5 ago 2007
10 claves del tema ambiental
10:23 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (05/08/2007)
10 claves para mirar hacia adelante el tema ambiental
Tras ocho días de clausura, Petroquímica Río Tercero reanudó ayer su actividad productiva, luego de firmar un acta acuerdo con el municipio comprometiéndose a ciertas mejoras inmediatas y otras en el corto plazo en su planta industrial.
Aunque las emanaciones de químicos han sido habituales en la ciudad, los últimos episodios –fundamentalmente por la existencia por primera vez en su historia de dos muertos por un escape– generaron una reacción en la comunidad y una repercusión en el país inéditas. Esa nueva situación parece reabrir la posibilidad de un debate que Río Tercero se debe, en torno a la relación municipio, sociedad e industrias químicas.
Algunos aspectos a revisar, con sentido racional y productivo, entre varios otros posibles, aparecen ahora en escena.
1. ¿Salir del paso o compromiso continuo? El acta firmada entre la Municipalidad y Petroquímica parece un paso adelante, pero demuestra que había cosas por mejorar en materia de seguridad, que ahora se exigirán. Debió pasar un accidente fatal y un escape con una repercusión inusual para que una empresa admita dar estos pasos y el municipio exigirlos. El tiempo deberá demostrar si las medidas adoptadas fueron sólo para salir del atolladero, ante la presión existente, o si tendrán continuidad en el tiempo. La experiencia histórica indica que las reacciones sociales y oficiales de control se desvanecen cuando no hay incidentes que sean motivo de reclamo.
2. Faltan auditorías completas. A la planta clausurada, se le hizo una revisión de emergencia mediante una empresa consultora contratada por el municipio. Queda el compromiso de avanzar en verdaderas auditorías, independientes y periódicas. Nunca existió un plan de auditorías anuales, por ejemplo, y que involucre a todas las industrias. Un caso especial es el de Fábrica Militar, que es la planta que menos inversiones tuvo en la última década. El municipio advirtió en los últimos años al Estado nacional sobre los riesgos que eso implicaba. Ahora se espera que el Estado cumpla un plan de inversiones que anunció, en materia de seguridad y ambiente, para el bienio 2007–2008.
3. La ausencia de la Provincia y de la Nación. Resultó llamativa y preocupante la ausencia que en los últimos episodios tuvo la Agencia Córdoba Ambiente, como si no tuviera rol alguno que cumplir. Esa ausencia, respecto del control de las industrias químicas riotercerenses, es histórico. Con un municipio que no está en condiciones operativas, técnicas y económicas de controlar a semejantes empresas, el área provincial debiera aparecer en escena. Tampoco se dejó ver una sola reacción de la Secretaría de Ambiente de la Nación. ¿Para qué están los organismos nacionales y provinciales en materia ambiental?, ¿qué podrían aportar de ahora en adelante?
4. La insuficiencia del municipio. Si estaba claro desde siempre, ahora se hizo aun más evidente que el municipio no tiene capacidad de control en este rubro. Le falta equipamiento, recursos, poder político pero también le falta funcionarios con suficiente capacidad técnica para poder discutir con las empresas. Admitiendo esto, ahora se evalúa un asesoramiento externo permanente, a través de una consultora contratada con ese fin. ¿Alcanzará esa salida?
5. El rol de los gremios. Ante cada incidente, es el personal de las propias empresas químicas el que corre más riesgos y el primero que se entera de cada episodio. Muchos se preguntan hoy si los gremios relacionados con la actividad (químicos, Uocra, ATE) han sostenido como un reclamo central el de la seguridad, más allá de las reacciones ante hechos consumados. La sociedad los ha visto más enfrascados en disputas por salarios y fuentes de empleo que por las cuestiones ligadas a la seguridad. ¿Cambiará algo a partir de ahora?
6. El sistema de salud ante emergencias químicas. Tras lo ocurrido, la pregunta repiquetea: ¿están los médicos y clínicas de la ciudad preparados y entrenados para estos casos? Si hubo alguna vez un protocolo de cómo actuar, ¿se mantiene vigente y están todos al tanto?, ¿se avanzó en los últimos años en capacitación y equipamiento específico en este rubro? Otro punto clave, a la luz de lo ocurrido con los dos fallecidos en el accidente del 12 de junio, es cómo se atienden dentro de las mismas empresas químicas las emergencias ante incidentes. ¿Quién regula y quién controla eso?
