comunal, Juan Lupi, comentó ayer que la sensación de ansiedad era común entre los vecinos del pueblo. “Es un sentimiento que hemos tenido desde hace varios años”, acotó Lupi.
La clausura del enterramiento, que recibe diariamente unas 2 mil toneladas de basura procedente de la Capital provincial y otras 16 localidades, se logró gracias a la lucha de los residentes del lugar.
En abril del año pasado, el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, prometió cerrar el enterramiento en 12 meses, plazo que vence mañana.
“Me siento bien porque la lucha comenzó hace más de cuatro años, y mañana se está cerrando. Y sino, tenía que seguir funcionando por cuatro o cinco años más”, agregó el jefe comunal.
En principio, los habitantes de Bouwer realizarían mañana un acto para celebrar la clausura del enterramiento.

Control ambiental
Universidad Católica de Córdoba. La casa de altos estudios informó que un grupo de investigadores realizará estudios de control para medir el impacto ambiental del nuevo enterramiento sanitario en la zona sur de la ciudad. Se medirán cuestiones relacionadas con el agua, el aire, la tierra, la biota y el impacto social. Los resultados estarán en seis meses.

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La Mañana de Córdoba (31/03/2010)
Justicia habilita el traslado de enterramiento

La jueza Alicia Mira rechazó el amparo interpuesto por vecinos del sector afirmando, entre otros conceptos, que en el conflicto debe prevalecer el interés general por el de particulares.
En lo que se refiere a la Justicia provincial, nada impedirá que desde mañana comience a enterrase la basura domiciliaria de la ciudad en el nuevo predio preparado por la empresa Crese, en el sur de la ciudad, pero dentro del ejido urbano de Córdoba.
Es que la Justicia volvió a rechazar una medida cautelar impulsada por vecinos de barrios del sur, principalmente de Nuestro Hogar III, cercanos al nuevo enterramiento sanitario. Con esto queda cerrado el camino judicial para los que se oponen al traslado.
No obstante, vecinos del sector han anticipado que impedirán el paso de camiones hacia el enterramiento desde la madrugada del 1 de abril. Si así ocurriera, lo coherente es que el fiscal de turno ese día actúe en consonancia con los dos fallos judiciales contrarios al amparo, despejando el acceso a la planta y al riesgo de que la ciudad sufra las consecuencias de paralizar la recolección domiciliaria.
El reclamo formal de los vecinos era que se impidiera la instalación del enterramiento hasta que un estudio de impacto ambiental determine que la habilitación del enterramiento no acarreará problemas sanitarios a los asentamientos cercanos. Dos dictámenes críticos de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba avalaban las dos presentaciones que se han realizado a la Justicia.
El contenido real del planteo es, en cambio, que nadie quiere un basural cerca de su casa que, además de eventuales problemas sanitarios, radia hacia todo su entorno en forma negativa hasta en términos inmobiliarios.
Por otra parte, enterrar los desperdicios que producen 1,5 millones de cordobeses no puede ser nunca de impacto ambiental neutro, pero tiene una lógica sencilla y certera la decisión de enterrar la basura en el mismo ejido de los que la producen. Es decir, no enterrarla más en Bouwer.
Algo de esto está en el fallo de ayer del Juzgado Civil 44, conducido por Alicia Mira. Es que la jueza considera que el estudio de impacto presentado por Crese “cumple con las condiciones mínimas” que estipula la legislación vigente en la materia (Ley Nacional 25.675).
En los considerandos de la medida, la jueza Mira afirma que en el conflicto por el traslado del enterramiento “se encuentra en pugna el interés de los particulares domiciliados en cercanías del predio en cuestión y la prestación de un servicio público esencial, como es la recolección y tratamiento de residuos sólidos domiciliarios”.
Es decir, la jueza priorizó el interés público que encierra la habilitación del nuevo predio, por sobre los intereses particulares de los amparistas.
Por otra parte, la jueza señala que el planteo de los amparistas tiende a formular reproches al estudio de impacto ambiental realizado, más que a demostrar “la existencia cierta de daño grave e irreparable, no resultando contundente en tal sentido”.
Cerrando su dictamen, la jueza sostiene, con otras palabras, que no hay soluciones ideales sino posibles a los problemas, y advierte sobre la necesidad de extremar precauciones para limitar la intromisión de la Justicia sobre otros poderes del Estado.

