27 sept 2008
El sustento del desarrollo
2:54 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (27/09/2008)
El sustento del desarrollo
Las organizaciones ambientalistas nos han ido advirtiendo sobre desastres ecológicos que se procesan lejos de nuestra mirada. La minería resulta emblemática: nuestro país, con el 75 por ciento de su área sin explorar, aparece ante el mundo como una gran oportunidad.
La relación entre las razones económicas y la defensa del medio ambiente se impone como debate en el mundo entero. Nada mide mejor el desarrollo democrático de una sociedad que la manera en que se resuelve esa tensión. En tanto, en los países más ricos del planeta, la voz de los ambientalistas y la participación ciudadana obligaron a los gobernantes a reglamentar las actividades productivas que ponen en riesgo el agua, el aire, los bosques y las montañas, entre nosotros todavía se registran los enfrentamientos entre aquellos vecinos que reclaman contra la contaminación y los trabajadores que viven esas protestas como amenazas a su trabajo. Sin la conciencia de que ambos, vecinos y operarios, están sometidos a la misma contaminación y de que la exigencia de una industria limpia no es razón para inhibir el crecimiento económico. Una tensión que las naciones más ricas del planeta zanjaron con un concepto surgido en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro: el desarrollo sustentable.
Aquel encuentro, la mayor reunión planetaria de la historia, no sólo congregó a todos los gobernantes del mundo, sino que también nos anticipó una amenaza: las guerras futuras serán por el agua.
Corría 1992 y los periodistas extranjeros se hacían un festín con la secretaria de Medio Ambiente de nuestro país, María Julia Alsogaray, quien había posado casi desnuda debajo de un tapado de piel, pero a tono con el espíritu que se vivía en el país, como promesa de ingreso al Primer Mundo, propició toda una legislación que antepuso las razones del dinero a los intereses de todos: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los bosques que inhiben la desertización. Ya se sabe: la ignorancia y la desinformación son las que nos tornan más vulnerables frente a la extorsión del despegue económico o la desprotección de un Estado cuya función es, precisamente, armonizar las desigualdades.
Con todo, la idea de que el desarrollo no debe hacerse a expensas de los recursos ambientales fue consagrada por la reforma de la Constitución de 1994, que al incorporar a través de los Tratados Internacionales una legislación que hizo de los derechos ambientales derechos humanos de tercera generación, nos obligó a todos a ser responsables del medio ambiente. Tanto por nosotros mismos como por las generaciones venideras. Un concepto que mal se entiende en estos tiempos del “aquí y ahora”, cuando confundimos “modernidad” con “consumo”, sin reconocer que lo que torna efectivamente moderna a una sociedad es la forma como resuelve sus problemas colectivos. Vivimos como novedad las prácticas que otros países tiraron a la basura por dañinas y aún suena irreal formular principios que el mundo consagró más de 30 años atrás, en Estocolmo, en 1972: “Toda persona, de acuerdo a la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar individual y colectivamente en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente...”.
Esta participación ciudadana, como un contrapoder cívico, fue la que obligó a las sociedades más desarrolladas a adaptar sus industrias a las nuevas exigencias ambientales. Una lección que debemos aprender. Con nuestra conciencia ambiental en formación es precisamente esa ausencia de un contrapoder cívico la que propicia que las grandes corporaciones relajen en nuestro país las exigencias que les imponen en otros países.
Transparentar lo oculto
A la par, son precisamente las organizaciones ambientalistas las que nos han ido advirtiendo sobre los desastres ecológicos que se procesan lejos de nuestra mirada. Y la minería resulta emblemática: nuestro país, con el 75 por ciento de su área sin explorar, aparece ante el mundo como una gran oportunidad por su potencial minero.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación demuestran que desde 2003 las inversiones en el sector crecieron un 500 por ciento, aumentó el empleo un 154 por ciento, lo mismo que las exportaciones. En ese mismo lapso aumentó un 400 por ciento la cantidad de proyectos de explotación minera. Con altos salarios, la actividad emplea 37 mil personas de manera directa y otras 100 mil de forma indirecta.
La dimensión de las cifras impone por sí mismas el concepto que debemos reforzar: reclamar por el medio ambiente no significa oponerse a la actividad que tiene a Córdoba en un sitial de importancia sino que, efectivamente, que su desarrollo sea sustentable, ya que como advierten muchos ambientalistas, la extracción minera, tal como se realiza en Argentina, es inversamente proporcional al desarrollo sustentable: extraen la mayor cantidad de minerales en el menor tiempo posible, sin tener en cuenta la protección del medio ambiente.
De eso se trata. De transparentar lo que siempre fue oculto y de que la dimensión de los negocios, en nombre de las urgencias, no inhiba el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones. Y para eso, se debe garantizar otro derecho intrínseco a las cuestiones ambientales: la información veraz sobre los recursos naturales, que son de todos.