7. La planificación urbana, siempre inexistente. Resultaría innecesario recordar los errores históricos por falta de planeamiento urbano que generaron que las industrias químicas quedaran río arriba de la ciudad y que luego se permitieran loteos pegados al polo fabril. Pero hace tiempo que la ciudad se debe una política de planificación que, aunque tardía, evite al menos seguir profundizando los problemas. ¿Se deben permitir más loteos en ciertos sectores?, ¿se debe promover que algunos barrios ya no sumen más habitantes?, ¿sería correcto o no que si hay nuevas inversiones químicas sean en el mismo polo fabril actual? Se trata de cuestiones que deben analizarse con especialistas y en profundidad, abordando todas sus eventuales consecuencias. Pueden aparece propuestas irrealizables y discutibles. Pero mientras, pasan los años y se sigue improvisando en materia de desarrollo urbano.
8. Lo que falta del plan Apell. Ya se ha dicho en estas páginas: casi nadie en Río Tercero sabría hoy qué hacer ante una emergencia química que involucre a la zona urbana. Al Plan Apell lanzado hace más de una década le falta una pata esencial: que llegue a la gente y que ésta lo asuma. Que hoy no ocurra no es sólo responsabilidad de municipio, instituciones y empresas, sino también de la propia sociedad que no se ha mostrado permeable ni interesada en aceptar que debe conocer más sobre los riesgos existentes. ¿Cambiará algo ahora?
El otro punto clave en el que el Plan Apell ha mostrado fallas es en el rol de las empresas de comunicar en forma urgente y fidedigna cada episodio. No puede ser la propia empresa la que por su cuenta evalúe si el incidente es grave o no y cómo y cuándo informarlo al municipio. Luego, tampoco parece aceitado el modo en que el municipio lo comunica a la sociedad.
9. El monitoreo que falta. Hace meses, municipio, empresas y Bomberos anunciaron un plan para dotar de sensores y cámaras de televisión que transmitan las 24 horas a un centro de vigilancia todo lo que sucede en las plantas químicas. Faltan los recursos para la compra de todo ese equipamiento necesario, y de otro propuesto, como una estación de monitoreo móvil. Es la oportunidad de rediscutir con más especialistas ese plan, para perfeccionarlo, pero sobre todo de apurar su aplicación.
10. Quién corre con los gastos. El gran dilema es que para buenos controles hacen falta inversiones. En los países avanzados, el criterio es que no debe ser un gasto para la comunidad sino que quien genera riesgos, paga los controles. Las empresas, en Río Tercero, han rechazado la creación de una tasa ambiental municipal con ese fin. Mientras, la estrategia de donaciones o aportes extraordinarios que hagan, según su voluntad, termina condicionando luego al poder municipal.
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10 claves para mirar hacia adelante el tema ambiental
Tras ocho días de clausura, Petroquímica Río Tercero reanudó ayer su actividad productiva, luego de firmar un acta acuerdo con el municipio comprometiéndose a ciertas mejoras inmediatas y otras en el corto plazo en su planta industrial.
Aunque las emanaciones de químicos han sido habituales en la ciudad, los últimos episodios –fundamentalmente por la existencia por primera vez en su historia de dos muertos por un escape– generaron una reacción en la comunidad y una repercusión en el país inéditas. Esa nueva situación parece reabrir la posibilidad de un debate que Río Tercero se debe, en torno a la relación municipio, sociedad e industrias químicas.
Algunos aspectos a revisar, con sentido racional y productivo, entre varios otros posibles, aparecen ahora en escena.
1. ¿Salir del paso o compromiso continuo? El acta firmada entre la Municipalidad y Petroquímica parece un paso adelante, pero demuestra que había cosas por mejorar en materia de seguridad, que ahora se exigirán. Debió pasar un accidente fatal y un escape con una repercusión inusual para que una empresa admita dar estos pasos y el municipio exigirlos. El tiempo deberá demostrar si las medidas adoptadas fueron sólo para salir del atolladero, ante la presión existente, o si tendrán continuidad en el tiempo. La experiencia histórica indica que las reacciones sociales y oficiales de control se desvanecen cuando no hay incidentes que sean motivo de reclamo.
2. Faltan auditorías completas. A la planta clausurada, se le hizo una revisión de emergencia mediante una empresa consultora contratada por el municipio. Queda el compromiso de avanzar en verdaderas auditorías, independientes y periódicas. Nunca existió un plan de auditorías anuales, por ejemplo, y que involucre a todas las industrias. Un caso especial es el de Fábrica Militar, que es la planta que menos inversiones tuvo en la última década. El municipio advirtió en los últimos años al Estado nacional sobre los riesgos que eso implicaba. Ahora se espera que el Estado cumpla un plan de inversiones que anunció, en materia de seguridad y ambiente, para el bienio 2007–2008.