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Día a Día (31/03/2010)
Desamparo vecinal contra el basural

La Justicia rechazó el amparo de los vecinos, al considerar que se trata de “intereses particulares”.
Alivio, tranquilidad y tal vez algún puño cerrado de festejo. Así se vivió ayer en la Municipalidad y en la empresa estatal Crese el espaldarazo, al menos provisorio, que le dio la Justicia de Córdoba al rechazar la medida cautelar que habían pedido los vecinos de la zona sur para que no se pusiera en marcha el nuevo enterramiento sanitario en el predio de la ruta 36.
La resolución de la magistrada Alicia Mira, del Juzgado Civil Nº44 de la ciudad, resolvió no hacer lugar a la medida de no innovar “en esta instancia inicial del proceso”. ¿Qué significa esto? Que la inauguración del predio no se detiene como lo pedían los vecinos, aunque todavía reste resolver la cuestión de fondo.
En su resolución de cuatro fojas, la jueza consideró que “toda intervención del hombre, debe considerarse como impacto ambiental, que puede ocasionar modificación positiva o negativa”, e incluye dentro de ello al enterramiento sanitario que está en discusión. Mira avanzó en su sentencia señalando que en este caso particular “se encuentra en pugna el interés de los particulares domiciliados en las cercanías del predio”, por un lado, mientras en el otro extremo ubicó a “la prestación de un servicio público esencial, como es la recolección y tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios”.
Con ello, Mira identificó la contradicción “entre el principio precautorio de conservación del ambiente, y la prestación del servicio de tratamiento de residuos urbanos”. Por eso, se detuvo a señalar que “los principios ambientales en juego son los de toda la población, no solamente los del grupo de actores”.
Mal de pocos, mal de muchos. No sin algún grado de polémica, la magistrada avanzó en la gestación de su decisión, al considerar que “si se hiciera lugar a la medida cautelar de no innovar, las consecuencias serían más gravosas para todos los habitantes de la ciudad de Córdoba, ya que la imposibilidad de continuar con el depósito de los residuos en Bouwer, y al no disponerse de un lugar para el enterramiento de la basura, acarrearía consecuencias generales de suma gravedad”. Dicho en otros términos, mejor mal de unos pocos, que mal de muchos.
Por eso, la jueza no dudó en concluir que “no habiéndose acreditado la existencia misma del daño, que éste sea grave e irreversible, el principio precautorio no resulta operativo”.
Patear la pelota. Naturalmente, la decisión judicial no cayó bien entre los vecinos de la zona sur, quienes en la jornada de hoy decidirán los pasos a seguir.
Guillermo Molas y Molas, presidente del Centro Vecinal de barrio Inaudi, remarcó que “la jueza sólo tiró la pelota para adelante”, insistiendo en que se rechazó la medida cautelar, pero no la cuestión de fondo. “Esta decisión judicial autoriza a Crese a seguir trabajando, pero también convalida el amparo, lo que significa que tiene elementos suficientes para seguir investigando”, señaló el dirigente barrial.
En una lectura del fallo, el vecinalista entendió que la jueza “eligió el mal menor porque sabía que la Municipalidad no tiene tiempo para buscar un nuevo predio”. Si bien no anticipó las medidas a seguir, no descartó la posibilidad de que se hagan bloqueos o protestas en la ruta 36. “Lo vamos a resolver en asamblea de vecinos mañana a la siesta (por hoy)”, dijo Molas y Molas, admitiendo que “la presión de las bases es muy fuerte”.

Proponen que se de garantía escrita
Mientras la situación se tensa y los plazos se acortan, desde el Concejo Deliberante quieren intervenir para procurar evitar que se llegue a situaciones dramáticas, como podría ser un corte de ruta con suspensión del servicio.
Esa es la lectura que trazó la edil Mónica Cid, del Frente Progresista, quien consideró que “no se han hecho todos los esfuerzos para comunicar el proyecto y llevar la tranquilidad necesaria a la población”.
Convencida de que “las cosas se están haciendo bien en lo que hace al enterramiento”, Cid reconoció su preocupación “por la alteración de la paz social” y, justamente para destrabar esa situación de incertidumbre, propuso que tanto la empresa Crese, como la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, le otorguen una “garantía escrita” a los vecinos, para comprometerse fehacientemente con la promesa de no contaminar. “Entendemos que esta garantía sólo tendrá valor en tanto y en cuanto la misma se exprese por escrito, manifestando las condiciones y el plazo perentorio de funcionamiento del predio destinado al enterramiento”, dijo la concejala. Cid también sostuvo que “debe constar que se dará participación a los vecinos, respecto al monitoreo de las condiciones ambientales”.
“Si el proyecto está bien hecho, y creo que es así, entonces no hay nada que ocultar”, dice Cid, considerando que se debe llevar tranquilidad a los vecinos. Por eso, interpretó que las autoridades están equivocando el camino al no insistir con ese punto. “No puede ser que a un bloqueo se lo saque con una medida judicial”, señaló.

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