20 nov 2007

Juicio a campesinos

La Voz del Interior (20/11/2007)
Comenzó el juicio a un cura, tres campesinos y siete activistas

Cruz del Eje. Ayer, en la sala de audiencias de la Cámara Criminal y Correccional de esta ciudad, comenzó el juicio contra 11 personas, entre ellas el cura párroco de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, imputadas por daño calificado y acusadas de cortar alambrados y destruir postes de las tierras de las que asegura ser propietario Ramón Mazzeo.
Los hechos se desencadenaron el 5 de febrero de 2005, en el paraje Cañada Larga, a la vera del camino que conduce a Agua de Ramón, a cinco kilómetros de la comuna de Tuclame. Se trata del campo El Barrayaco, parte sur de la estancia El Chañar, en la pedanía Pichanas, ocupados en parte por poseedores ancestrales.
El tribunal estuvo integrado por Clara Luna de Manzano (presidenta) y los vocales Nancy Ruth Menehem y Ángel Andreu. Actuó como fiscal de Cámara Haydeé Gersicich.
La sala se vio colmada y, a las puertas de la sede judicial, un nutrido grupo de miembros de la Asociación de Productores del Noroeste Cordobés (Apenoc), aguardaba los resultados. No se registraron incidentes.
La identificación de cada uno de los imputados por parte de los camaristas, develó que sólo tres de ellos ostentarían derechos posesorios sobre 1.039 hectáreas, de las 1.993 que dice haber adquirido el querellante. De esta forma, quedó esclarecido que Carlos Nicolás Loyola, Juan Carlos Loyola y Ceferino Darío Romero, efectivamente habitan los predios a través de generaciones.
El resto de los ocho imputados reconocieron no habitar en el lugar y ser miembros de Apenoc: Juan Medardo Allende, Lorena del Valle Capdevila, Juan Camilo Herrero, Juan Ramón Maldonado, Dominga del Carmen Mercado, Ceferino Darío Romero, Carlos Hugo Sánchez, María Cecilia Suau y Javier Scheibengraf.
En paralelo, se prestaron a declarar los imputados Herrero, Allende y Maldonado, quienes negaron haber estado en el lugar de los hechos, por distintas circunstancias que alegaron.
Esta primera audiencia, arrojó a todas las luces un empate técnico en los estrados. Por una parte, el abogado querellante, Pablo Olmos, logró exhibir que la mayoría de los imputados no son poseedores de tierras en el lugar. Por otra, los letrados Ramiro Fresneda y Mariana Romano, defensores de los imputados, desbarataron un intento por cambiar carátula. Hoy, se instrumentará una inspección judicial al lugar de los hechos.

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