18 ago 2006

Fundamentos jurídicos

La Voz de San Justo (18/08/2006)
Agroquímicos: brindan fundamentos jurídicos para zona de exclusión

El asesor legal del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Pablo Ibáñez se mostró a favor de la implementación de la ordenanza, actualmente en análisis en el Concejo Deliberante, que establece un radio de 500 metros a partir del límite de nuestra ciudad para prohibir en el mismo la aplicación de agroquímicos. En el marco de una reunión que mantuvo con concejales, Ibáñez explicó ayer su postura fundada en un dictamen técnico jurídico.
El asesor ambientalista aseguró a LA VOZ DE SAN JUSTO que "hemos dado argumentos jurídicos que demuestran que no hay obstáculos para que el Concejo Deliberante apruebe ese proyecto de ordenanza. Desde el Cedha se ve como "algo completamente positivo y necesario" la implementación de la zona de exclusión de 500 metros en la cual se prohíbe la utilización de agroquímicos y fundó esta afirmación en el hecho de que "San Francisco está en una posición ideal para hacerlo".
Al hacer referencia a una de las argumentaciones de los productores agropecuarios que se oponen a la zona de exclusión señalando que la ordenanza no es necesaria porque el tema está reglado en la ley provincial respectiva, Ibáñez reconoció que "nuestro dictamen jurídico giró muchísimo en torno a eso", sin embargo luego dijo que "a diferencia de otros constitucionalistas que opinaban que la Ley Provincial de Agroquímicos es inconstitucional porque de alguna manera impone la obligación a los municipios de adherirla, pensamos particularmente que lo que la Ley Provincial de Agroquímicos le ha dicho a los municipios es que están obligados a respetar esos mínimos estándares de protección, pero no significa que no puedan avanzar en protección". "Nosotros creemos que no hay contradicción entre la Ley Provincial de Agroquímicos y el proyecto de ordenanza, porque lo que haría el Concejo Deliberante sería avanzar un poquito más allá en la protección que además está obligado a brindar conforme a la Ley General de Ambiente", agregó.

"El interés privado de los productores tiene que ceder"
"Está claro que los productores no van a estar de acuerdo con este proyecto -advirtió-, pero desde el punto de vista jurídico tenemos dos derechos: el de la propiedad y el de todos los habitantes de gozar de un medio ambiente sano y en medio de ellos hay otros como la salud y la vida. Como el Estado tiene que proteger el interés público, el interés privado de los productores tiene que ceder, es decir que si el acto administrativo de la municipalidad está realizado conforme a derecho, no tendrían los productores ninguna clase de reclamo que hacer".

Antecedentes: Mendiolaza
Por último, se mostró confiado en que en el caso de San Francisco no habrá mayores inconvenientes respecto de la aplicación de esta ordenanza debido a que la misma está apoyada en antecedentes jurídicos originados en una presentación similar realizada en Mendiolaza.
"El conflicto (entre vecinos y productores agropecuarios) en Mendiolaza terminó en la Justicia que no hizo otra cosa que convalidar la ordenanza, en primer lugar manifestando que los municipios son plenamente autónomos para establecer estas normativas y en segundo lugar no habría daño en la propiedad en tanto y en cuanto se respeten los períodos de una siembra. Este tema terminó con una ordenanza firme, que nadie cuestiona y los productores no hicieron juicios por daños a la propiedad y seguramente estarán tratando de encontrarle el destino correcto a esa propiedad".

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