3. La ausencia de la Provincia y de la Nación. Resultó llamativa y preocupante la ausencia que en los últimos episodios tuvo la Agencia Córdoba Ambiente, como si no tuviera rol alguno que cumplir. Esa ausencia, respecto del control de las industrias químicas riotercerenses, es histórico. Con un municipio que no está en condiciones operativas, técnicas y económicas de controlar a semejantes empresas, el área provincial debiera aparecer en escena. Tampoco se dejó ver una sola reacción de la Secretaría de Ambiente de la Nación. ¿Para qué están los organismos nacionales y provinciales en materia ambiental?, ¿qué podrían aportar de ahora en adelante?
4. La insuficiencia del municipio. Si estaba claro desde siempre, ahora se hizo aun más evidente que el municipio no tiene capacidad de control en este rubro. Le falta equipamiento, recursos, poder político pero también le falta funcionarios con suficiente capacidad técnica para poder discutir con las empresas. Admitiendo esto, ahora se evalúa un asesoramiento externo permanente, a través de una consultora contratada con ese fin. ¿Alcanzará esa salida?
5. El rol de los gremios. Ante cada incidente, es el personal de las propias empresas químicas el que corre más riesgos y el primero que se entera de cada episodio. Muchos se preguntan hoy si los gremios relacionados con la actividad (químicos, Uocra, ATE) han sostenido como un reclamo central el de la seguridad, más allá de las reacciones ante hechos consumados. La sociedad los ha visto más enfrascados en disputas por salarios y fuentes de empleo que por las cuestiones ligadas a la seguridad. ¿Cambiará algo a partir de ahora?
6. El sistema de salud ante emergencias químicas. Tras lo ocurrido, la pregunta repiquetea: ¿están los médicos y clínicas de la ciudad preparados y entrenados para estos casos? Si hubo alguna vez un protocolo de cómo actuar, ¿se mantiene vigente y están todos al tanto?, ¿se avanzó en los últimos años en capacitación y equipamiento específico en este rubro? Otro punto clave, a la luz de lo ocurrido con los dos fallecidos en el accidente del 12 de junio, es cómo se atienden dentro de las mismas empresas químicas las emergencias ante incidentes. ¿Quién regula y quién controla eso?
7. La planificación urbana, siempre inexistente. Resultaría innecesario recordar los errores históricos por falta de planeamiento urbano que generaron que las industrias químicas quedaran río arriba de la ciudad y que luego se permitieran loteos pegados al polo fabril. Pero hace tiempo que la ciudad se debe una política de planificación que, aunque tardía, evite al menos seguir profundizando los problemas. ¿Se deben permitir más loteos en ciertos sectores?, ¿se debe promover que algunos barrios ya no sumen más habitantes?, ¿sería correcto o no que si hay nuevas inversiones químicas sean en el mismo polo fabril actual? Se trata de cuestiones que deben analizarse con especialistas y en profundidad, abordando todas sus eventuales consecuencias. Pueden aparece propuestas irrealizables y discutibles. Pero mientras, pasan los años y se sigue improvisando en materia de desarrollo urbano.
8. Lo que falta del plan Apell. Ya se ha dicho en estas páginas: casi nadie en Río Tercero sabría hoy qué hacer ante una emergencia química que involucre a la zona urbana. Al Plan Apell lanzado hace más de una década le falta una pata esencial: que llegue a la gente y que ésta lo asuma. Que hoy no ocurra no es sólo responsabilidad de municipio, instituciones y empresas, sino también de la propia sociedad que no se ha mostrado permeable ni interesada en aceptar que debe conocer más sobre los riesgos existentes. ¿Cambiará algo ahora?
El otro punto clave en el que el Plan Apell ha mostrado fallas es en el rol de las empresas de comunicar en forma urgente y fidedigna cada episodio. No puede ser la propia empresa la que por su cuenta evalúe si el incidente es grave o no y cómo y cuándo informarlo al municipio. Luego, tampoco parece aceitado el modo en que el municipio lo comunica a la sociedad.
9. El monitoreo que falta. Hace meses, municipio, empresas y Bomberos anunciaron un plan para dotar de sensores y cámaras de televisión que transmitan las 24 horas a un centro de vigilancia todo lo que sucede en las plantas químicas. Faltan los recursos para la compra de todo ese equipamiento necesario, y de otro propuesto, como una estación de monitoreo móvil. Es la oportunidad de rediscutir con más especialistas ese plan, para perfeccionarlo, pero sobre todo de apurar su aplicación.
10. Quién corre con los gastos. El gran dilema es que para buenos controles hacen falta inversiones. En los países avanzados, el criterio es que no debe ser un gasto para la comunidad sino que quien genera riesgos, paga los controles. Las empresas, en Río Tercero, han rechazado la creación de una tasa ambiental municipal con ese fin. Mientras, la estrategia de donaciones o aportes extraordinarios que hagan, según su voluntad, termina condicionando luego al poder municipal.
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