Norma Morandini
Diputada nacional por Córdoba. Bloque Memoria y Democracia
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El sustento del desarrollo
Las organizaciones ambientalistas nos han ido advirtiendo sobre desastres ecológicos que se procesan lejos de nuestra mirada. La minería resulta emblemática: nuestro país, con el 75 por ciento de su área sin explorar, aparece ante el mundo como una gran oportunidad.
La relación entre las razones económicas y la defensa del medio ambiente se impone como debate en el mundo entero. Nada mide mejor el desarrollo democrático de una sociedad que la manera en que se resuelve esa tensión. En tanto, en los países más ricos del planeta, la voz de los ambientalistas y la participación ciudadana obligaron a los gobernantes a reglamentar las actividades productivas que ponen en riesgo el agua, el aire, los bosques y las montañas, entre nosotros todavía se registran los enfrentamientos entre aquellos vecinos que reclaman contra la contaminación y los trabajadores que viven esas protestas como amenazas a su trabajo. Sin la conciencia de que ambos, vecinos y operarios, están sometidos a la misma contaminación y de que la exigencia de una industria limpia no es razón para inhibir el crecimiento económico. Una tensión que las naciones más ricas del planeta zanjaron con un concepto surgido en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro: el desarrollo sustentable.
Aquel encuentro, la mayor reunión planetaria de la historia, no sólo congregó a todos los gobernantes del mundo, sino que también nos anticipó una amenaza: las guerras futuras serán por el agua.
Corría 1992 y los periodistas extranjeros se hacían un festín con la secretaria de Medio Ambiente de nuestro país, María Julia Alsogaray, quien había posado casi desnuda debajo de un tapado de piel, pero a tono con el espíritu que se vivía en el país, como promesa de ingreso al Primer Mundo, propició toda una legislación que antepuso las razones del dinero a los intereses de todos: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los bosques que inhiben la desertización. Ya se sabe: la ignorancia y la desinformación son las que nos tornan más vulnerables frente a la extorsión del despegue económico o la desprotección de un Estado cuya función es, precisamente, armonizar las desigualdades.
Con todo, la idea de que el desarrollo no debe hacerse a expensas de los recursos ambientales fue consagrada por la reforma de la Constitución de 1994, que al incorporar a través de los Tratados Internacionales una legislación que hizo de los derechos ambientales derechos humanos de tercera generación, nos obligó a todos a ser responsables del medio ambiente. Tanto por nosotros mismos como por las generaciones venideras. Un concepto que mal se entiende en estos tiempos del “aquí y ahora”, cuando confundimos “modernidad” con “consumo”, sin reconocer que lo que torna efectivamente moderna a una sociedad es la forma como resuelve sus problemas colectivos. Vivimos como novedad las prácticas que otros países tiraron a la basura por dañinas y aún suena irreal formular principios que el mundo consagró más de 30 años atrás, en Estocolmo, en 1972: “Toda persona, de acuerdo a la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar individual y colectivamente en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente...”.
Esta participación ciudadana, como un contrapoder cívico, fue la que obligó a las sociedades más desarrolladas a adaptar sus industrias a las nuevas exigencias ambientales. Una lección que debemos aprender. Con nuestra conciencia ambiental en formación es precisamente esa ausencia de un contrapoder cívico la que propicia que las grandes corporaciones relajen en nuestro país las exigencias que les imponen en otros países.
Transparentar lo oculto
A la par, son precisamente las organizaciones ambientalistas las que nos han ido advirtiendo sobre los desastres ecológicos que se procesan lejos de nuestra mirada. Y la minería resulta emblemática: nuestro país, con el 75 por ciento de su área sin explorar, aparece ante el mundo como una gran oportunidad por su potencial minero.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación demuestran que desde 2003 las inversiones en el sector crecieron un 500 por ciento, aumentó el empleo un 154 por ciento, lo mismo que las exportaciones. En ese mismo lapso aumentó un 400 por ciento la cantidad de proyectos de explotación minera. Con altos salarios, la actividad emplea 37 mil personas de manera directa y otras 100 mil de forma indirecta.
La dimensión de las cifras impone por sí mismas el concepto que debemos reforzar: reclamar por el medio ambiente no significa oponerse a la actividad que tiene a Córdoba en un sitial de importancia sino que, efectivamente, que su desarrollo sea sustentable, ya que como advierten muchos ambientalistas, la extracción minera, tal como se realiza en Argentina, es inversamente proporcional al desarrollo sustentable: extraen la mayor cantidad de minerales en el menor tiempo posible, sin tener en cuenta la protección del medio ambiente.
De eso se trata. De transparentar lo que siempre fue oculto y de que la dimensión de los negocios, en nombre de las urgencias, no inhiba el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones. Y para eso, se debe garantizar otro derecho intrínseco a las cuestiones ambientales: la información veraz sobre los recursos naturales, que son de todos.
Norma Morandini
Diputada nacional por Córdoba. Bloque Memoria y Democracia
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